los difíciles equilibrios del Pnv
Bizkaia acusa a algunos miembros de la 'trama De Miguel' mientras el partido se vuelca en intentar minimizar daños
El juicio contra la presunta trama corrupta del ex 'número dos' del PNV alavés, Alfredo De Miguel, que sienta en el banquillo de los acusados a 26 personas, la mayoría exburukides, antiguos cargos públicos y militantes peneuvistas, sigue obligando al primer partido vasco a un difícil juego de equilibrios.
Desde que estalló el mayor caso de corrupción que jamás se haya investigado en Euskadi, allá por el mes de marzo de 2010, el partido que hoy preside Andoni Ortuzar ha jugado, como en tantas otras ocasiones, con casi todas las cartas de la baraja. Siempre con un objetivo: que el escándalo manche lo menos posible al PNV.
En un momento en el que los dos grandes partidos de ámbito estatal aún mostraban una enorme manga ancha ante las denuncias de corruptelas que afectaban a los suyos, Sabin Etxea se mostró contundente con los acusados. Les forzó a dimitir de inmediato de sus cargos y exigió a los detenidos más relevantes que devolvieran el carné de militante.
De Miguel y los suyos, alineados con el sector más soberanista de la organización que lidera Joseba Egibar, se negaron. Tardaron semanas en transigir. Y sólo lo hicieron tras un cara a cara entre el presunto líder de la trama y el sempiterno presidente de la regional guipuzcoana. De Miguel y sus compañeros aseguraron entonces que ellos ya habían cumplido con el partido, que ahora le tocaba al partido hacerlo con ellos.
A partir de aquel instante, la actitud peneuvista se fue volviendo más y más comprensiva con los encausados. De la exigencia se pasó a una creciente comprensión. Y de esa comprensión a la crítica directa contra la Justicia, en especial contra el fiscal jefe de Álava. Unas veces por su supuesta lentitud en completar el esclarecimiento de la compleja trama. Otras para intentar restar importancia a la magnitud de las corruptelas del grupo en comparación con otros casos que se han destapado en España.
Supongo que De Miguel y los suyos se habrán sentido bastante arropados, en general, por el comportamiento –incluidos abrazos y ovaciones– y las declaraciones de sus excompañeros de militancia. Y cabe subrayar lo de 'en general' porque una institución que controla el PNV, la segunda en importancia en Euskadi, la Diputación de Bizkaia, no ha dudado en pedir penas de cárcel para dos de los más estrechos colaboradores de De Miguel.
La Hacienda vizcaína acusa de fraude fiscal a los máximos responsables de Sidepur, Iosu Arruti padre e hijo, la firma que el exburukide alavés y los suyos usaron para cobrar hasta tres millones de euros en comisiones de un grupo inversor catalán captado para una macrooperación inmobiliaria en la pequeña localidad alavesa de Zambrana, próxima a Miranda de Ebro. El 'superpelotazo', que iba a alcanzar los 65 millones de euros, no calderilla como a veces han sugerido importantes burukides, se fue al traste cuando Patxi López (PSE) accedió a la Lehendakaritza.
La denuncia centró la sesión de ayer del juicio, que se prolonga ya desde hace seis meses, en la Audiencia de Álava. La Diputación reclama para los amigos de De Miguel penas de entre dos y cuatro años de cárcel y medio millón de euros de multa.
El juicio no terminará hasta avanzado el otoño. La sentencia podría llegar en puertas de las municipales y forales de mayo de 2019.
