Diez juristas analizan el estado de la Justicia en España

La sentencia sobre las hipotecas, además, llegaba horas después de que otro de los «buques insignia» de la Justicia española recibiese otro cañonazo en la línea de flotación. El disparo procedía de donde más duele. Del corazón de Europa, del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La Corte establecía que Arnaldo Otegi no tuvo un «juicio justo» por el 'caso Bateragune' que se desarrolló en la Audiencia Nacional en 2010 al considerar que la magistrada que presidía aquel tribunal, Ángela Murillo, «no fue imparcial».

En apenas diez horas, dos de las principales instituciones judiciales españolas, a las que en teoría llegan los jueces más preparados, sufrían un revolcón cuyos daños se van a prolongar en el tiempo.

Porque, además, el golpe procedente de Estrasburgo contiene un añadido. A poco más de dos meses para que arranque el juicio por el 'procés', ha dado argumentos a los soberanistas catalanes para dibujar la imagen de una Justicia española controlada por el Gobierno de turno.

Un esbozo que diez juristas, catedráticos y sociólogos consultados por EL CORREO rechazan, al menos de forma general. «Creo que sería injusto afirmar que funciona mal, así, sin precisar más», admite el exrector de la UPV Pello Salaburu. «Funciona razonablemente bien pese a la lamentable gestión que todos los gobiernos centrales, de uno u otro signo, han hecho», matiza Antón Echevarrieta, decano de los abogados alaveses.

Sin embargo, y a pesar de la defensa del trabajo que realizan más de 5.000 jueces en unas «condiciones muy duras», ninguno de los expertos cae en la autocomplacencia. Y por eso se exigen más medios, mayor transparencia y desprenderse de cualquier sospecha de control por parte del poder político. «La Justicia no puede estar ciega al descrédito, debe ser ciega a prejuicios, presiones e injerencias», apunta la directora del Deustobarómetro, María Silvestre.

Hay que diferenciar los distintos acontecimientos que se han vivido estos días. Reconozco que el tema del Tribunal Supremo se ha gestionado con enorme torpeza y ha causado un claro perjuicio a la imagen de la Justicia. Se ha proyectado una imagen defectuosa en un tema sensible en el que están por medio los bancos. Ha sido como una tormenta perfecta, a pesar de que estoy segura de que mis compañeros han tomado sus decisiones por cuestiones técnicas y no por presiones externas. Pero me parece grave en la medida en que menoscaba la confianza de los ciudadanos en nosotros. En lo que se refiere a Estrasburgo, también nos tiene que hacer reflexionar, pero de otra manera.

Pero dicho esto, la labor de la Justicia no puede quedar en entredicho de un plumazo. Somos uno de los países más garantistas. Hay más de 5.000 jueces trabajando, en muchos casos en unas condiciones muy duras, para ayudar a los ciudadanos. Como ejemplo puedo poner todos los casos relacionados con las 'cláusulas suelo'. El problema es que estas dos cuestiones han afectado a dos buques insignia de la Justicia como son el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

Pero tampoco es cuestión de flagelarnos, sino de tomar nota y corregir los problemas. Y para eso es muy importante adoptar medidas para decidir cómo gestionamos nuestra propia casa. La Justicia necesita ser más transparente, menos opaca, ostentosa y generar confianza. Y eso se consigue, por ejemplo, haciendo que los nombramientos en las altas instituciones se hagan con una baremación objetiva y con una mínima discrecionalidad. Como la mujer del César, no solo debemos ser honestos, también parecerlo.

Pudiera parecer que el martes fuera un día aciago para la Justicia española. Como miembro que fui del Tribunal Supremo y de su Sala de lo Penal he de manifestar mi estupor por la decisión sobre el impuesto hipotecario. El presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso demostró una falta de competencia que le cuestiona severamente para continuar en el ejercicio del cargo. Bien se puede decir que la Sala Tercera ha hipotecado su crédito. El Supremo es el último intérprete de la Justicia ordinaria y ello le convierte en el garante de los principios de seguridad jurídica que dicta la ley.

Con toda autocrítica, el presidente del Tribunal Supremo, además de pedir disculpas, justifica en la oscuridad de la ley la crisis producida, endosando al legislador la tarea de reformar la ley. Pero no existe la ley perfecta. Todas exigen interpretación. Precisamente, la labor judicial consiste en interpretar las leyes desde los principios constitucionales. De hecho, si la ley fuera perfecta, quizás sobrarían los jueces.

En lo que se refiere a la sentencia sobre 'Bateragune', la verdad es que era un a decisión anunciada, dadas las voces que habían puesto en duda la idoneidad del tribunal que le iba a juzgar.

Pero estos casos no pueden impedir ver el valor de la multitud de jueces y magistrados que hacen su trabajo en condiciones precarias y que se esfuerzan cada día en dar una respuesta eficaz a todos los ciudadanos. Casos como los de las 'cláusulas suelo', los desahucios y el tema de la corrupción acreditan la sintonía de tantos y tantos jueces anónimos que están dando la tutela judicial a los ciudadanos.

No es la Justicia española la que está en entredicho. Lejos de cualquier planteamiento maximalista, los ciudadanos deben seguir confiando en sus jueces, que constituyen la última esperanza y garantía del Estado de Derecho.

Una de las principales salvaguardas de un Estado democrático es la independencia del Poder Judicial, que significa que los jueces dictan sentencias aplicando la ley y sin la más mínima injerencia. Otro de los principios irrenunciables es el de la imparcialidad de los jueces, que les impone el deber de juzgar de forma objetiva, dejando a un lado por completo cualquier motivación o querencia personal. No solo es importante que estos principios o valores sean una realidad, sino que es vital que el Poder Judicial proyecte una imagen sólida de independencia e imparcialidad. La percepción que la ciudadanía tiene es fundamental para la confianza en el funcionamiento del sistema y para el sistema mismo.

Y estos días esa percepción está sufriendo un grave daño, a la vista de las distintas polémicas suscitadas. La decisión sobre el llamado «impuesto de las hipotecas» causa alarma a la ciudadanía, que ve que los cargos orgánicos del Poder Judicial reaccionan de manera insólita y con una urgencia desconocida para corregir los efectos de una sentencia dictada por un tribunal especializado e independiente. O la sentencia del TEDH en el 'caso Otegi', que ha dejado claro que se vulneró su derecho a un juicio imparcial.

Y qué decir del 'caso Lidón', en el que nos hemos enterado por boca de uno de sus hijos, diecisiete años después de su asesinato, de la falta de información a sus familiares y de la deficiente instrucción llevada a cabo para la identificación de sus autores.

El sistema judicial necesita seguridad jurídica y confianza en el funcionamiento de las instituciones, y si se duda del poder que debería garantizar los derechos de la ciudadanía y que debería controlar a los demás poderes, se socavan los cimientos del sistema. Es imprescindible reclamar responsabilidad a las altas instituciones del Estado porque el coste de sus decisiones puede ser muy alto. Está muy bien pedir perdón, pero en un sistema democrático serio estos dislates deberían tener consecuencias para sus autores.

En los últimos días hemos asistido a un despliegue informativo relacionado con el ámbito judicial. Esto ha sido el colofón a un año repleto de noticias centradas en la Justicia y en determinadas sentencias que pueden llevarnos a pensar que la Justicia no funciona.

Más allá de las resoluciones en las que se pone el foco, en nuestro país funciona razonablemente bien la Justicia, pese a la lamentable gestión que todos los gobiernos centrales de uno u otro signo han hecho. Los jueces, salvo en contadas excepciones, son imparciales y realizan su labor de la mejor manera posible pese a los limitados medios con los que cuentan.

No existen soluciones sencillas a problemas complejos. Lo ocurrido esta semana en el Supremo, más allá de la labor de gestión y comunicación que es manifiestamente mejorable, pese a ser inusual, es un trámite previsto en nuestro ordenamiento jurídico. Lo acordado responde a un debate jurídico intenso que busca solucionar un problema cuyo origen es una regulación poco clara de una norma que, aunque ahora todos los grupos políticos pretendan eliminar, ningún gobierno ha modificado en los últimos 25 años para beneficiar a los ciudadanos.

Las resoluciones judiciales se deben abordar siempre desde un punto de vista jurídico, aunque entre todos los profesionales del Derecho deberíamos realizar una labor más didáctica.

Es necesario un compromiso de todos los grupos para abordar el problema de saturación que sufren muchísimos juzgados de toda España. En Euskadi, a modo de ejemplo, se puede constatar que la inversión en Justicia ha sido mayor que en otros territorios. No obstante, es evidente que todavía queda mucho por hacer. Es necesario afrontar reformas estructurales y dotar de un número mayor de juzgados, jueces y tribunales para poder cubrir las necesidades de todos los ciudadanos.

La Justicia en España está abandonada y tiene claros déficits de medios materiales y personales. Hay muchos problemas, pero entre ellos no está el Tribunal Supremo. Al hilo de los últimos acontecimientos puede concluirse que la principal amenaza que padece la Justicia es la presencia de una demagogia que, al amparo de un malestar ciudadano fundado, busca cambiar el Estado de Derecho por la ley de la calle. Las tesis conspiratorias crean ficticios lobbies de la banca que dicta instrucciones al Tribunal Supremo. Los magistrados que sostienen que es el banco el que debe pagar el impuesto de la hipoteca y quienes argumentan la posición contraria, que corresponde al cliente, han hecho un análisis sensato y racional de la norma. Los argumentos de las dos posiciones son totalmente defendibles técnicamente. La culpa no está en lobos feroces imaginarios que mueven hilos sino en algo menos novelesco como es una ley mala que da lugar a problemas interpretativos. Así de sencillo.

Otro gran problema es la tendencia del poder político a hacer recaer en el judicial sus incapacidades. Si el Gobierno tiene muy claro quién debe pagar ese impuesto, en dos meses puede resolverlo por distintas vías legales. La normativa que debe regular el sujeto obligado al pago de los aranceles notariales, los gastos de tasación y gestoría, o el vencimiento anticipado, se encuentra paralizada desde marzo en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.

El Tribunal Supremo es el último baluarte de nuestros derechos. Para mí ha sido una guía fundamental. En el delito de trata de personas, donde sólo cuentas con el testimonio de una víctima aterrorizada, el Supremo ha creado una doctrina de prueba completa, lúcida y brillante que ha permitido la condena de numerosas redes esclavistas. Dejémosle seguir haciendo su trabajo.

La Justicia está ciega, pero no por la venda de imparcialidad que le cubre los ojos, sino porque no ve el descrédito que están provocando sus decisiones y que podría explicarse por tres razones. En primer lugar, el cuestionamiento de la división de poderes provocado por la politización de la justicia y la judicialización de la política. En este sentido, el Tribunal de Estrasburgo ha venido a enmendar la plana a la Justicia española en el 'caso Bateragune' y no son ajenas tampoco a la politización de la Justicia las medidas cautelares impuestas a los políticos catalanes.

En segundo lugar, está la sospecha de que podría estar sometida a fuertes presiones de los poderes fácticos, económicos y financieros. La reciente decisión del Tribunal Supremo ha provocado una indignación porque se ha interpretado que la Justicia no ha actuado de forma imparcial, sino presionada por el poder de la banca. Y la decisión del Gobierno de aprobar un decreto que desdiga al Supremo, al margen del apoyo popular o de la oportunidad, no deja de ser una decisión que, de nuevo, atenta contra la división de poderes. Hace un año, el Deustobarómetro mostraba que la sociedad vasca suspendía con un 4,4 a la Administración de Justicia y mucho me temo que esta puntuación pueda ser todavía más baja.

En tercer lugar, está el machismo que rezuma de algunas sentencias, donde la perspectiva de género está ausente, y que genera desprotección. Según el Deustobarómetro, para el 71% de los hombres y para el 84% de las mujeres en Euskadi, los tribunales de Justicia no protegen lo suficiente a las mujeres víctimas de las agresiones sexuales. El caso de 'la Manada' ha sido una muestra patente de la falta de perspectiva de género de la Justicia.

Creo que sería injusto, por muchas alarmas que en los últimos tiempos se hayan encendido, afirmar que la Justicia funciona mal en España. Así, en general, sin precisar más. Estoy seguro de que, como sucede con todas las profesiones, miles de jueces, magistrados y fiscales cumplen como buenamente pueden con su labor.

Pero frente a lo anterior sí se puede afirmar que el sistema judicial español como tal está afectado desde hace demasiados años por un grave defecto estructural: su excesiva dependencia de la política y de los políticos. Eso es lo peor que le puede pasar y es lo que más mina su credibilidad ante los ciudadanos. Junto a ese hecho incontestable, como el propio Consejo de Europa lo ha advertido de forma específica, se constata en ocasiones en muchos de los magistrados que redactan sentencias una ideologización extrema, cuando no una actitud profundamente despectiva frente a la persona juzgada.

El nombramiento a dedo legislativo de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Supremo y del Tribunal Constitucional, con implicaciones en los Tribunales Superiores de Justicia de las autonomías, acaba viciando de raíz el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Porque son precisamente estos órganos los que de una forma u otra intervienen en los procesos de más repercusión social: pasó con el Estatut, pasó con 'Bateragune', ha pasado con las hipotecas y pasará con los independentistas catalanes, que serán condenados (la Fiscalía no acaba de distinguir entre Tejero y Puigdemont) y la sentencia revisada por Europa en el futuro. Tenemos la fundada sensación de que la Justicia se pliega en estos casos a poderes fácticos e ideologías que debieran colgarse en casa, muestra una frivolidad indigna en la actitud de algunos magistrados, y es Europa quien vuelve a reconducir la situación. Claro que para muchos de los afectados ya es un poco tarde.

Las sentencias contradictorias del Tribunal Supremo sobre el pago del impuesto hipotecario han suscitado multitud de comentarios generalmente críticos ampliamente publicados en los medios de comunicación y redes sociales. La información veraz o sesgada contribuye a permear las percepciones sociales, y es un tema que interesa a la Sociología. El Eurobarómetro de 2017 sobre las percepciones de los europeos en cuanto a la independencia de los tribunales y jueces en sus países muestra la variabilidad entre los hasta ahora 28 miembros. El 55% la considera buena o muy buena, el 34% bastante mala o mala. Quienes más valoran la independencia son Dinamarca (86%), Finlandia (81%), Alemania y Austria, con el 78%. En el polo extremo, Eslovaquia (23%), Bulgaria (26%) y España (31%). Seis países la califican como mala, entre ellos España (58%) e Italia (57%). En general, casi todos los países han mejorado ligeramente sus percepciones con respecto a 2016. En España, en el Eurobarómetro de 2018 (realizado en todos los países en enero) ha seguido mejorando la percepción de la independencia judicial: ha subido 8 puntos en bastante buena o muy buena y ha bajado 9 en bastante mala o muy mala.

A la pregunta a los entrevistados de las razones de sus juicios, entre las positivas la gran mayoría en la UE y en España considera que el estatus y posición de los jueces garantizan su independencia muchísimo o bastante. También consideran en proporciones algo menores, pero del 60% en adelante, que no creen que interfieran en ella Gobierno, políticos u otros grupos por intereses específicos. Entre las razones negativas, España (79%) se distancia algo más de la media europea (72%) en cuanto a que se cree algo más en la existencia de interferencias. Las presiones a los jueces por intereses económicos u otros obtienen menos respuestas.

La reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el denominado 'caso Otegi' llueve sobre mojado. Más allá del supuesto en cuestión, pone de manifiesto un problema estructural de la clase jurídica en España y, particularmente, de la clase judicial. El tiempo en el que la formación de los juristas debía apoyarse fundamentalmente en contenidos memorísticos y de Derecho interno es tiempo pasado. En la Europa del siglo XXI los juristas deberían abrir su perspectiva de trabajo a un análisis sistemático del Derecho comparado y de los tribunales de garantías supranacionales.

La propia Constitución exige que el ordenamiento interno se interprete a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los tratados en la materia ratificados por España. Sin embargo, demasiadas veces hay un cierto ensimismamiento que lleva a actuar como si el mundo se acabara en los Pirineos. Si se tiende a desconocer los parámetros y estándares de respeto de los derechos humanos asentados en nuestro círculo de cultura jurídica, el resultado serán las condenas del 'caso Otegi', la imposibilidad de llevar a cabo euroórdenes ('caso Puigdemont') o las condenas por tortura que se suceden sin parar. El jurista del siglo XXI tanto debe mirar al Supremo o al Constitucional como a Estrasburgo o Luxemburgo.

Una última consideración. En el caso de la decisión del Pleno del Tribunal Supremo respecto de las hipotecas el problema es otro. La Justicia democrática tiene que ser imparcial y parecerlo. Tiene que ser razonable, razonada y explicarse con solvencia ante la opinión pública. Todo ello ha fallado estrepitosamente en este caso con consecuencias probablemente irreparables a medio plazo. Podría decirse que quien no está acostumbrado a explicarse es difícil que lo pueda hacer cuando la necesidad aprieta.

No puede extrañarnos el estado de sobresalto en el que nos encontramos la gente de la calle, como consecuencia de las últimas sentencias y movimientos en el mundo de la Justicia, o mejor se debería decir de la Administración de Justicia, creo que algunas de ellas muy alejadas no solo de la realidad social, sino incluso de la propia Justicia, por partidistas.

En los últimos tiempos hemos conocido demasiadas decisiones que si bien debemos respetarlas, no por ello debemos compartirlas ni, por lo mismo, dejar de criticarlas. Este campo, el de la crítica, parece que casa mal con el mundo de la Administración de la Justicia porque algunos de quienes forman parte de ella no parecen encajarlas con la necesaria deportividad.

El Poder Judicial es uno de los tres poderes sobre los que descansa la democracia y, sin embargo, nunca he entendido muy bien por qué, los otros dos poderes, tanto el Legislativo como el Ejecutivo, si bien éste de forma indirecta, son elegidos en elecciones libres y democráticas, en tanto que, a diferencia de otras sociedades, no tenemos ocasión de hacer lo mismo con el Poder Judicial, a pesar de tener una implicación tan directa en nuestras vidas diarias, como estamos viendo con las decisiones que se adoptan.

Todos podemos equivocarnos, y de hecho lo hacemos, pero mientras que a los demás nuestras equivocaciones nos pasan factura, parece que queda por ahí una clase al margen de los demás, cuyas decisiones pueden ser afeadas por los tribunales de otros países e incluso por Estrasburgo, y sin embargo no ocurre nada por ello. Todo sigue igual, todo el mundo en su puesto y cada vez más alejados de la sociedad a la que deberían servir con imparcialidad y justicia, cuando no con equidad. Por ello digo que no puede extrañarnos el estado de desconsuelo en que vivimos, porque además no vemos que la situación pueda cambiar en un plazo razonable.