El derecho a decidir, el tapón que aboca al fracaso al nuevo Estatuto

En Euskadi, un texto que asumiese el derecho a decidir solo podría ver la luz de la mano de la amplia mayoría que PNV y EH Bildu suman en el Parlamento. Pero eso supondría volver a transitar la senda que ya recorrió, con resultados conocidos, el exlehendakari Ibarretxe, además de exponer a la sociedad vasca a una peligrosa 'catalanización' que volvería a fracturarla como en tiempos de Lizarra. El portazo en Madrid estaría asegurado.

La alternativa es insistir en los consensos 'a tres' que han protagonizado en la comisión redactora los expertos designados por PNV, PSE y Podemos, aunque, para que esa mayoría alumbre un acuerdo viable, los jeltzales deberían apearse de la coletilla soberanista del derecho a consultar al pueblo, en realidad un eufemismo para dar carta de naturaleza a la autodeterminación. «La pelota está en el tejado del PNV», apuntan en la ejecutiva del PSE, que insiste en que mientras los jeltzales mantengan «como elemento clave el derecho a decidir nosotros no vamos a estar ahí».

En la formación de Idoia Mendia interpelan a sus socios de gobierno y se preguntan si el PNV está dispuesto a «perder la oportunidad» de llevar adelante «el amplio consenso» que ahora existe por no renunciar «a una reivindicación de parte». La respuesta definitiva dependerá de toda una pléyade de circunstancias ambientales, personales y, sobre todo, políticas. De momento, jeltzales y morados coinciden en poner en valor lo «positivo» del trabajo conjunto que han hecho Mikel Legarda, Alberto López Basaguren y Arantxa Elizondo y la «lealtad mutua» entre ellos.

Aun así, los socialistas se abren a impulsar una reforma que avance en el blindaje de las competencias vascas y en la ampliación de los derechos sociales si desaparece el escollo principal. De hecho, el acuerdo en el seno de la comisión se compara, en cierta medida, con el pacto de gobierno, en el que PNV y PSE lograron entenderse en lo troncal y dejaron fuera, de forma perfectamente tasada, las «discrepancias pactadas» en torno al derecho a decidir. Esa fórmula sirve para seguir sosteniendo el Ejecutivo hasta las próximas elecciones autonómicas y para reeditarlo después.

Desde ahora hasta que el lehendakari disuelva la Cámara, la cacareada reforma del Estatuto servirá, básicamente, como banderín de enganche electoral a todos los partidos. Al PNV para tratar de anclarse al centro repartiendo reproches al PSE por su inmovilismo y a Bildu por su maximalismo. A los socialistas para presentarse como el freno que evita que Euskadi se deslice por la pendiente catalana. A la izquierda abertzale para competir con Sabin Etxea en el terreno de las esencias. Al PP para proyectarse como única alternativa al nacionalismo. A Podemos para integrarse en la nueva mayoría paralela a la de Madrid. El texto deberá volver ahora a la ponencia de Autogobierno y, aunque Bildu podría presentarlo como proposición de ley antes de que haya acuerdo para forzar el debate, el resto de fuerzas dan por hecho que la Cámara ralentizaría su tramitación hasta que reglamentariamente decaiga al disolverse el Parlamento.

A partir de ahí, es una evidencia que en la siguiente legislatura, si hay un Gobierno PSOE-Podemos en Madrid sustentado por el independentismo catalán, el PNV tratará de tomar ventaja para avanzar en el autogobierno «reconocido» pero también para abrir el melón territorial. Eso no quiere decir que vaya a insistir a toda costa en el derecho a decidir sino que valorará sus opciones. Que, básicamente, pasan por seguir jugando con dos barajas -gobernar con el PSE y defender aunque sea en el plano testimonial la consulta con Bildu- o bien decantarse y optar por elaborar un proyecto de Estatuto «viable y con recorrido institucional» en Madrid.

Así lo apuntó el viernes Urkullu y así lo ven en su entorno, que confía en que el acercamiento PNV-PSE-Podemos pueda «salvaguardarse para el futuro», igual que los morados, que recuperarán su vieja idea de apartar la discusión sobre el derecho a decidir a una mesa paralela. Entonces, admiten las fuentes consultadas, debería decidirse si se mantiene la 'patata caliente' en manos del Parlamento o el Gobierno vasco asume el encargo de redactar la reforma con el texto que hoy se presente como «punto de partida» ya con una visión más pragmática. El PNV, admiten, solo daría ese paso si tiene garantías de que el Estatuto pasará el filtro de las Cortes Generales, factible si Sánchez ve en la 'vía vasca' una oportunidad para apagar el incendio catalán. Pero hay un problema añadido que amenaza con viciarlo todo. Con sus 52 escaños, Vox tiene potestad para recurrir cualquier norma estatutaria que se apruebe, lo que permite asegurar sin ser adivino que el nuevo estatus acabará sí o sí en el Constitucional.