La contestación ecologista a los parques eólicos sacude al poder municipal de Bildu

A pesar de este voto a favor, EH Bildu reiteró su oposición al plan, impulsado por la anterior mayoría municipal PNV-PSE. Al contar con todos los informes favorables, tanto los de los técnicos municipales como los de impacto ambiental del Gobierno vasco, el Ayuntamiento carece de margen legal para no dar luz verde al plan especial en el que se ubicarán los molinos.

En el pleno, grupos de vecinos críticos con el proyecto afearon con gritos y pancartas el cambio de posición del alcalde y se vivieron algunos momentos de tensión en la sesión con partidarios del equipamiento. La Corporación está compuesta por cinco ediles de EH Bildu, tres del PNV, dos del PP y uno del PSE. Todos los grupos municipales votaron a favor, aunque no participó en el pleno el concejal socialista, que además es vecino de Labraza.

La realidad de Oion refleja un caso puntual pero se enmarca en el seno de un debate abierto con la transición energética. El Parlamento vasco aprobó en febrero del año pasado una ley de Cambio Climático con el apoyo del PNV, PSE y EH Bildu en la que se recoge la apuesta irreversible por abordar energías renovables y por parques eólicos que contribuyan al objetivo de una progresiva descarbonización.

El responsable del área medioambiental de EH Bildu, Mikel Otero -que acaba de estrenarse en el Congreso como diputado en sustitución de Iñaki Ruiz de Pinedo- reflexiona en voz alta sobre la necesidad de «ordenar» el debate «sin posiciones contrarias de entrada, pero analizando la viabilidad de las propuestas y la sensibilidad que pueden tener sus promotores con los municipios en los que se quieren efectuar las inversiones».

EH Bildu no se opone de saque a todos los planes eólicos pero pide una selección de los mismos en orden a diferentes variables. El impacto ambiental es uno de ellos, también que las inversiones reviertan en sus respectivos municipios, que se abran a canales de participación e interlocución con los ayuntamientos afectados y con los vecinos. «Lo que no puede ser», asegura Otero, «es la actual sensación de avasallamiento. Hay más de un centenar de proyectos, entre eólicos y fotovoltaicos, no todos se encuentran en la misma fase de tramitación y falta que se cumpla una planificación y una ordenación que racionalice las iniciativas. No todas son iguales».

Los casos planteados por la empresa pública noruega Statkraft son bien elocuentes. El que afecta a los municipios de Azpeitia, Zestoa y Errezil está a la espera ahora de recibir el informe de impacto ambiental del Gobierno vasco después de una serie de reuniones informativas que visualizaron la contestación activa de un grupo de vecinos. Otro de los proyectos -ubicado en Eskoriatza y Aramaio- ha sido recientemente rechazado desde el Ministerio de Transición Energética. En este caso, la decisión compete al Gobierno español al tratarse de una infraestructura que contempla el uso de hasta 50.000 vatios.

Otero reconoce el malestar que puede existir en los colectivos vecinales , pero recuerda que existe un debate social pendiente sobre la autonomía estratégica del País Vasco. Un 85% de la energía que se consume en Euskadi y Navarra procede del exterior, frente a un 90% de la Comunidad Autónoma Vasca y un 40% la Unión Europea.