Cifuentes traslada a la Fiscalía la gestión de Esperanza Aguirre en Madrid

Cifuentes interviene durante la sesión de ayer en la Asamblea de Madrid./EFE
Cifuentes interviene durante la sesión de ayer en la Asamblea de Madrid. / EFE

Pone en manos del fiscal sus dudas sobre la Ciudad de la Justicia, un proyecto que puede suponer un fraude de 80 millones

María Eugenia Alonso
MARÍA EUGENIA ALONSOMadrid

Con su futuro político pendiente de un hilo y un partido dividido a sus espaldas, Cristina Cifuentes levantó las alfombras de la corrupción de la Puerta de Sol y puso el punto de mira en la gestión de Esperanza Aguirre. La presidenta de la Comunidad de Madrid trasladó ayer a la Fiscalía General del Estado las «múltiples irregularidades» en la contratación y la contabilidad de la Ciudad de la Justicia, uno de los proyectos estrella de Aguirre, que pretendía agrupar todos los órganos judiciales con sede en la capital, en un mismo entorno.

La acusación de la jefa del Gobierno autonómico se sustenta en el dictamen que encargó a los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid, a partir del informe previo de la Cámara de Cuentas, sobre esta empresa pública, Campus de la Justicia de Madrid S. A., creada por el exconsejero Alfredo Prada cuando gobernaba Aguirre, y que luego continuó funcionando con Ignacio González.

El documento, según denunció Cifuentes, revela numerosas anomalías con el consecuente «posible menoscabo» para el erario público, así como el «perjuicio patrimonial», que sería incuantificable. Entre las irregularidades detectadas destaca la discreción en la adjudicación de contratos y «la aplicación de fundamentos desiguales» en la valoración de las ofertas. «Incluso se aprecia la existencia de conflictos de intereses, arrojando situaciones de mera apariencia formal de legalidad no compatibles con el desarrollo real de los procesos de contratación», señala.

La presidenta firma las invitaciones para el Dos de Mayo

Cristina Cifuentes ya ha comenzado a enviar las invitaciones para la recepción del Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid, en la sede de la Presidencia regional en la Casa de Correos en la Puerta del Sol. Este encuentro suele ser un buen termómetro para medir el grado de sintonía de la presidenta con el Gobierno central y su partido. Este año cobra especial importancia por la crisis abierta en el PP con el máster de Cifuentes y con la moción de censura que impulsa el PSOE con el respaldo de Podemos y la amenaza de Ciudadanos de apoyar la iniciativa. La oposición aún no ha dicho si acudirá a la recepción.

El informe solicitado por la Comunidad de Madrid ahonda en la falta de justificantes de muchos gastos, destaca también los casi catorce millones que se pagaron al arquitecto Norman Foster por dos edificios que, a día de hoy, siguen «sin tener una sola piedra colocada», o denuncia, entre otras cosas, los más de tres millones en sueldos para una plantilla formada por siete jefes y sólo tres administrativos.

Se estima que las obras de la Ciudad de la Justicia costaron al erario público, en total, unos 80 millones de euros, y fueron ejecutadas por la unión temporal de empresas formada por las constructoras OHL y Acciona. Más de diez años después sólo se levantó un edificio, la sede para el Instituto de Medicina Legal. Sin embargo, PSOE, Podemos y Ciudadanos sospechan que el desfalco de las arcas públicas fue mucho mayor y que rozaría los 130 millones.

Maniobra de distracción

Los tres partidos de la oposición recelan del paso dado por Cifuentes. Creen que, realmente, se esconde un delito mucho más grave. «Encubrimiento clarísimo de irregularidades y presuntos delitos, ¿por qué ha cesado?», afirmó Eduardo Rodríguez, diputado de Podemos en la Asamblea.

Hace tan solo un mes los tres grupos aunaron fuerzas para presentar ante el Ministerio Público otro informe con las «irregularidades» detectadas en el proyecto urbanístico por la comisión de estudio de la deuda, puesta en marcha en la Cámara madrileña. «Hasta ahora no se ha hecho nada (...) sólo cuando los medios han evidenciado que lo que estábamos diciendo era exactamente así», remarcó Mercedes Gallizo. La parlamentaria socialista considera que es el momento de que «se exijan responsabilidades que vayan más allá de las políticas».

Desde las filas naranjas critican igualmente al Ejecutivo regional por haberles ignorado. «La pasividad total del Gobierno para investigar este caso es evidente», denunció Susana Solís, que recordó a la mandataria madrileña que tras el informe de la comisión, «el PP dijo que no había irregularidades y que sólo se hacía por la foto».

Muchos consideran que el de ayer es el último intento, a la desesperada, de Cifuentes por resistir al frente del Ejecutivo autonómico. Golpeada en su credibilidad por el escándalo de su máster, y cada vez más acorralada por las pruebas, habría elegido este momento para desviar el foco de atención sobre ella y devolver, al mismo tiempo, el ataque a Aguirre quien insinuó que debía dimitir. «En casa se está muy bien», dijo la expresidenta madrileña en evidente alusión a lo que debería hacer su sucesora.