Brocha gorda
El juez Luis Garrido perpetró la insólita insensatez de despreciar públicamente a los epidemiólogos en una tertulia radiofónica con argumentos más propios de una barra ... de bar que de un jurista con altas responsabilidades. Lo hizo, además, en fechas en las que la Sala que él preside en el Tribunal Superior deliberaba sobre las restricciones a la hostelería impuestas por el Gobierno vasco, que acabó por tumbar. Una metedura de pata impropia del cargo que ocupa. Le cayó la del pulpo. Con razón.
Ese error no puede servir de coartada para ningunear sin más todas las decisiones con su firma. Ni para intentar ridiculizar la acción de la Justicia cuando sus pronunciamientos no coinciden con los propios. Es lo que han hecho el Gobierno vasco y el PNV a propósito del auto judicial que permite el 60% de aforo en los campos de fútbol, como en el resto de España, frente al 30% vigente.
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A nadie se le ocurriría poner en cuestión las medidas para combatir la pandemia aprobadas en Euskadi porque sus autoridades sanitarias cuestionaron durante meses la utilidad de las mascarillas. La anterior consejera de Salud, al ser preguntada por el hecho de que Pedro Sánchez empezara a usarla, espetó: «será que tiene coronavirus». Entonces, ¿por qué se mide sistemáticamente al juez Garrido por su patinazo delante de un micrófono?
Los reproches al auto judicial se limitan a aquella intervención. La Sala expone con meridiana claridad que la competencia para establecer los aforos corresponde al Gobierno vasco. Que el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud que permite hasta un 60% tiene solo carácter orientativo. Y que las medidas incluidas en el decreto impugnado por la Liga eran proporcionadas en la fecha en la que fueron dictadas.
El Ejecutivo de Urkullu quizás haya confundido la competencia sobre una materia con la asunción de que todo lo que decida sobre ella resulta incuestionable. Y no es así. Sus actuaciones quedan sujetas, como en cualquier Estado de Derecho, al criterio de la Justicia cuando entran en colisión intereses contrapuestos. Y la Justicia ha determinado que los clubes pueden ocupar hasta el 60% de los estadios, como reclamaba su patronal, por la mejoría de la situación epidemiológica. Ese porcentaje fue recomendado por el Consejo Interterritorial con tasas de incidencias muy superiores a las actuales, por lo que «no puede sostenerse que represente un peligro para la salud pública», explica.
Es natural que el varapalo haya escocido en el Gobierno vasco y en el PNV, que tienen todo el derecho a criticar al tribunal. En los argumentos esgrimidos hasta ahora abunda la brocha gorda. No deben andar muy sobrados de otros más sólidos cuando el lehendakari alude al «menosprecio a la ciencia» de Garrido y el burukide Koldo Mediavilla habla de «juez virólogo contra el Estatuto». Salvo que no se trate tanto de defenderse como de socavar el prestigio de la Justicia por lo que es: un poder del Estado.
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