El portazo de Bildu y PP zanja la negociación del Presupuesto vasco

El fin de las conversaciones, escenificado este lunes, es a decir verdad el esperado para un proceso que tanto el Ejecutivo como los grupos iniciaron sin demasiadas expectativas. Lo que tal vez llame más la atención es la rapidez con la que se han precipitado los acontecimientos, muy superior a la de años previos. Fue hace sólo una semana, el pasado lunes, cuando el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, se reunió con los partidos para testar las posibilidades de un entendimiento. Aquel día ninguna de las partes quiso dar por zanjado el diálogo e incluso se especuló con una posible segunda ronda.

Finalmente han sido las formaciones de la oposición las que han dado el portazo antes de que este viernes finalice el plazo para registrar enmiendas, tanto parciales como a la totalidad. Lo hizo primero Sumar, que había planteado modificaciones por un total de 890 millones de euros –el proyecto está valorado en 16.738– a cambio del apoyo de su único parlamentario, pero no recibió «contrapropuesta». Este lunes han hecho lo propio los dos grupos restantes: EH Bildu, que había basado su plataforma negociadora en un fondo dotado con 1.000 millones para la promoción de vivienda pública; y el PP, que de antemano había marcado amplias distancias.

La principal fuerza de la oposición, EH Bildu, cambia así su técnica negociadora respecto al año pasado. Si entonces, en el primer proceso de diálogo en la era de Imanol Pradales, apuró hasta el último momento en busca de un acuerdo imposible, esta vez se ha levantado de la mesa en pocos días al constatar que no había margen para entenderse en materia de vivienda. Pello Otxandiano ya admitió hace meses que éste era uno de los campos en los que más diferencias mantenían con el Gobierno vasco, algo que se ha constatado en su rechazo total a la ley de medidas urgentes que el Parlamento está a punto de aprobar. No obstante, la coalición había insistido en ello por tratarse de una de las principales preocupaciones sociales.

En una comparecencia ante los medios en Bilbao para anunciar la enmienda a la totalidad, el propio Otxandiano ha censurado la falta de «ambición política» del bipartito PNV-PSE para hacer frente a la crisis habitacional. De hecho, ha criticado que los socios de gobierno no tienen una posición única al respecto: «(Denis) Itxaso hace apología de la intervención y (Aitor) Esteban nos acusa a nosotros de intervencionistas. Tienen posturas bastante diferentes». La formación abertzale también denuncia la «merma en la recaudación» por la reforma fiscal, aprobada en un momento en que las «necesidades de gasto» van incrementando por factores sociodemográficos.

El PP, por su parte, ha oficializado la ruptura en el Parlamento. Javier de Andrés basa su rechazo en que el proyecto presupuestario tiene «elementos de carácter estructural que nos hacen imposible poder apoyar esta ley». Desde que se presentó, la formación conservadora viene censurando que el crecimiento del 4,1% en el gasto es mayor al incremento de los salarios, lo que a su juicio supone un «empobrecimiento de las familias y de la sociedad». Con esos números sobre la mesa, define el proyecto como «netamente socialista y de izquierdas», una acusación con la que trata de situar al PNV junto a EH Bildu, PSE-EE y Sumar, y reivindicarse así como «única alternativa».

Una vez constatado el rechazo de toda la oposición, D'Anjou ha salido a lamentar que no haya habido «voluntad real de acuerdo», aunque no ha querido profundizar en la crítica: «No se trata de buscar culpables, sino de seguir trabajando para seguir creciendo como país, reforzar nuestro bienestar y garantizar que Euskadi avanza con paso firme». Las enmiendas a la totalidad se debatirán en un pleno monográfico el próximo 9 de diciembre y quedarán tumbadas por la mayoría absoluta que suman PNV y PSE-EE. Las Cuentas serán aprobadas en comisión tres días después, el día 12, y finalmente por el pleno el 23 para que puedan entrar en vigor el 1 de enero.