El 'sí es sí' de Sánchez el reformista
Decía Simón Bolívar (por utilizar un referente que a algunos de los actores implicados en esta crisis legislativa seguro les suena) que «el que manda ... debe estar dispuesto a escuchar las más duras verdades y a corregir los males que sus posibles errores hayan causado». Algo para lo cual se requiere de cierta predisposición de ánimo, incompatible con la convicción de estar siempre en lo cierto o el acto reflejo de blindarse ante el fuego enemigo, sea este real o figurado, asumiendo a perpetuidad la condición de víctima.
Lo que puede ser comprensible desde un punto de vista humano resulta bastante pueril y tremendamente ineficaz cuando hablamos de «salvar los muebles» de una acción de gobierno que se presume bienintencionada, a riesgo de sufrir los rigores de la reprobación y el descrédito y el previsible coste electoral con el que, en democracia, se castiga el no haber sabido rectificar a tiempo. Una factura que los socialistas no parecen dispuestos a pagar, si bien han tardado lo suyo en poner pie en pared, negándose a compartir el cáliz del fracaso por la ley del 'Solo sí es sí' con sus socias de Unidas Podemos.
La cuestión de por qué ahora y no antes se presta a toda clase de conjeturas, siendo las más maliciosas las que apuntan a cierto maquiavélico cálculo de desgaste en la política del 'laissez faire' que Pedro Sánchez habría venido aplicando con la Ministra de Igualdad, Irene Montero, dejando que la líder de la formación morada cargase con el peso de las críticas, como si las decisiones de un gobierno no fuesen colegiadas (y no digamos ya las de uno que necesita de los votos de hasta cuatro siglas distintas para sacar adelante sus propuestas legislativas), para aparecer ahora como el «gran reformista». Pero la realidad es que, en los cuatro meses que lleva en vigor, la controvertida ley ha pasado de ser un pequeño dolor de cabeza a convertirse en el auténtico talón de Aquiles del Gobierno de coalición que preside, con el lamentable saldo para la sociedad de casi 400 rebajas de penas y varias decenas de excarcelaciones de agresores sexuales, lo que ha obligado al PSOE a acometer su reforma urgente, casi en tiempo de descuento.
Incluso sus promotoras (Belarra y Montero) se habían mostrado dispuestas (si no hay más remedio) a consensuar su reforma con su socio de Gobierno, condicionada siempre al mantenimiento de su espíritu que, a diferencia de lo que había antes, no centra en la resistencia de la mujer la carga de la prueba para decidir si algo ha sido o no una agresión sexual, sino en su consentimiento. Pero los socialistas tienen prisa. No quieren que un tema tan sensible malogre sus expectativas electorales y han visto una oportunidad única de liderar la iniciativa frente a Podemos, por lo que han decidido desautorizar –que no cesar– a la ministra, presentando una propuesta de reforma unilateral que podría estar lista en menos de un mes, dicen, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, por aquello de volver a sacar lustre a la efeméride.
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