Dos acusados en el 'caso De Miguel' rechazan pactar una condena

Los abogados de los 26 acusados en el 'caso De Miguel' -la supuesta red encargada de adjudicar contratos públicos 'a dedo' en instituciones controladas por el PNV a cambio de comisiones- se están reuniendo de forma individual con los responsables de la Fiscalía Provincial de Álava, que dirige Josu Izaguirre, para pactar una reducción de penas hasta el punto de evitar el paso por prisión en la mayoría de los casos. A cambio, la mayoría tendrán que asumir los delitos que se les atribuyen. Una condición que algunos imputados no están dispuestos a cumplir porque insisten en que sus clientes son inocentes.

Los abogados que asumieron el liderazgo de esta negociación desde que arrancaron las conversaciones eran conscientes de que «no todos» aceptarían esos términos. Aun así determinaron que «un 90%» de los acusados tienen que suscribir el acuerdo que les coloca sobre la mesa Manuel Pedreira, 'mano derecha' de Izaguirre en este proceso. Si bien algunos se han mostrado dispuestos a ceder en el «tanteo» inicial con la Fiscalía, otros han respondido con sonoros «portazos».

Uno de quienes no se muestra dispuesto a negociar es el letrado de Gurutz Larrañaga, que fuera viceconsejero de Cultura y Juventud, con Miren Azkarate como titular de la cartera. Y es que el abogado Miguel Alonso defiende que su cliente desconocía que el Gobierno vasco estuviese firmando contratos con empresas de la trama supuestamente liderada por Alfredo de Miguel -'número dos' del PNV alavés y diputado foral de Administración Local hasta su detención en marzo de 2010- que, como han constatado varios testigos, carecía de cualquier tipo de experiencia en la materia. Él ha sido una de las pocas voces disonantes durante las 44 vistas del caso, que arrancó en enero, mientras el resto ha mantenido una estrategia coral.

Tampoco está dispuesta a aceptar Justina Angulo, exalcaldesa del municipio alavés de Zambrana (PNV), donde había un proyecto para levantar un enorme polígono industrial que siguió adelante pese a los informes contrarios de los técnicos y que sólo la llegada de Patxi López a Ajuria Enea en 2009 lo logró paralizar, cuando ya se habían firmado una veintena de contratos por valor de 300.000 euros. Los portavoces de la antigua regidora afirman que sólo aceptarán su absolución, ya que «nunca han existido pruebas de los tres delitos de los que se le imputan» (prevaricación, asociación ilícita y cohecho). «Nos hemos encontrado ante la más absoluta indefensión», remarcan.

Pero otros se conforman con lo mínimo. «Si la Fiscalía me ofrece menos de dos años, le pregunto directamente dónde tengo que firmar. Yo sé que mi cliente no ha hecho absolutamente nada y no ha cometido ningún delito, pero nos vale asumir una pena que no suponga cárcel con tal de poner fin a este calvario», confiesa otro abogado.