El abogado de De Miguel trata de desacreditar a la «testigo estrella» y a los imputados que han confesado

Alfredo de Miguel junto a su abogado, Gonzalo Susaeta./EFE
Alfredo de Miguel junto a su abogado, Gonzalo Susaeta. / EFE

Insiste en que los acusados tienen derecho a «mentir» y niega que existan pruebas contra su cliente

David S. Olabarri
DAVID S. OLABARRI

El abogado que representa Alfredo de Miguel, al 'ex número 2' del PNV alavés, dedicó la jornada de este martes del juicio que se está celebrando en la Audiencia de Álava a desarrollar varias ideas fundamentales. Después de 8 años de actuaciones judiciales que han sentado en el banquillo de los acusados a 26 personas, Gonzalo Susaeta esgrimió que no existen pruebas, ni directas ni indirectas, de los numerosos delitos relacionados con la corrupción de los que su cliente está acusado por la Fiscalía, que pide para el exdiputado foral 30 años de prisión como supuesto cabecilla de una «trama» que se beneficiaba de forma irregular de contratos públicos. Su segundo argumento se ha centrado en negar que De Miguel fuese el «poderoso» e influyente político con capacidad para «remover obstáculos» para conseguir actuaciones irregulares de la administración en favor de determinadas personas. De hecho, también rechazó las imputaciones de tráfico de influencias y cohecho con el argumento de que De Miguel en 2005, en el momento en el que comenzaron a producirse algunas de las actuaciones supuestamente delictivas, era gerente de una industrialdea, pero no era «funcionario».

El letrado Gonzalo Susaeta ha tratado de arrojar dudas sobre el testimonio de Ainhoa Alberdi, la «testigo estrella» del proceso, la «experta» abogada urbanista que acudió a la Fiscalía a denunciar que estaba siendo extorsionada por De Miguel a cambio de una adjudicación en el Parque Tecnológico de Álava. Según ha dicho, esta letrada «ocultó» datos relevantes al fiscal jefe cuando acudió a su despacho a denunciar la existencia de esta trama y ha incurrido en «contradicciones» para inculpar al ex dirigente del PNV. Y ha cuestionado las «sospechosas» versiones de algunos de los imputados que, en el último momento, tras 8 años de instrucción judicial, han pactado con la Fiscalía una confesión a cambio de reducciones de penas. Es el caso de los empresarios catalanes implicados en la recalificación del Polígono de Zambrana y de la familia Arruti, que entre otras cosas confesaron que se repartían «comisiones» con el exdirigente jeltzale a cambio de adjudicaciones. Estos últimos han salido «bien parados», ha apuntado Susaeta que, en todo caso, ha deslizado que los imputados tienen el derecho de «mentir» en sus declaraciones. En este punto se ha detenido en la operación con los catalanes, en la que Arruti declaró que tanto él como De Miguel iban a recibir una comisión de 160.000 euros cada uno por la operación del polígono de la localidad alavesa. Susaeta ha tratado de insistir en la poca consistencia de esta confesión con el argumento de que Arruti iba a recibir un contrato de 3 millones de euros.

Susaeta, que el lunes se dedicó básicamente a pedir la nulidad de las principales pruebas que obran en el sumario, ha empleado toda la jornada de hoy en tratar de desmontar, punto por punto, la implicación de su cliente (que estuvo cerca de llegar a un acuerdo con la Fiscalía) en las doce operaciones supuestamente delictivas que constituyen el núcleo del 'caso de Miguel'. Una jornada maratoniana de exposición de las conclusiones definitivas que tendrá continuidad mañana, cuando concluirá su intervención negando el delito de asociación ilicita del que está acusado su cliente.

El abogado también rechazó que su cliente fuese «amigo íntimo» de algunos de los principales acusados, como de Xabier Sánchez Robles, el exdirector de Cultura en el Gobierno de Juan José Ibarretxe, o que tuviesen una relación estrecha a partir de su militancia en el PNV, como se ha venido manifestando durante la vista oral. En este último caso, el referente a los contratos que recibieron las empresas vinculadas a De Miguel de este área del Gobierno vasco (algunos no se llegaron ni a realizar), Susaeta ha manifestado que la «gran prueba» de los supuestos tratos de favor de los que habla el Fiscal consiste en que ambos fueron incluidos en una cadena de mails para un viaje a la Toscana, en que «coincidieron» en el aeropuerto de Barajas y en un vuelo a Argentina. A su juicio, todo esto no llega ni a la categoría de «indicio».

Las 100.000 pesetas de Eric Armando

Uno de los asuntos a los que se han dedicado más horas en el juicio del 'caso de Miguel' ha sido al mail en el que, según la Fiscalía, el 'exnúmero 2' del PNV alavés reclama a la abogada Ainhoa Alberdi desde su cuenta de correo oficial que tiene que abonarle 100.000 euros por una adjudicación en el Polígono de Zambrana. Esta es una de las principales pruebas apuntadas por el Ministerio Público. Su abogado ha insistido hoy en que en el correo electrónico no se refleja esa «cantidad» (se dice «lo nuestro» lo dejamos en 100) ni se habla de euros.

Susaeta ha ofrecido una versión alternativa a la apuntada por el Ministerio Público. El letrado ha apuntado que la explicación a todo eso es que De Miguel escribió a Alberdi interesándose por la forma de «resolver extrajudicialmente» un impago de un inquilino sudamericano llamado Eric Armando que había estado viviendo de alquiler en un piso del exdirigente jeltzale y su mujer, Ainhoa Bilbao. Este hombre no ha declarado en el proceso.