El abogado de De Miguel pide al tribunal que se abstraiga «de la presión social» y absuelva al exdirigente del PNV alavés

Alfredo de Miguel junto a su abogado, Gonzalo Susaeta./EFE
Alfredo de Miguel junto a su abogado, Gonzalo Susaeta. / EFE

El letrado insiste en que la Ertzaintza «manipuló» pruebas del sumario para perjudicar al exdiputado

David S. Olabarri
DAVID S. OLABARRI

El abogado Gonzalo Susaeta, que representa al exdirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel y a su mujer, Ainhoa Bilbao, ha reclamado este lunes al tribunal que, a la hora de emitir su sentencia, «no tenga miedo» y sea capaz de «abstraerse de la presión» social que rodea al mayor caso de corrupción que se ha juzgado en Euskadi. De hecho, ha manifestado que espera que a los jueces de la Audiencia de Álava no les «ocurra como en un caso» que se juzgó en Navarra, en referencia a la sentencia de 'La manada'. «Para la prensa, para nuestra clase política, sin distinción de partidos, para esta sociedad tuitera que me repulsa, para todos ellos mis defendidos eran y son presuntos culpables», ha dicho.

Además de lamentar el «juicio mediático y paralelo» que, según su criterio, han sufrido sus clientes, Susaeta ha dedicado este lunes gran parte de la exposición de sus conclusiones definitivas a pedir la nulidad de todas las pruebas de cargo que constan en el sumario. Evidencias que son una de las piedras angulares que sustentan las acusaciones (la otra son las confesiones de algunos de los imputados) y por las que, entre otros indicios, la Fiscalía pide 30 años de cárcel para el que también fuera exdiputado foral de Álava, considerado por el Ministerio Público como el líder de una trama que supuestamente recibía comisiones a cambio de adjudicaciones públicas y, al mismo tiempo, se beneficiaba de supuestos contratos irregulares de la administración.

De Miguel se encuentra, de hecho, en el centro de la supuesta trama (entre la que se incluyen cargos públicos y empresarios) que desde el pasado enero se sienta en el banquillo de los acusados. Se trata de 26 personas, entre las que figuran destacados cargos públicos del PNV y empresarios. Por eso, porque el Ministerio Público sitúa al exdirigente jeltzale en el núcleo de las 12 operaciones delictivas, el tribunal ha concedido a su abogado dos días completos para que pueda exponer sus alegatos de defensa en este «mastodóntico» caso. Es decir, puede emplear tantas horas como las que utilizó la pasada semana el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, para desentrañar los delitos de los que están acusados este grupo de personas, a los que comparó con la «mafia» siciliana.

Susaesta ha empleado la jornada de este lunes básicamente a tratar de probar que la Ertzaintza «manipuló» las pruebas clave de la investigación (entre ellas, las grabaciones a los acusados) y que fue más allá de las directrices que le marcaba el juez instructor en sus autos judiciales. Las, a su juicio, «vulneraciones de derechos fundamentales» que han sufrido sus clientes en la fase de instrucción, que se prolongó durante unos 8 años, han llevado a un «escenario predeterminado» en la vista oral. Entre las muchas cosas que ha cuestionado durante su exposición, el letrado se ha detenido en la forma en la que la Policía vasca intervino, según su criterio, de forma «indiscriminada» documentos y material informático en los domicilios de los acusados. Según ha dicho, en este caso ocurrieron «cosas muy extrañas», que definió como «fenómenos paranormales» dignos de salir en el programa de televisión Cuarto Milenio. Por ejemplo, citó ordenadores que aparecían y desaparecían. Y material que fue incautado en casa de uno de los imputados pero que, después, resultó que había sido obtenido en la vivienda de otro procesado. «No he visto una cosa igual en mi vida», ha manifestado el abogado del 'exnúmero 2' del PNV alavés. Según ha dicho, la Policía autonómica actuó «de espaldas al sumario» judicial. También la definió como una actuación «extrasumarial». «No ha precintos y hay mutaciones», ha censurado.

Lo cierto es que la apelación a las vulneraciones en la cadena de custodia de las pruebas, a la falta de «medidas de aseguramiento» y a las «manipulaciones» de evidencias al margen del procedimiento han sido una constante en el proceso judicial. De hecho, estas supuestas irregularidades en la investigación ya fueron objeto de un auto por la propia Audiencia de Alava que dio el visto bueno a la actuación de la Policía vasca y dictaminó que no se había apreciado ninguna extralimitación que pueda llevar a pensar que se ha generado indefensión en los procesados.

«Meras sospechas»

Susaeta también se detuvo en las supuestas alteraciones de la grabadora que aportó Ainhoa Alberdi, la abogada que acudió a la Fiscalía a denunciar que estaba siendo extorsionada para recibir una adjudicación, ya que es «fácil» introducir frases o cortarlas. Y en las cajas de cartón en las que los ertzainas de delitos económicos llevaron al juzgado las pruebas. Todas estas pruebas, ha dicho, «han estado comprometidas». Y es algo, insistió, que le pone «los pelos de punta». Tanto como «jurista como ciudadano».

Susaeta continuará mañana con su alegato final de defensa. Lo hará detallando punto por punto todas las operaciones que la Fiscalía considera delictivas, como la petición de comisiones a empresarios para recibir adjudicaciones. A su juicio, las valoraciones del Ministerio Público no son «indicios indubitados, sino meras sospechas». Y el abogado asegura que para todas estas actuaciones tienen una «alternativa razonable y plausible» que desarrollará mañana.