Vuelve la burra al trigo

Aunque se han estudiado las repercusiones que las medidas coercitivas ocasionan en este tiempo de pandemia, en Euskadi no se han realizado trabajos de ese tipo. Ni el Gobierno vasco ha publicado algo al respecto, ni el Parlamento vasco lo ha analizado, ni las capitales vascas han considerado pertinente su análisis. Así que podemos repetir para Euskadi aquella máxima del filósofo: «Sabemos que no sabemos». Y en el consejo asesor del LABI no están por solucionarlo. Aún con todo, como nuestra sociedad tampoco es tan distinta en cuestiones básicas de cultura y estructura social, reflexiones provenientes de las universidades de Granada, Valencia o Salamanca y de algunos centros de investigación pueden ser razonables y válidas para el caso vasco.

Sabemos que las medidas limitativas de movimientos y de actividades públicas repercuten en la psicología social. Las personas vivimos de manera diferente esas coacciones, en principio legítimas, dependiendo de condiciones genéticas, educativas o de socialización de cada cual. También intervienen factores como una adecuada pedagogía social respecto de las medidas adoptadas o la politización partidista de las protestas, entre otros. Todo ello confluye en el origen de una serie de fenómenos estresores que motivan la reacción de grupos de personas que en ocasiones responden violentamente, no sólo en Euskadi.

En la sociedad vasca observamos al menos dos aspectos relevantes para la articulación de esa violencia contra las medidas limitativas del esparcimiento público por la Covid-19. Uno es común a otras experiencias por interacción social de grupos extremistas de oposición, asentados en factores personales (frustraciones, estimulación sectaria, agresividad…) y condicionantes políticos (amparo y motivación partidista, crisis de legitimidad institucional…). Así lo podemos ver en otras partes de España y en el resto de Europa, también en Estados Unidos y en diversos lugares del mundo.

Otro aspecto a destacar es la insuficiente deslegitimación de la violencia directa como instrumento de acción política, lo que conlleva una sensación de autoeficiencia de esa forma particular de acción (por impunidad de sus autores). Las políticas para la convivencia en Euskadi tras la desaparición del terrorismo de ETA en todas sus facetas no han conseguido (¿se ha intentado a fondo?) 'desarmar' el pensamiento de un sector importante de la sociedad, como bien sabe Jonan Fernández, coordinador de la Comisión Técnica del LABI.

Añadamos para completar algo más la escena el papel de EH Bildu, segunda fuerza en el Parlamento vasco, cuyo coordinador general, Arnaldo Otegi, defiende territorializar zonas fuera de la acción institucional -en las que no puede entrar la Policía vasca-, culpabilizar a los agentes de la Ertzaintza por los disturbios y victimizar a los agresores. Nada nuevo. Como también es conocida la contenida reacción policial, que aporta más agentes heridos que agresores detenidos. Aquí, con una tasa de 5,05 policías vascos por 1.000 habitantes, no llegan a una decena las detenciones entre cientos de agresores. En los Países Bajos, con una tasa de 2,99 son cientos los detenidos, ajustados a Derecho, sobre todo en la ciudad de Rotterdam, pionera en la articulación de una Policía de la diversidad. Una vez más, el problema no deriva de los agentes que intervienen, que bastante hacen con sobrellevar los incidentes con los medios de que disponen, sino de una ineficiente acción institucional.

Hemos de evitar la impunidad que favorece la repetición de los enfrentamientos, como debimos de aprender en nuestra reciente historia. No se busca reprimir para imponer la autoridad a sangre y fuego porque la prioridad ha de ser procurar el esfuerzo común para superar las condiciones pandémicas. Se trata de conseguir una convivencia pacífica que favorezca la estimulación ambiental proclive al entendimiento. Y más vale que la burra no vuelva al trigo porque en alguna ocasión nos quedaremos sin cereal.