Más ingresos, más protección, más certezas

Esta reforma es de una enorme importancia para el futuro de las pensiones públicas en España. Supone más ingresos, más protección, más certezas para las pensiones presentes y futuras. Esta reforma, unida a la que acordamos hace año y medio por la que se vinculaba la revalorización de las pensiones a la evolución de los precios, representa un cambio de enfoque sobre cómo abordar el desafío de las pensiones.

Desde ahora hasta mediados de siglo el número de personas que accedan a una pensión va a pasar de 10 millones a 15 millones. Ante este desafío demográfico hay dos opciones: o proteger a esos 15 millones con los mismos recursos que se utilizan para proteger a 10 millones y, por tanto, bajar drásticamente las percepciones o incrementar los recursos para pagar las pensiones del futuro con un nivel de protección para los pensionistas venideros similar al que ahora las personas en activo sostenemos con nuestras cotizaciones.

Pues bien, esta reforma supone una apuesta por la mejora paulatina de los ingresos y, por tanto, por el refuerzo de un sistema público suficiente y con futuro para las cohortes de pensionistas de las próximas décadas. Para ello se destopan las bases máximas de cotización. Es decir, se habrá de cotizar a la Seguridad Social por un porcentaje mayor de los salarios más altos, que hasta hoy solo lo hacen de forma limitada y por debajo del nivel de otros países de nuestro entorno. Esta medida no supone un coste que no puedan asumir las empresas. De hecho afecta a 1,2 millones de cotizantes que se ubican, sobre todo, en grandes empresas con una buena situación económica.

De la misma manera se establece una contribución de solidaridad que llegará al 6% en 2045 y que solo afecta a las cotizaciones situadas por encima de la base máxima, que en este momento asciende a 4.495 euros al mes. El esfuerzo que supone incrementar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional es perfectamente manejable. Llegar paulatinamente a un aumento de las cotizaciones del 1,2% vale la pena para dar certidumbre y tranquilidad sobre las pensiones del futuro. Además de mejorar los ingresos, ampliamos la protección. Con medidas para reducir la brecha de género, cubrir mejor las lagunas de cotización de quienes han tenido periodos sin aportar o mejorar las pensiones más bajas.

En definitiva, concluimos una fase de la reforma de pensiones que ha permitido a 10 millones de personas mantener la capacidad de compra de sus pensiones en un contexto de alta inflación; introducimos recursos de forma estructural en la Seguridad Social, de acuerdo con los compromisos contraídos con la Comisión Europea y, por tanto, garantizando la llegada de los fondos de recuperación y transformación, y, sobre todo, reforzamos seguridades sobre la viabilidad y suficiencia de nuestro sistema público de pensiones, ahora y en el futuro.

Habrá pensiones públicas con futuro mientras haya voluntad política de que así sea. No hay ninguna maldición económica ni demográfica para justificar lo contrario. Todo depende del volumen de recursos que queramos dedicar como sociedad a garantizar un sistema público de pensiones.

Para finalizar, tres reflexiones. La primera es que tanto la reforma de pensiones de 2021 como la más reciente parten de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que en octubre de 2020 suscribieron la mayoría de los grupos del Congreso. Solo contó con la oposición de la CUP y la abstención de Vox, ERC y EH Bildu. Cabe preguntarse quién se ha descolgado de los consensos políticos en torno a esas recomendaciones y por qué la beligerancia de la derecha económica y política ante un acuerdo como este.

La segunda tiene que ver con la hipérbole. Se pueden compartir o no los contenidos de estas reformas, faltaría más. Pero no es conveniente la exageración permanente. Es ridículo pronosticar que una subida de cotizaciones sociales del 0,6% en cinco años va a provocar la destrucción de empleo, cuando hace una semana había un consenso generalizado sobre la necesidad de subir salarios, o cuando tras una mejora del 50% del SMI en seis años estamos en máximos históricos de cotizantes a la Seguridad Social y vamos a cerrar el mejor mes de marzo conocido en términos de creación de empleo.

A veces parece que el catastrofismo sobre el futuro y la viabilidad de las pensiones públicas no tiene nada que ver con análisis técnicos y económicos, sino con pura ideología y en ocasiones con mero interés de parte. Es decir, que hay quien aspira a instalar en la sociedad el fatalismo sobre el futuro de las pensiones públicas, para justificar posteriores ajustes de ingresos y recortes, que terminen por obligar a los trabajadores a tener que suscribir planes de ahorro privados con los que prepararse para la vejez. Es decir, impulsar la profecía auto cumplida de que no habrá pensiones públicas, para canalizar el ahorro de las mayorías sociales desde los recursos públicos a las cuentas de resultados de las aseguradoras y entidades financieras, limitando el papel del Estado a otorgar una pensión zócalo (mínima y de supervivencia).

Y la tercera reflexión tiene que ver con el aval de la Comisión Europea a la orientación de esta reforma. La centralidad europea para abordar la secuencia de crisis desatadas desde la pandemia es muy relevante. Una Comisión encabezada por una democristiana del PPE viene avalando la liberación de los fondos de recuperación para España vinculados a reformas como la laboral, las de pensiones o la subida del SMI. Es un cambio muy sustancial respecto a las políticas de austeridad que conllevaron recortes y un doloroso proceso de devaluación interna. En este contexto, las medidas impulsadas por los sindicatos en los marcos de diálogo social, pactadas con el Gobierno y en algún caso incluso con CEOE, distan de ser radicales. Son otros los que se han situado extramuros del momento histórico que vivimos.