La reforma del despido improcedente

Según la OCDE, España ha visto una reducción significativa en su índice de protección al despido, situándose por debajo de la media europea. Esta disminución en la defensa de la relación laboral ha fomentado un aumento en la frecuencia de despidos, creando zonas de impunidad. No es admisible un mercado de trabajo basados en despidos casi gratuitos y fomentados por una legislación demasiado laxa. Ha llegado la hora de proteger el contrato de trabajo.

La reciente decisión del CEDS ha podido examinar la exitosa reforma laboral pactada en 2021, y alineándose con la tesis defendida por UGT, indica que se debe seguir caminando en la defensa del contrato indefinido impidiendo su quiebra por razones injustificadas. El órgano que interpreta el Tratado Internacional de Derechos Sociales Humanos insta a España a revisar su sistema de indemnización. Esto podría implicar un aumento significativo en las compensaciones por despido improcedente, ahora consideradas insuficientes para cubrir los daños y perjuicios de las victimas.

Además, la inclusión de los salarios de tramitación, es decir, el sustento que la persona trabajadora dejó de percibir desde el momento del despido hasta la resolución judicial, es fundamental, según las instancias europeas, para garantizar una protección económica efectiva durante el proceso legal. La decisión del CEDS también resalta la necesidad de que las resoluciones judiciales sobre despidos improcedentes se tomen en un plazo corto, lo que aseguraría una salida más eficiente y justa de los conflictos laborales, permitiendo a quien ha sido privado de un derecho humano de forma arbitraria reincorporarse al mercado o recibir su compensación oportuna.

La necesidad de una reforma en la indemnización por despidos improcedentes en España es evidente. Una modificación adecuada debería considerar varios aspectos clave como la introducción de los parámetros de reparación y disuasión para fijar las indemnizaciones, en ausencia de readmisión, para los despidos efectuados al margen del cauce legal. Esto asegurará que las victimas reciban una compensación justa por el daño sufrido. Cualquier reforma debe considerar el impacto socioeconómico de los despidos y asegurar que los trabajadores despedidos puedan mantener un nivel de vida adecuado mientras buscan nuevas oportunidades laborales.

La reclamación de UGT fue un recordatorio contundente de la importancia de proteger los derechos de las personas trabajadoras frente a despidos injustos. La reforma laboral de 2012 trajo una mayor inestabilidad laboral y un incremento en los despidos arbitrarios que ahora Europa nos obliga a corregir. España debe acatar la decisión, con una reforma que garantice una indemnización reparadora y adecuada para todos los trabajadores, promoviendo así un mercado laboral más equitativo y justo. Esta reforma debe estar en consonancia con el artículo 35 de la Constitución, que establece el derecho a un trabajo digno y adecuado; y con los principios del pilar europeo de derechos sociales, que destacan la importancia de la protección del empleo y la seguridad en el trabajo.

Una indemnización adecuada no solo protege a la clase trabajadora, también fomenta un ambiente laboral más estable y productivo. Al asegurar que los empleadores piensen dos veces antes de recurrir a despidos injustificados, se pueden crear condiciones más favorables para el crecimiento económico y el bienestar en espacios de trabajo más seguros. La persona trabajadora tiene que sentir que la legislación le protege frente a decisiones arbitrarias. Es hora de que España tome medidas decisivas para reformar su sistema de indemnización y alinear sus prácticas con los estándares que nos llegan del Consejo de Europa.

Una reforma justa y adecuada beneficiará a toda la sociedad, promoviendo la justicia laboral y fortaleciendo el tejido económico del país. La decisión del CEDS proporciona una oportunidad crucial para corregir el rumbo y construir un futuro más justo para la sociedad española.