Indultos por la convivencia
Hay una gran disconformidad entre la sentencia del 'procés' y la realidad social
Dos de las cuestiones recurrentes estos últimos días en torno a los indultos por el 'procés' son su legitimidad y su eficacia. Empecemos por esta ... última. ¿Para qué servirán los indultos? Josep Miró i Ardèvol, un catalanista en absoluto independentista, consejero con Pujol, responde, en un artículo en el excelente boletín digital 'Converses à Catalunya' (en catalán y en español) con estas palabras: «El indulto sirve, en primer lugar, para resolver un problema humano. Para que puedan volver a casa personas que han sido castigadas a penas que desde mi punto de vista son desaforadas. No cuestiono que hubo una ruptura grave con la ley, pero también constato que ésta no quiso ser efectuada».
Añade que lo que llevaron a cabo los dos Jordis de ninguna manera significa que estuvieran dirigiendo un acto sedicioso. Otra cosa son sus opiniones. Pero en el sistema constitucional español, aunque no lo parezca en ocasiones, todas las opiniones, incluso las que van contra la propia Constitución, pueden producirse y deben ser respetadas. Sólo son los actos los que cuentan.
Las personas de edad avanzada que hemos tenido que 'malvivir' con el terrorismo de ETA recordamos bien cómo se repetía que en España se podía defender incluso la independencia, aunque -se remachaba- de forma pacífica. Y en Catalunya todo el proceso secesionista fue pacífico y quienes ejercieron la violencia fueron las Fuerzas de Seguridad del Estado la mañana del 1-O.
Los obispos catalanes acaban de esgrimir, ante el contexto social y político en Catalunya, «la fuerza que tienen el diálogo y las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto». Añaden que «el desarrollo armónico de toda la sociedad necesita algo más que la aplicación de la ley». Tres ideas clave a retener en estas breves palabras: la importancia del diálogo en la resolución de conflictos (que esgrimen ahora con fuerza el presidente Sánchez y los miembros del Govern de Catalunya); la importancia de las «medidas de gracia» (planteamiento que no aceptan los independentistas, en esa formulación) y, en tercer y fundamental lugar, que para el buen desarrollo de toda sociedad hace falta algo más que la aplicación de la ley. Es de todo punto fundamental tener en cuenta cuáles son las consecuencias de la aplicación de las sentencias judiciales. Recuérdese que uno de los argumentos que se dieron para ilegalizar la entonces denominada Herri Batasuna fue una modificación legal, dado el contexto en el que se estaba ejerciendo y justificando la violencia terrorista.
Aquí entramos en la justificación del indulto que supone ir más allá de la propia ley, ahora para propiciar un cambio en una situación política y socialmente enquistada. Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid y exjueza, señaló que ni el indulto es algo perverso, ni anticonstitucional, ni va en contra de la división de poderes, creencias que en parte derivan de la «falta de transparencia» en cuanto a su uso en el pasado. (Es sabido que quien en mayor grado utilizó el indulto en España fue el Partido Popular, siendo Aznar el presidente del partido que hoy se opone junto a Vox y Ciudadanos al indulto por el 'procés'). La función del indulto, prosigue Carmena, no es otra que la de allanar el camino cuando existen «sentencias legítimas» que, sin embargo, «provocan un rechazo que crea un problema social». «Los indultos son útiles, son buenos», pero sobre todo «tienen que valer» para resolver «los problemas sociales cuando existe una gran disconformidad o tensión entre las sentencias y la realidad social».
Es fundamental lo que apunta Carmena: los indultos sirven para resolver situaciones que se crean cuando hay una gran disconformidad entre las sentencias emitidas y la realidad social, propiciando o agudizando una fractura, como la actual en la sociedad catalana y en la española.
En fin, quiero citar al exmagistrado del Supremo Joaquín Giménez, que conocemos bien y con agrado en Euskadi, cuando en una entrevista a un diario 'online' catalán dice que «el Gobierno español tiene razones para conceder los indultos», por la necesidad de «buscar soluciones para la convivencia», e insiste en que, necesarios o no, los indultos son «legítimos» y el Gobierno tiene todo el derecho de darlos si así lo considera. «Desde una justicia humanizada, hay argumentos de sobra». De todos modos, asegura que el recorrido judicial de la causa del 1-O no acabará con el perdón, sino en Estrasburgo. Y ya avisa de que no se puede descartar «una rectificación severa» del TEDH en los tribunales españoles. No sería la primera vez.
Debajo de todo esto está el problema del independentismo catalán y (aunque últimamente muy en sordina) también el vasco. O quizá, más exactamente, los propios sentimientos de pertenencia de no pocos vascos y catalanes a Euskadi y Catalunya, y de forma excluyente. Solo vascos y solo catalanes. El respeto a los diferentes sentimientos de pertenencia tiene una capital importancia para alcanzar la concordia y la convivencia activa entre personas con planteamientos muy distintos, cuando no contrapuestos. Pero esta es una cuestión central que exige tratamiento propio.
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