Horizontes preelectorales en Cataluña

Las tres formaciones independentistas lograron el 48 % de los votos y -favorecidas por la ley electoral- la mayoría absoluta en el Parlament, que les permitió retener el Gobierno autonómico, haciendo inútil el éxito de Ciudadanos, que devino la primera fuerza de la Cámara catalana.

Ahora, las elecciones se celebrarán en un contexto dominado por la pandemia y el temor a sus deletéreos efectos socioeconómicos, en el que la independencia no focalizará absolutamente el debate electoral. Por decirlo plásticamente, la mascarilla ha sustituido a los lazos amarillos como símbolo de los nuevos tiempos. Ello arroja grandes incertidumbres sobre la conducta de numerosos electores, empezando por la participación, que podría ser sensiblemente inferior a los anteriores comicios.

Estas elecciones, las primeras del 'postprocés', plantean dos grandes interrogantes. En primer lugar, se comprobará si el independentismo conserva su capacidad de convocatoria. Para los sectores más hiperventilados del secesionismo, el principal objetivo radica en superar la barrera del 50 % de los votos a fin de reactivar la vía unilateral. La consecución de esta meta podría verse favorecida por la abstención de votantes a opciones constitucionalistas, orillado el peligro inminente de la separación, aunque la abstención también podría cebarse en electores independentistas desengañados por las falsas promesas, las divisiones internas y la ausencia de una estrategia clara para lograr la secesión.

Las formaciones independentistas concurrirán a los comicios con un elevado grado de fragmentación tras la implosión de la antigua Convergència, de la que han surgido tres partidos: Junts, PDeCat y PNC. Frente a la antigua unidad de acción, ahora asistimos a una pugna implacable por la hegemonía del movimiento secesionista entre Junts y ERC, que plantean estrategias contradictorias por no decir antagónicas.

Junts propugna continuar con el enfrentamiento con el Estado y la activación a la menor oportunidad de la vía unilateral, como muestra la victoria en sus primarias de Laura Borràs. Por el contrario, ERC defiende una vía pragmática de pactos con la izquierda española en el poder y de acumulación de fuerzas, que postergaría indefinidamente un segundo intento separatista hasta no alcanzar una amplia mayoría de la sociedad catalana. La división de los partidos independentistas en la votación de los Presupuestos Generales del Estado ilustra suficientemente esta profunda división.

Esto nos conduce a la segunda incógnita que deben despejar estos comicios: la recomposición de la hegemonía en el interior de ambos bloques. Según apuntan las encuestas, en el bloque independentista se asistiría a un relevo, de manera que ERC se convertiría en la fuerza mayoritaria de este espectro político y en el partido más votado del país, aunque muy lejos de la mayoría absoluta. En el constitucionalista, estos mismos sondeos indican que se produciría un cambio en la correlación de fuerzas, favorable al PSC, que superaría a Cs, ahora la primera fuerza política de Cataluña y del bloque constitucionalista.

La eventual confirmación de estos pronósticos, es decir, que ERC y PSC fuesen las formaciones hegemónicas en sus respectivos bloques, supondría un signo de una cierta distensión en la sociedad catalana tras una década de extrema polarización, en la medida que el electorado habría premiado dentro de cada bloque a los partidos más proclives al diálogo y a reconstruir los puentes cívicos que saltaron en mil pedazos.

En cualquier caso, todo parece apuntar a una correlación de fuerzas muy compleja de cara a constituir una mayoría capaz de formar Gobierno. Los constantes conflictos entre Junts y ERC dificultan extraordinariamente la reedición de la actual coalición gubernamental. La hipótesis que se abre camino con más fuerza, a expensas del resultado electoral, radica en un bipartito entre ERC y Comunes -la versión catalana de Podemos-, con el apoyo exterior del PSC que, a cambio, exigiría a ERC apoyar al Gobierno de coalición en Madrid. Ello supondría el final de la larga etapa dominada por el proceso soberanista y la apertura de un nuevo ciclo en la política catalana.