Reproche moral
Editorial ·
La responsabilidad política atribuida al Gobierno vasco en el escándalo de los comedores escolares ha de extremar su celo en los contratos públicosel correo
Martes, 25 de junio 2019, 23:08
El fraude en la adjudicación del servicio de comedores en los colegios públicos de Euskadi a un grupo de empresas concertadas entre sí para repartirse ... los contratos con precios muy superiores a los del mercado no solo atenta contra los más elementales principios de la libre competencia. Esa manifiesta irregularidad, prolongada en el tiempo entre 2003 y 2015 sin que saltara alarma alguna en los sistemas de control de la Administración, deja en evidencia al Gobierno vasco. Su falta de diligencia o abierta dejación en esta materia durante más de una década ha costado a la ciudadanía entre 70 y 80 millones de euros, según el demoledor informe aprobado ayer por la comisión parlamentaria que ha investigado el escándalo. El dictamen atribuye al Ejecutivo la responsabilidad política de una monumental chapuza que no puede eludir con pobres excusas como las que ha improvisado. Despreciar las conclusiones como una mera operación partidista para desgastar al Gobierno porque han sido pactadas por la variopinta mayoría que forman EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP representa un burdo intento de desviar la atención y de rebajar la gravedad de unas prácticas inadmisibles que han supuesto un millonario despilfarro de dinero público.
Escudarse, como han hecho el PNV y el PSE, en la ausencia de «mecanismos suficientes de control» para detectar el cártel porque en aquellas fechas no existía la Autoridad Vasca de la Competencia -que fue quien lo descubrió- equivale a ignorar que corresponde la Administración garantizar un eficiente uso de sus recursos y la legalidad de los contratos que firma. Esa obligación es tan ineludible como compatible con las funciones que tienen atribuidas los organismos supervisores, la oposición o la Justicia, que en este caso han cubierto los huecos dejados por la inacción del Ejecutivo. El Tribunal Superior ya sacó los colores al Gobierno vasco por su «pasividad» en el fraude, sobre el que no consta prevención ni indagación alguna por su parte. Pese a ello, no existe ningún indicio de que altos cargos de Educación -un departamento controlado por EA, el PSE y el PNV en ese periodo- ampararan o propiciaran tales prácticas, y mucho menos de actuaciones potencialmente delictivas. La atribución de responsabilidades políticas al Gobierno vasco constituye un reproche moral que ha de servir para extremar el celo en la gestión de los recursos públicos y evitar nuevos engaños a costa de los contribuyentes.
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