Obligado aplazamiento
Editorial ·
Era impensable celebrar las elecciones vascas con un estado de alarma que tiene confinada a la población para evitar contagiosel correo
Martes, 17 de marzo 2020, 00:09
La declaración del estado de alarma en toda España y de emergencia sanitaria en Euskadi, que ha recluido a la ciudadanía en sus hogares salvo ... causas de fuerza mayor, hacía impensable la celebración de las elecciones vascas el 5 de abril. Máxime cuando lo peor de la crisis desatada por el coronavirus está por llegar y nuestra comunidad es uno de sus principales focos, con 727 infectados y 36 muertos hasta ayer. Por ello resulta plenamente acertada la decisión del lehendakari de aplazar las autonómicas hasta que se supere esta excepcional situación y su compromiso de convocarlas en condiciones normalizadas «el primer domingo que sea posible». El unánime acuerdo en ese sentido entre Iñigo Urkullu y los líderes de los principales partidos constituye una muestra de responsabilidad al blindar desde el punto de vista político una iniciativa que prioriza la protección de la salud y pretende cubrir el vacío legal existente sobre la suspensión de unos comicios ya en marcha.
La afluencia de cientos de miles de votantes a las urnas sin que el Covid-19 estuviese bajo control era contradictoria con las drásticas restricciones al movimiento de personas decretadas para frenar el contagio. Además, el mantenimiento de la fecha electoral habría disparado la abstención, como ocurrió el domingo en las municipales francesas, y distorsionado los resultados de un modo imprevisible, con el consiguiente peligro de que la legitimidad del Parlamento se viese puesta en tela de juicio. En definitiva, celebrar las autonómicas en ese contexto era inconveniente para la salud pública y para la democracia, como apuntan los servicios jurídicos del Gobierno vasco en el inforne que avala la medida.
Conforme se acercaba el 5 de abril y se expandía a toda velocidad el coronavirus no estaba tanto en cuestión la procedencia del aplazamiento como quién debía adoptar tal decisión, no prevista en la normativa vigente, para garantizar su debida seguridad jurídica. En la pugna entre el derecho a la salud y a la participación en la vida política, el Ejecutivo se ha inclinado por la primera con argumentos tan razonables como que si el lehendakari tiene capacidad para convocar los comicios la tendrá para modificar su fecha en unas excepcionales circunstancias como las que ahora concurren. Los riesgos legales que comportaba cualquier salida deberían ser conjurados en este caso por el consenso entre los partidos y el apoyo de las instituciones afectadas.
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