Error político y jurídico
El rechazo a la designación de Miquel Iceta como senador supone un veto político en toda regla inadmisible desde cualquier punto de vista. Representa un ... acto incongruente con la posición mantenida desde siempre por las formaciones parlamentarias que se ha basado en el respeto a los candidatos propuestos por los grupos sin que el acto de ratificación se entendiera como la facultad de votar «no». ERC y JxCat llevaron a cabo ayer en el Parlament un acto de ruptura con su historia y sus propios actos en esta materia. Pero, además, el veto a Iceta representa un gravísimo error político y una equivocación jurídica. En su dimensión política la decisión resulta incomprensible, particularmente desde el punto de vista de la estrategia que, al parecer, estaba dispuesta a impulsar ERC, orientada a ampliar la base social del republicanismo independentista mediante la apertura de su proyecto a nuevos sectores, especialmente a los favorables a la celebración de un referéndum, mediante la progresiva eliminación de las barreras interiores, dejando a un lado estrategias que buscan la confrontación y la división de la sociedad catalana en dos mitades enfrentadas.
La posición de rechazo a la candidatura de Iceta sería más entendible si la iniciativa y la firmeza hubieran venido del independentismo más excluyente que representa el binomio Puigdemont-Torra. Pero todo se vuelve más incomprensible cuando observamos que han sido los republicanos los que han llevado la batuta de la intransigencia hasta el punto de asombrar y arrastrar en su radicalidad a los neoconvergentes. Este reposicionamiento radical de Esquerra ha sorprendido negativamente a mucha gente en Cataluña, entre los que se encuentran miles de votantes que respaldaron las listas de los republicanos en los últimos comicios. Y, sin embargo, la única explicación 'racional' que puede tener esta posición de veto es que los promotores piensen que este acto de ruptura con el PSC y de agravio a su primer secretario electoralmente era imprescindible dada la disputa entre Junqueras y Puigdemont para las europeas.
Desde el punto de vista jurídico, expertos en Derecho Constitucional han calificado la decisión como un disparate jurídico, que será anulado por el Constitucional cuando examine el recurso de amparo. Comparto en gran medida tanto la valoración jurídica como su escasa viabilidad para mantenerse en vigor. La Constitución dispone que estos senadores representan a la comunidad autónoma y que su designación se realizará asegurando, en todo caso, la adecuada representación proporcional. Por su parte, el Reglamento del Parlament indica que los senadores representan a la Generalitat y la regulación de su designación aporta puntos esenciales para este conflicto. La Mesa es quien fija el número de senadores que corresponde a cada grupo. En el plazo fijado por el presidente los grupos «deben proponer sus candidatos». Hechas públicas las propuestas se convoca Pleno para «su ratificación». Cualquier sustitución de un senador elegido se realizará por el mismo procedimiento. La voluntad determinante es la del grupo, no la del Parlament, pues éste no tiene legitimidad para designar a quien no ha sido propuesto por aquel. Una gran metedura de pata de ERC, pues su rechazo solo se entiende como veto político, en un ejercicio evidente de abuso de derecho.
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