Otra oportunidad perdida

El proyecto de Ley orgánica de Modificación de la LOE, que quedará como 'ley Celaá', salió ayer de la comisión del Congreso más o menos ... tal como entró, incluida la sonada variación que relegaría la lengua castellana a muy segundo plano en las comunidades que cuentan con «lengua propia». El registro del proyecto y su debate parlamentario han coincidido con el momento más inoportuno para una discusión franca dentro de la comunidad educativa y entre ésta y los poderes ejecutivo y legislativo. Entró en Cortes a la semana siguiente del estado de alarma de marzo. Durante la primera ola y la segunda de la epidemia, familias, docentes y alumnos se han visto abrumados por la urgencia de que las clases siguieran y de asegurar la salud de estudiantes y profesorado, así como de sus respectivos convivientes. De modo que no resultaría exagerado señalar que el texto y su tramitación se han visto encapsulados en una burbuja política a la búsqueda de una inmunidad particular que contradice la naturaleza del asunto: ofrecer al país un marco legal consensuado para que los protagonistas directos del hecho educativo -alumnado, docentes, madres y padres o tutores- se encuentren con el resto de la sociedad y de las instituciones para procurar el progreso común en igualdad de nuestros menores.