El muro de la vivienda

Esta es la realidad, dos años después de la entrada en vigor de la ley de vivienda, que puede ser matizada o ampliada en las comunidades autónomas por la transferencia de competencias. Aunque el año pasado se finalizaron un 11% de pisos más con respecto al ejercicio anterior, España está muy lejos de resolver el problema. El Gobierno de Sánchez ha buscado flexibilizar el mercado con una batería de medidas entre las que sobresale la declaración de zona tensionada, un instrumento que permite contener los precios del alquiler para acabar con «la ley de la selva», en palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Hasta la fecha, solo Euskadi, Navarra, Cataluña y Asturias han asumido esa posibilidad.

Las autonomías gobernadas por el PP se han plantado al rechazar una intervención del mercado. Tampoco hay consenso sobre el uso de la fiscalidad para penalizar los inmuebles vacíos con el fin de forzar su salida en renta. Mientras los partidos no sean capaces de mantener la vivienda al margen de la polarización, será difícil restar obstáculos a una de las mayores preocupaciones sociales. Hay varios caminos abiertos para favorecer el acceso a un piso digno: la cesión de suelo municipal para construir más -Euskadi plantea recortar la reserva de VPO para reactivar promociones que no se consideran rentables-, la ampliación del alquiler social o el control de los alojamientos turísticos, sobre todo de los ilegales.