La celebración ayer de una reunión de alto nivel en Madrid permitió a los gobiernos de España y Marruecos repasar el estado de sus relaciones. ... Hasta ahí lo que pueden conocer los ciudadanos, porque se acordó no celebrar comparecencia alguna ante los medios de comunicación, más allá de la foto de bienvenida. Ni siquiera los ministros de Sumar, el socio de coalición del PSOE, fueron convocados a las conversaciones, posiblemente debido a que manifiestan su rechazo a reconocer la soberanía de Rabat sobre el Sáhara Occidental. Esta oposición era compartida por los socialistas hasta que en 2022 Pedro Sánchez acometió un giro histórico al plegarse al plan de anexión marroquí sin contar con ningún partido con representación parlamentaria. Desde entonces, el entendimiento entre ambos ejecutivos se lleva a cabo bajo los principios de la opacidad y la incertidumbre.
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Cedido el Sáhara, Pedro Sánchez consiguió que las desavenencias históricas en torno a la excolonia española quedaran temporalmente aparcadas y que, así, los encuentros entre ambos países tomaran un cariz principalmente económico. La razón es sencilla: Marruecos es un socio comercial clave para España y Madrid, a su vez, es el principal aliado empresarial del vecino del sur desde 2012. Más de mil sociedades españolas se hallan instaladas en suelo marroquí y la mayor parte de las exportaciones de aquel país a Europa se hacen a través de España. El ejercicio 2024 supuso un récord histórico en materia de intercambios, que superaron los 22.600 millones. Por si fuera poco, Rabat, que ejerce el control de la migración subsahariana, tiene capacidad de aliviar -y aumentar- tensiones en nuestro país.
Dada la volatilidad del panorama geopolítico actual, el presidente del Gobierno puede argumentar con razones económicas su decisión de normalizar las relaciones con Marruecos. Ayer se firmaron acuerdos en materias relevantes, como la transición digital, la prevención de desastres naturales, la agricultura y la lucha contra los extremismos. Pero el Ejecutivo no debería olvidar que la política exterior es una cuestión de Estado, en la medida en que afecta a capítulos sumamente sensibles y con potencial impacto en el conjunto de las empresas y los ciudadanos. El tratamiento opaco de estas reuniones dificulta el afianzamiento de una actividad hacia el extranjero consensuada y, por ello, estable.
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