Crisis y democracia
El recurso a la militarizació en el control social se vuelve instrumento para restringir la libertad de expresión, como adelantaba la capciosa pregunta del CIS
Conforme ha ido avanzando la crisis del coronavirus, proliferan los discursos que insisten en la exigencia de dar un giro radical a las condiciones de ... vida en nuestras sociedades. Algunos son sobradamente razonables al recordar que el maltrato sufrido por la naturaleza y por el propio planeta entraña un alto riesgo para la supervivencia de sus habitantes. Otros son, sin embargo, utópicos en la acepción negativa del término, siendo irrealizables y distantes de las condiciones efectivas en que vamos a encontrarnos después de la pandemia. Tras el horror viene bien soñar, pero sin apartarse de ese condicionamiento que desde ahora va a gravitar sobre la existencia de muchos países; entre otros, del nuestro.
No es tiempo, pues, para dar saltos en el vacío, sino de atenerse a los datos disponibles con el refuerzo de las experiencias acumuladas por la incidencia social y política de crisis anteriores. Aun cuando el tema siga siendo virgen para la mayoría de los historiadores, resulta innegable el enlace entre la tremenda incidencia de la llamada 'gripe española' de 1918-1920, con sus cincuenta millones de muertos en el mundo y el tiempo de crispación que siguió al fin de la Primera Guerra Mundial, cuyo fruto político fue la formación de los movimientos fascistas. El más temprano, forjado por Mussolini, llegará al poder en 1922 a tiempo para capitalizar la recuperación económica de los felices años 20. Con otras características, algo parecido sucedió en España en el tránsito de las conmociones sociales iniciadas en 1921 a la dictadura de Primo de Rivera. Desplome económico y demográfico, sentimiento general de inseguridad, desagregación y violencia en las relaciones sociales, refundación autoritaria del sistema de poder precedente. Tal es la secuencia.
En la situación actual, tenemos ya asegurada la profunda crisis económica que seguirá a la pandemia. Salvar vidas mediante el confinamiento ha tenido como precio el desplome económico, marcado por el empeoramiento de las condiciones de vida populares y por una erosión del tejido productivo cuyas dimensiones aún no podemos medir, pero que serán sin duda de gran importancia. De ahí que medidas de excepción, debidamente pensadas y calculadas, como el ingreso vital mínimo resulten imprescindibles, sin que deban ser vistas como instrumento de una renacida lucha de clases.
Aquí el obstáculo reside en la configuración del mapa político, que dificulta en extremo la traducción de ese interés general en el trazado de una política de concertación eficaz. Estamos ante un enfrentamiento político muy acusado y el apego a una visión estrecha de los intereses de clase. Desde la extrema derecha cabe apreciar la visible tentación de romper la baraja; desde Unidas Podemos, la propensión a ganar poder como sea, dentro del propio Gobierno, y de avanzar hacia sus objetivos populistas, convirtiendo la protección social, el «escudo social», en plataforma para la transformación de un sistema cuya superación se propone.
Por parte del Gobierno, entra en juego otro intento, este de naturaleza política, nacido paradójicamente de la conjunción entre el riesgo de pandemia infravalorado y el éxito de una propaganda oficial triunfante hasta el 8-M. Parafraseando el título del viejo filme, 'Más dura fue la caída', pero el duro golpe de la realidad no llevó a examinar las enormes insuficiencias de la fase previa -no solo el sistema sanitario, muy superior al portugués, gestionado éste con acierto político-, sino a seguir proclamando la validez de una respuesta, a pesar de que España se convertía en campeón de muertes por habitante en Europa.
El recurso final a la militarización, en el control social, incluso en el plano simbólico, resultaba inevitable. Lo prueban, desde la muy cuestionable adopción del estado de alarma -«suspender» no es «limitar» de forma acotada a horas y lugares, ley 4/1981, art. 11ª- a la increíble revelación de que la Guardia Civil no solo combate bulos, sino que se emplea en «minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno». Esto es, se convierte en instrumento para restringir la libertad de expresión, conforme adelantaba la capciosa sexta pregunta del cuestionario del CIS.
Aún es tiempo para rectificar, sin sostener el engaño hablando de «lapsus» en las citadas declaraciones del general. Reconozcamos los tremendos vacíos de información -aquella respuesta de Simón al tinglado de los tests falsos chinos-, y planteemos de veras una concertación transversal. Solo que lo necesario no es en este caso lo esperable. Hay una tendencia general, con excepciones ejemplares, como Macron, Merkel, Conte o Cuomo, a resolver la complejidad de la crisis apelando al recorte o al falseamiento de la democracia. De Orban a Putin, de Modi en India al Gobierno polaco. Ante los indicios de militarización de instituciones y pensamiento en España, hay que evocar una segunda resistencia, más allá del coronavirus, del todo compatible con un estricto cumplimiento de la ley.
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