Clima de sintonía

La decisión de Pedro Sánchez de abrir con el lehendakari su ronda de entrevistas con los presidentes autonómicos tiene un alto valor simbólico, más allá del argumento esgrimido por La Moncloa -el orden de aprobación de los estatutos- para inaugurar el proceso con Iñigo Urkullu y no con Quim Torra. El encuentro de ayer evidenció un esperanzador clima de sintonía entre los gobiernos central y vasco, así como la mutua disposición a iniciar un nuevo tiempo basado en el diálogo. A ello contribuyen tanto el decisivo apoyo jeltzale a la moción de censura que derrocó a Mariano Rajoy como la alianza entre el PNV y los socialistas en las principales instituciones de Euskadi. No obstante, habrá que esperar a que los buenos propósitos que se cruzaron ambos interlocutores se concreten en hechos antes de certificar el arranque de una fructífera etapa de entendimiento. Sánchez y Urkullu comparten un interés común en escenificar un cambio en la relación entre ambas administraciones. El primero, para remarcar un viraje respecto a la estrategia del PP. El segundo, para justificar el apoyo de su partido al presidente socialista, entre otras razones. La comisión «bilateral y permanente» que acordaron crear sobre las transferencias aún pendientes es un guiño en ese sentido. También la anunciada para perfilar un «nuevo enfoque» de la política penitenciaria con los presos de ETA. Un asunto que concita un elevado nivel de consenso en Euskadi, aunque la frontal oposición del PP y las reticencias expresadas por algunos colectivos de víctimas obligarán al Gobierno central a moverse con extrema cautela. Tanta que La Moncloa ni siquiera informó en su nota oficial de ese grupo de trabajo que, como el del desarrollo íntegro del Estatuto, carece de un calendario cerrado. Aún así, la puesta en marcha de ambos supone ya un avance para el Gobierno vasco, que ha dado muestras de entender la delicada posición de Sánchez -en una precaria minoría, que aspira a corregir desde las palancas del poder- al no atosigarle por ahora con el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social o las prisiones. Dos competencias de complejidad técnica -la primera- y alto voltaje político -ambas- que suscitan una gran controversia en el resto de España, donde conllevan un evidente riesgo de desgaste para el PSOE. Un riesgo aún más palpable y que dificultará un acuerdo si el PNV se enroca en plantear una reforma del Estatuto en clave soberanista, exclusivamente de la mano de la izquierda abertzale, que ignore la pluralidad de Euskadi y sin visos de prosperar en el Congreso de los Diputados.