Una apuesta bienvenida y arriesgada
El presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, llegaron en la mañana de ayer, apenas 36 horas después de ... conocerse los resultados de las elecciones generales, a un preacuerdo para formar juntos un Gobierno de coalición con el objetivo de desbloquear una situación política que ellos mismos bloquearon durante meses tras los comicios del 28 de abril. El apretón de manos se produce, además, cuando sus respectivas formaciones tienen menos diputados que tras la anterior cita con las urnas. Y es que, como señala el sabio refranero español, «a la fuerza ahorcan», y lo que era imposible hace tres o cuatro meses ahora aparece como ineludible.
Pero el Gobierno que aspiran a conformar no era el único posible. Personalmente veía dos ejecutivos probables. De entrada, España se enfrenta a dos grandes retos. Por un lado, una enorme tasa de desempleo, solo superada en Europa por Grecia y, además con riesgos de parón en lo económico, si no de una nueva recesión. Por el otro, la cuestión territorial, no resuelta después de cuarenta años de democracia. Había dos únicas salidas a ese atolladero: una gran coalición PSOE-PP o una unión de izquierdas entre socialistas y Unidas Podemos, con apoyo fuerte de algunos partidos nacionalistas.
La gran alianza daría estabilidad al país, con 208 diputados en el Parlamento y el control del Senado. Agruparía además a la mayoría de los escaños de centro-derecha y centro-izquierda, y recibiría los parabienes de la Europa centrada (por populares, socialistas y liberales). Al ser tan diferentes en algunos asuntos PP y PSOE, mutuamente se contrabalancearían en sus aspectos más extremistas: la apuesta anti-autonomista de los populares con los palos en alto y la tentación de derivar hacia Vox podría contenerse si la coalición funcionara, en cuyo caso el bipartidismo tradicional subiría unos enteros. El PSOE entraría en razón a la hora de prometer lo que no puede pagar, frenaría sus derivas secularistas en temas laicistas de todo tipo -incluido cierto feminismo- y haría valer a los populares la importancia de las autonomías, mirando al PP vasco.
El gran inconveniente de esa amplia coalición, además del veto recíproco de las dos formaciones (que se repitió el lunes postelectoral), es que no haría nada para avanzar en la resolución de los dos grandes problemas (social y territorial). A lo más lo dejaría como está: mal y empozoñándose todavía más, máxime teniendo en la oposición a Vox, que marcaría de cerca al PP (la derechita acomplejada). Además, Podemos le sacaría los colores al PSOE por no hacer lo suficiente en la cuestión social y los partidos nacionalistas lo tendrían enfrente al constatar, una vez más, que el problema territorial queda sin resolver. Y España sería menos España, con cada vez más ciudadanos que no se sienten españoles si no es «por imperativo legal».
En mis cabales de la noche electoral la segunda opción en la que pensaba, poniendo el foco prioritariamente en la cuestión territorial, exigiría hacer partícipes del Gobierno, en modalidades diferentes, a los partidos nacionalistas. Pensaba en un Ejecutivo conformado por ministros del PSOE, UP y PNV. La opción que se presentó ayer parece excluir a los peneuvistas del gabinete (aunque no tengo ni idea de si los jeltzales quisieran entrar en él), que lo conformarían de forma exclusiva socialistas y Podemos.
En el punto nueve del preacuerdo apelan a la cuestión territorial, en concreto a Catalunya, y al Estado de las autonomías, aunque parece que esta referencia es bastante ambigua. En realidad, este primer compromiso es más un capítulo de intenciones que un programa de Gobierno que, señalan, se llevará a cabo más adelante.
Esta llamada al Estado de las autonomías, el fuerte cariz social (en las intenciones, insisto) y el recuerdo a la España vaciada puede hacer que, con el apoyo parlamentario de algunos partidos nacionalistas (el PNV y quizá ERC), así como los regionalistas (PRC, Coalición Canaria, y Teruel Existe), sin olvidar a Más País, se puedan conseguir los números para conformar un Ejecutivo relativamente estable.
Pero sospecho que ERC y Junts per Catalunya necesiten algún tipo de esperanza fundada de que los políticos presos sean excarcelados y los 'exiliados' puedan volver. Pero España sabe excarcelar presos con penas más graves que las impuestas a los líderes del 'procés' y acoger exiliados políticos. ¿Hay que dar nombres?
El futuro Gobierno se enfrenta a dos inconvenientes mayores. Uno sería el temor de los grupos financieros y conservadores por tener sentados en el consejo de ministros a miembros de Unidas Podemos. Aparte de que muchas de sus sugerencias son perfectamente asumibles, apuntarían a la publificación aún mayor de la sanidad, de la educación, a un anticapitalismo primario y de boquilla, la exculturación socio-cultural de la dimensión religiosa, más derechos que deberes, cierto feminismo, etc...
Veo complicado también dejar fuera del poder a toda la derecha española, anti-autonomista, y con mil miedos a la inmigración (de la que nada dice el preacuerdo), en un Ejecutivo muy pro-estatalista, y que no alude tampoco a la sociedad civil y a sus iniciativas.
Pero es una apuesta fuerte que apoyo y que solo es sostenible si el Gobierno defiende la libertad (cada día más en entredicho), confía en los ciudadanos y no ahoga la iniciativa social.
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