Un acto de justicia

La equiparación de las ayudas a las víctimas del terrorismo, al margen de que sus casos hayan sido juzgados o no, repara una discriminación histórica

Un flor es depositada en una ofrenda en homenaje a las victimas del terrorismo, junto a la escultura , Brujula de Medianoche./Iosu Onandia
Un flor es depositada en una ofrenda en homenaje a las victimas del terrorismo, junto a la escultura , Brujula de Medianoche. / Iosu Onandia
EL CORREO

La historia del fanatismo criminal de ETA dejó un reguero de más de 850 víctimas mortales, fruto de medio siglo de despiadado terror en el que intentó atenazar y sojuzgar a toda la sociedad. La huella de su barbarie se extiende también a los miles de amenazados que estuvieron en su punto de mira, que vieron coaccionada su libertad y en peligro su vida por haber sido incluidos en las macabras listas negras de la banda. El Ministerio del Interior ya ha reconocido como víctimas a una parte de estos 'señalados', que pueden acogerse así a las ayudas establecidas para quienes han sufrido el acoso del terrorismo. Era un acto de justicia, impulsado por una reforma normativa aprobada en 2013. Ahora se dispone a equiparar las indemnizaciones previstas en la ley para los damnificados de atentados que están recogidos en una sentencia y los que carecen de una resolución judicial que refleje los ataques perpetrados contra ellos. La medida acabará con un agravio comparativo insostenible, por el que víctimas reconocidas como tales perciben cantidades muy inferiores -hasta la mitad en los casos de muerte- a las de otras en idéntica situación si los ataques que han sufrido están pendientes de juicio al no existir indicios sobre sus presuntos autores o inductores. Se trata de una reivindicación histórica de todas las asociaciones, cuya satisfacción es incuestionable. Lo único sorprendente es que una medida tan razonable, reivindicada por un colectivo que merece la máxima consideración social y de las instituciones, no haya sido adoptada hasta ahora por ningún Gobierno y solo vaya a ser aplicada tras la disolución de ETA y cuando están a punto de cumplirse siete años de su anuncio de abandono de la violencia. Se da la circunstancia de que una parte significativa de los afectados son familiares de los más de 300 asesinados por la banda cuyos crímenes aún están por resolver. Un fracaso sin paliativos que es obligado corregir para saldar la deuda moral pendiente con la memoria de los damnificados y salvaguardar la dignidad del propio Estado de Derecho. Esas víctimas lo son de una doble injusticia: la inadmisible discriminación en las indemnizaciones, que por fin va a ser subsanada, y la ausencia de la mínima reparación al daño causado que supone la identificación de los culpables, su puesta a disposición de la Justicia y el cumplimiento de las penas que les correspondan en aplicación de la ley. La democracia que ha vencido a ETA tiene la obligación de volcarse con las víctimas y construir un relato sobre la base de su ejemplo y la verdad.