Un juez rechaza paralizar la suspensión del Parlamento británico impulsada por Johnson

Raymond Doherty, juez del máximo tribunal de Escocia, ha rechazado la petición respaldada por más de setenta diputados británicos para que suspendiese temporalmente la maniobra de Johnson acortando el tiempo disponible para que el Parlamento bloquee la posibilidad de un Brexit sin acuerdo.

En una breve sentencia, lord Doherty ha afirmado que no existe «una necesidad convincente» para prohibir ahora la ejecución de la decisión de suspender el Parlamento en la segunda semana de septiembre y hasta el 14 de octubre. Pero analizará con más profundidad los argumentos del caso el próximo martes, adelantando la fecha prevista.

El argumento de los abogados que representan a los diputados, encabezados por Johanna Cherry, miembro del Partido Nacional Escocés (SNP), parte del reconocimiento de que la orden de suspensión, aceptada por la reina Isabel II, es materia jurídica para los tribunales, aunque las decisiones de la monarca están cubiertas por la inmunidad absoluta.

Los letrados argumentaron el jueves que lo que se juzga es el consejo del Gobierno sobre la suspensión, no su aceptación por la reina. Calificaron la maniobra del primer ministro como un «abuso de poder» y un intento de evitar «la rendición de cuentas» del Ejecutivo ante el Parlamento.

Los abogados que representan al Gobierno insistieron en que la decisión de suspender temporalmente el Parlamento es «eminentemente política» y por tanto no es materia para los jueces. El juez avala su argumento sobre la ausencia de necesidad de una suspensión provisional, cuando la vista del caso ya estaba planeada para el próximo viernes, antes de que tenga efecto la decisión del Gobierno.

En las deliberaciones del caso se han enfrentado argumentos sobre si el proceso hacia el Brexit abrupto, que los diputados quieren bloquear también en el Parlamento, requiere la aprobación de leyes. Es un aspecto crucial del caso, porque los magistrados británicos rehúsan habitualmente juzgar la aplicación de convenciones establecidas en la tradición del Gobierno o del Parlamento.

Si es realmente necesaria una ley que afecta a derechos de los ciudadanos, los jueces pueden intervenir, como ocurrió en 2017 cuando el Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales sentenció que el Gobierno debía someter al Parlamento la invocación del Articulo 50 del Tratado de la Unión Europea para iniciar la negociación del Brexit, porque la marcha de la UE afecta a derechos establecidos. Pero los abogados del Gobierno afirman que no hay necesidad de aprobar una ley si no hay acuerdo entre Londres y Bruselas y que la marcha británica se producirá entonces automáticamente, en base a una ley de Retirada de la UE ya aprobada por el Parlamento.

El exprimer ministro conservador John Mayor consistente critico del Brexit y que ya habia expresado su oposición radical a la suspensión del Parlamento en el contexto actual, se ha presentado como parte en el caso emprendido en los tribunales de Londres por Gina Miller, que financió la exitosa petición de revisión judicial sobre el procedimiento constitucional para activar, en 2017, el Artículo 50