Así quedará el sistema de las pensiones tras la reforma

La reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno toca a su fin más de un año y medio después de que se aprobaran las primeras medidas. Era un deber impuesto por la Comisión Europea para recibir los fondos 'Next Generation' creados para mitigar los efectos de la pandemia. Pero también para afrontar el desafío demográfico y económico que supone la próxima jubilación de la generación del 'baby boom', la más numerosa en muchas décadas.

En agosto de 2021 se dio luz verde al primer gran paquete de medidas, que afectaba a asuntos tan importantes como le revalorización de las pensiones o la edad de jubilación. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cerró la pasada semana la segunda batería de medidas, que tendrá que ser validado en las Cortes.

Estos son los principales puntos del nuevo sistema de pensiones:

Se suprime el mecanismo ideado por el último Gobierno del PP, que consistía en una revalorización automática del 0,25% mientras el sistema de la Seguridad Social tuviera déficit.

Ahora las pensiones están ligadas a la inflación media de los doce meses anteriores a diciembre del año en curso. Así, las prestaciones para este 2023 se han calculado con el IPC promedio del periodo que va entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022. De esta forma se garantiza que las pensiones no pierdan poder adquisitivo frente a los precios.

Para acompasar la edad legal de jubilación (66 años y cuatro meses si no se han cotizado al menos 37 años y 9 meses) y la efectiva (la media de edad a la que se retiran los trabajadores es ligeramente inferior a 65 años) se han tomado dos medidas.

Por un lado, la aplicación de coeficientes reductores -porcentaje que se resta a la pensión según el número de meses en que se adelante la jubilación- más duros.

Por otro, un incentivo a los trabajadores que retrasen su retiro laboral. Podrán elegir entre tres opciones: un porcentaje adicional del 4% a su prestación por cada año completo que se cotice tras cumplir la edad ordinaria; recibir una cantidad a tanto alzado (aproximadamente desde los 5.000 a los 12.000 euros); o una combinación de ambas.

En la segunda mitad de 2021 el Gobierno derogó el factor de sostenibilidad, instrumento ideado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013 que vinculaba las pensiones de los nuevos jubilados con la esperanza media de vida.

En su lugar ideó el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que no ha terminado de perfilarse hasta ahora. El MEI, que entró en vigor el pasado 1 de enero, implica una subida de las cotizaciones de los trabajadores del 0,6%, independientemente de su nivel salarial. De ese porcentaje, el 0,1% lo aporta el empleado y el 0,5% restante corresponde a a la empresa. El mecanismo crecerá una décima al año hasta llegar al 1,2% en 2050.

Se aprobó en julio del año pasado. Su objetivo es que los autónomos coticen por sus ingresos reales y, por lo tanto, ya no puedan elegir libremente la base de cotización. El nuevo sistema establece una nueva tabla de tramos de rendimientos netos -diferencia entre ingresos y gastos deducibles-, bases de cotización y cuotas para los aproximadamente 3,3 millones de autónomos registrados en España durante 2023, 2024 y 2025.

Este año la horquilla de cuotas va desde los 230 a los 500 euros y se irá modulando en los dos ejercicios siguientes, de forma que en 2025 la aportación mínima bajará a los 200 euros y la máxima subirá a 590 euros.

Cada autónomo quedará incluido en una horquilla de ingresos con su correspondiente base de cotización, sobre la que se aplicará un porcentaje -fijado cada año en los Presupuestos Generales del Estado- que dará como resultado la cuota mensual a la Seguridad Social. Eso sí, los autónomos son libres de cotizar por una base superior a la que le corresponde.

Estos trabajadores tendrán que calcular los rendimientos netos del año en curso y elegir una base de cotización. Si al cabo del año esos rendimientos no se corresponden con la horquilla de ingresos previstos inicialmente? La administración regularizará los pagos, de forma que si un autónomo ha cotizado por un tramo superior al de los rendimientos netos que finalmente ha tenido, se le devolverá la diferencia en un plazo de cuatro meses.

Tras las vacaciones del pasado verano Gobierno y agentes sociales acometieron otros dos importantes asuntos de la reforma, que no se han aprobado hasta la pasada semana.

El primero de ellos es el destope de la base máxima de cotización y de la pensión máxima. En realidad no se suprime ambos topes, sino que se incrementan progresivamente a lo largo de los años.

No será un aumento simétrico, sino que la base máxima de cotización aumentará más que la pensión: lo hará un 1,2% extra a la subida de precios, año a año, a partir de 2024, de manera que en 2050 haya acumulado un alza del 38%.

Por contra, las pensiones máximas sólo crecerán un 3,15% adicional en ese periodo, pese a que en 2051 se les aplicará incrementos adicionales que llegarán al 20% en 2065.

Se fija un sistema dual -que no operará hasta 2027- de manera que el jubilado pueda escoger entre dos opciones a la hora de calcular su pensión: utilizar los últimos 25 años cotizados, o contar los últimos 29 años descartando los 24 meses en los que menos haya cotizado. Esta última posibilidad se desplegará progresivamente durante 12 años a partir de 2026. Según el Gobierno, este nuevo sistema «beneficiará especialmente a los trabajadores con carreras irregulares».

Es el último acuerdo al que han llegado Gobierno y agentes sociales. Implica la subida de las pensiones mínimas contributivas, aunque ese incremento no será igual para todos los tipos.

En el caso de las pensiones de jubilados con 65 o más años y cónyuge a cargo «no podrá ser inferior al umbral de pobreza calculado para un hogar de dos adultos». Esta fórmula arrojaría, a día de hoy, una pensión de unos 14.300 euros brutos anuales. Según los cálculos de Escrivá, en 2027 esa cantidad -teniendo en cuenta la evolución del umbral de pobreza- será de unos 16.500 euros anuales, un 22% más que ahora.

También se acordó revalorizar las cuantías mínimas de viudedad, que subirá desde 40 euros al mes cuando la persona titular no tenga cónyuge a cargo, y alcanzará un aumento de 126 euros cuando sí lo tenga. En este último caso la pensión mínima quedará equiparada a la de un jubilado de 65 o más años con cónyuge a cargo: unos 16.500 euros al año.

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