Expertos proponen una renta básica universal contra el incremento de la desigualdad

España ha experimentado en la última década un importante incremento en los niveles de desigualdad, que el actual sistema de protección social se ve incapaz de frenar. Por eso es necesario implantar una renta básica universal que asegure el mínimo nivel de ingresos necesario para satisfacer las necesidades primordiales de los ciudadanos. Es la propuesta incluida en un estudio del Observatorio Social de La Caixa, titulado 'Reforzar el bienestar social. Del ingreso mínimo a la renta básica'. El informe recoge la opinión de un grupo de expertos -liderado por el exministro Jordi Sevilla, y compuesto principalmente por profesores universitarios y economistas re reconocido prestigio- sobre la actual situación económica española y la capacidad de las ayudas y subsidios existentes de garantizar unos ingresos mínimos.

Según los autores del estudio, España es el país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad, como consecuencia de la crisis económica y las políticas de austeridad desplegadas por las administraciones, que «han generado un nuevo patrón de pobreza en nuestro país». Además, los tradicionales mecanismos del estado del bienestar español, basado en trayectorias laborales estables y a un potente sistema de pensiones, «han dejado a numerosos colectivos sociales excluidos de su campo de protección».

Una brecha social plasmada en el 34% de parados de larga duración (más de dos años) que no logran reintegrarse en el mercado laboral; en un 26,5% de población en riesgo de pobreza o exclusión social. O de casi un tercio de los menores de 16 años que viven por debajo del umbral de pobreza. Y, por si fuera poco, un 13% de trabajadores pobres.

El informe identifica cuatro tipos de desigualdad: en el mercado de trabajo, generacional, la originada por los cambios tecnológicos (que, no obstante, aún es pronto para evaluar) y la fiscal. En este último caso, los expertos alertan de que el sistema español «es uno de los que menos redistribución generan». Y es que, advierten, el gasto social en España (que asciende al 24,7% del PIB) es cinco puntos inferior a la media europea. Hablamos de un país que es, junto con Italia, uno de los europeos «donde menos capacidad de redistribución tiene el sector público»:

El 'quid' de la cuestión se halla, a juicio de los autores del estudio, en quién y cómo paga impuestos, y en cómo se prioriza el gasto público. El sistema impositivo español, por debajo de la media de la Unión Europea hasta en 7 puntos del PIB, es «muy ineficiente y poco progresivo». Los pobres pagan proporcionalmente más impuestos que la clase media, sobre todo debido al peso de los impuestos indirectos como el IVA.

El estudio cree «urgente» acometer una reforma «en profundidad» del sistema de protección social para ajustarlo a las nuevas necesidades sociales y económicas. Y es que los actuales subsidios que buscan combatir esa brecha social no han funcionado por diversos motivos. El primero de ellos es la llamada 'trampa de la pobreza': cuando se es perceptor de un subsidio condicionado, existe «un fuerte desincentivo para buscar y realizar un trabajo remunerado». Otra razón la constituyen los altos costes administrativos derivados del control de esos subsidios, que además procuran una «cobertura insuficiente» y provoca «estigmatizacion» en los beneficiarios.

De ahí la necesidad de pensar en una renta básica universal, una figura que ha atraído una creciente atención en los últimos años debido al fracaso de los subsidios condicionados, y porque el trabajo asalariado ya no garantiza esquivar la pobreza. También a causa de la mecanización y sustitución de muchos empleos, y a unas condiciones de vida y de trabajo «cada vez peores».

La propuesta de la renta básica universal parte de una premisa: todos los ciudadanos tendrían la obligación de presentar su declaración de la renta. Y si estuvieran por debajo del mínimo vital el Estado les devolvería la diferencia. En caso contrario, tendrían que pagar. El primer paso para articular la propuesta es determinar «un nivel mínimo de renta garantizada» igual para todos, independientemente de los ingresos, si bien «se podría ver incrementado en función de las circunstancias familiares».

A partir de ahí, se fijaría la tarifa y su escala de gravamen (tipo único o progresiva). Esa escala se aplicaría sobre la renta de todos los ciudadanos, quienes estarían obligados a declarar sus ingresos totales y su situación familiar. A continuación habría que calcular la cuota del impuesto, resultado de multiplicar los ingresos del individuo por el tipo impositivo. Y finalmente restar a esa cuota la renta mínima garantizada. Así, para niveles de ingresos superiores al mínimo fijado, el impuesto sería positivo (es decir, pagarían), mientras que para los inferiores daría negativo (recibirían).

De forma paralela, la gran cantidad de prestaciones y transferencias del Estado deberían ir asimilándose, de forma gradual y en un periodo de tiempo transitorio, al mínimo vital fijado en la propuesta. Así se acabaría «con las grandes diferencias entre ellas y con la falta de lógica que supone tener prestaciones por debajo de un mínimo que se considera de subsistencia», dice Jordi Sevilla.