Qué son las pensiones no contributivas y cuáles son los requisitos en 2020

Las pensiones contributivas, las que suponen el grueso del gasto en prestaciones de la Seguridad Social, se conceden generalmente a quienes han acreditado un periodo mínimo de cotización. Pero hay otras, denominadas no contributivas, que se dirigen a aquellas personas que, pese a no haber cotizado nunca -o no lo han hecho por el periodo mínimo exigido-, carecen de los recursos básicos para subsistir. Dentro de esta modalidad se incluyen las de jubilación y las de invalidez.

Garantizan a los ciudadanos mayores de 65 años en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios. Da igual que no hayan cotizado nunca, o lo hayan hecho de manera insuficiente para tener derecho a cobrar una pensión contributiva.

Tienen derecho a cobrarla los ciudadanos cuyas rentas o ingresos de que dispongan sean inferiores a una determinada cantidad al año. Tras la subida del 0,9% decretada para 2020, esa cantidad se sitúa en 5.538,40 euros al año (395,60 euros mensuales y 14 pagas).

Sin embargo, cuando los ingresos del beneficiario son inferiores a esos 5.538,40 euros pero convive con familiares, sólo cumplirá con los requisitos cuando las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de su unidad de convivencia sea inferiores a unas cantidades estipuladas: 9.415,28 euros en el caso de que convivan dos personas; 13.292,16 euros (tres personas) y 17.169,04 euros (cuatro personas).

Independientemente de estos requisitos, los beneficiarios deben tener al menos 65 años. Además tienen que residir en España, y haberlo hecho durante diez años. Un periodo que debe estar comprendido entre la fecha de cumplimiento de los 16 años y la de devengo de la pensión. Y dos de esos años tienen que haber sido consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la prestación.

Benefician a personas de entre 18 y 65 años con un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Los requisitos económicos y la cuantía a que tienen derecho los beneficiarios son los mismos que rigen en el caso de las pensiones no contributivas de jubilación. No obstante, les basta con residir en España y haberlo hecho durante sólo cinco años (la mitad que en el caso de las pensiones por jubilación).

Las personas con derecho a pensión no contributiva de invalidez pueden ejercer actividades laborales (sean o no lucrativas) compatibles con su discapacidad, y que no supongan un cambio en su capacidad real para el trabajo.

Se puede dar el caso de que un beneficiario de este tipo de pensión comience a trabajar. Pues bien, la ley permite compatibilizar el cobro de la prestación con los ingresos derivados de su nueva actividad laboral. Eso sí, con dos condiciones: podrá hacerlo sólo durante los cuatro años posteriores al inicio de esa actividad. Y siempre que la suma de la cuantía anual de la pensión y los ingresos que perciba por el trabajo (o prevea percibir) no supere los 11.992,43 euros.

El cobro de una pensión no contributiva de invalidez presenta una serie de incompatibilidades que conviene no olvidar. Por ejemplo, no es compatible con la prestación no contributiva de jubilación, ni tampoco con los subsidios de garantía de ingresos mínimos.