Tapia insiste en que no es posible un rescate público de La Naval

Concentración de los trabajadores de La Naval frente al Parlamento vasco./Blanca Castillo
Concentración de los trabajadores de La Naval frente al Parlamento vasco. / Blanca Castillo

El Parlamento vasco pide un informe de legalidad sobre apoyos públicos al astillero

CARMEN LARRAKOETXEA

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, insistió este jueves en que no se pueden generar falsas expectativas y «tenemos que ser tajantes, no es posible ni el rescate, ni la publificación» del astillero La Naval. Tapia repitió varias veces que, «a día de hoy, la Unión Europea no permite» un rescate público del tipo que se está reclamando desde algunos ámbitos.

La respuesta de Tapia se produce tras las peticiones directas que le han formulado al Gobierno vasco los parlamentarios de EH Bildu, Iker Casanova, y el de Elkarrekin Podemos, José Ramón Becerra, durante el pleno del Parlamento vasco en que se ha vuelto a analizar la situación del astillero, que este miércoles anunció el inicio del expediente de despido de toda la plantilla. Ambas formaciones políticas insistieron en que no se puede esperar más y que para evitar un cierre total es necesario su rescate y que se publifique, sin esperar a que aparezca ese inversor privado que no termina de llegar.

La respuesta de Tapia fue tajante, «nuestra hoja de ruta es clara», remarcó, y pasa por «seguir trabajando para lograr que el armador Van Oord haga todo lo posible para que esa draga se construya en La Naval -para lo que están trabajando en darle la máxima confianza y garantías- para continuar con los empleos» en el astillero y así disponer de «más tiempo para buscar ese inversor privado que es imprescindible para que esto sea una realidad». En base a todo esto, el Ejecutivo vasco insiste en que estaría en disposición de apoyar con «conversión pública».

A pesar de la reiteración en la exigencia de publificación del astillero, tanto EH Bildu, como Elkarrekin Podemos accedieron a sumarse y respaldar la proposición aprobada hoy en el Parlamento vasco, por unanimidad. Se trata de un texto de cuatro puntos en el que se insta al Gobierno vasco para que, con la máxima urgencia, se realicen los estudios oportunos para articular medidas que eviten el cierre del astillero La Naval.

Quieren que ese informe «estudie y respalde, desde los puntos de vista jurídico, económico e industrial» la adquisición por parte de «las administraciones públicas de los activos de La Naval y articule, junto con el sector privado, una alternativa que garantice su viabilidad industrial y económica». Se emplaza a que la implicación pública abarque tanto al Gobierno vasco como al central.

El acuerdo también contempla la creación de una mesa multipartita -en la que participen representantes de los gobiernos vasco y central, los accionistas de La Naval y la plantilla- para «estudiar toda las opciones jurídicas, económicas y accionariales que permitan dar continuidad a la empresa y a su industria auxiliar, entre ellas la de la participación de las instituciones».

El comité de empresa de La Naval ha considerado «insuficiente» el acuerdo del Parlamento vasco adoptado por unanimidad en torno a la situación del astillero y ha vuelto a insistir en su rescate. Concretamente, el secretario del comité ha afirmado que la «responsabilidad política» la tiene el Gobierno central que «es quien privatizó» el astillero y ha exigido al Ejecutivo vasco que «empuje y apoye» para que, junto con el equipo de Pedro Sánchez, «rescaten» a La Naval.

Los matices

La proposición original fue presentada por EH Bildu y Elkarrekin Podemos, pero posteriormente fue enmendada y transaccionada hasta lograr el texto que ha sido aprobado por unanimidad en una sesión a la que ha acudido un grupo de trabajadores de La Naval vistiendo camisetas con lemas 'La Naval ez itxi' y lazos negros.

José Ramón Becerra, de Elkarrekin Podemos, se mostró muy crítico con el lehendakari, Iñigo Urkullu, y la consejera Arantxa Tapia por cómo han gestionado la crisis de La Naval, dejando que se caiga una empresa estratégica por su política «dubitativa, inconsistente y débil». Reclamó varias veces su rescate de La Naval y dijo que no es cierto que la Unión Europea no permita la publificación del astillero. Asimismo, se preguntó para qué se crea un fondo de 250 millones para ayudar al arraigo de empresas tractoras vascas, si se deja caer a una compañía tan estratégica como esta.

En esta misma línea, el portavoz de EH Bildu, Iker Casanova, recalcó que en la situación en que se encuentra el gran astillero «ahora la palabra clave es respaldar» y añadió que «no vale sólo hacer un informe para decir que no se puede hacer nada», a pesar de que de el núcleo fundamental del acuerdo unánime del Parlamento vasco de este jueves es precisamente la elaboración de varios informes que digan cómo se podría articular mecanismos de ayuda para La Naval.

Desde el PP, Anton Damborenea, recordó que fue el Gobierno central hace dos años, bajo el mandato de Rajoy, el que aceptó respaldar a los trabajadores de La Naval arbitrando su posible reintegración al grupo público Navatia, paraguas que abarca a cerca 150 trabajadores, que no se quedarían en el paro si finalmente se cierra el astillero. Damborenea recalcó que con La Naval no sólo caería una gran empresa, «sino que perdemos un sector estratégico» y recordó que entre el Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia tienen todas las competencias económicas y fiscales, así como varios fondos de inversiones estratégicas para hacer política industrial.

La portavoz socialista Alexia Castelo, enfatizó que lo primero en lo que hay que trabajar es en «lograr carga de trabajo inmediata» para La Naval y recalcó que la voluntad de respaldar al astillero «es firme». También remarcó que es necesario que el Ejecutivo vasco entre en el accionariado del astillero.

Finalmente, el portavoz del PNV, Luis Javier Telleria, abogó por buscar una solución amplia, teniendo en cuenta las limitaciones que impone la Unión Europea en materia de ayudas económicas. Tambien fue tajante al explicar que la participación pública en el astillero, si se aprueba, ha de ser minoritaria, por debajo del 50%. Asimismo alertó de que cualquier excepción podría suponer un «peligroso precedente» respecto a otras empresas en crisis que también pidan ayudas.

El Parlamento vasco aprueba, por unanimidad, que se estudie la inversión pública en La Naval

Todos los grupos del Parlamento vasco han aprobado este jueves por la mañana una proposición no de ley urgente por la cual se insta a que se realicen los estudios oportunos -jurídicos, económicos e industriales- que puedan llevar a evitar el cierre del astillero La Naval, incluyendo la participación económica directa del Gobierno vasco y del Gobierno central. Las proposición ha sido aprobada por unanimidad por los 75 escaños de la cámara.

El acuerdo también contempla la creación de una mesa multipartita -en la que participen representantes de los gobierno vasco y central, los accionistas de La Naval y la plantilla- también para «estudiar toda las opciones jurídicas, económicas y accionariales que permitan dar continuidad a la empresa y a su industria auxiliar, entre ellas la de la participación de las instituciones».

Esta proposición se aprueba después de conocerse que el astillero, que está en liquidación, ha iniciado el proceso de despido de toda su plantilla, aunque una gran parte de la misma podría ser recolocada en el grupo público Navantia, en base a las condiciones de la privatización del astillero vizcaíno de 2006.

Todos los grupos están de acuerdo en calificar al sector de construcción naval como «estratégico y tractor de la economía vasca» por lo que se insta al «gobierno vasco a poner todos los medios disponibles a su alcance, incluyendo la inversión económica directa, para evitar el cierre de La Naval y la desaparición de la industria auxiliar».

Para ello urgen al Ejecutivo vasco a que elabore «en el periodo de tiempo más breve posible» un informe que «estudie y respalde, desde los puntos de vista jurídico, económico e industrial» la adquisición por parte de «las administraciones públicas de los activos de La Naval y articule, junto con el sector privado, una alternativa que garantice su viabilidad industrial y económica».

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