La Naval, tras un año parada, inicia el proceso para despedir a sus 200 trabajadores

La manifestación ha partido de las puertas del astillero. /Manu Cecilio
La manifestación ha partido de las puertas del astillero. / Manu Cecilio

La rescisión de contratos se producirá en el plazo de dos meses y comienza ya la búsqueda de un nuevo empresario

Manu Alvarez | erlantz gude
MANU ALVAREZ | ERLANTZ GUDE

El astillero ha encallado y no se sabe si será definitivo o por cuánto tiempo permanecerá en este estado. El administrador concursal que supervisa la situación de la firma vizcaína La Naval de Sestao, comunicó ayer a los sindicatos que se ve en la obligación de iniciar el proceso de despido de la totalidad de la plantilla. La empresa no tiene actividad desde octubre del pasado año y por lo tanto carece de nuevos ingresos; las esperanzas de terminar la construcción del último buque del armador holandés Van Oord se han diluido y los expertos consideran que, en el mejor de los casos, costará entre seis meses y un año encontrar un nuevo empresario dispuesto a pujar por las instalaciones. El proceso que se abre ahora en la vertiente laboral es un ERE de extinción, para resolver el contrato de los casi 200 empleados de la empresa y culminará, apuntan fuentes sindicales, en un periodo de mes y medio o dos meses.

Las pérdidas millonarias acumuladas por el astillero y que la propia empresa ha admitido como fruto de una gestión deficiente, condujeron a un colapso de tesorería que fue el anticipo de la paralización de la actividad. La última esperanza estaba fundada en la aparición urgente de un inversor dispuesto a arriesgar su dinero para continuar con la actividad y, también, en la construcción del último buque que permanece en la grada. El 'Vox Alexia', una draga de succión encargada por el armador holandés Van Oord. Un buque al que aún le faltan unos 20 meses de trabajo para poder navegar y entrar en servicio y que, fruto del descalabro financiero, es en estos momentos propiedad de un grupo de bancos que han perdido 42 millones de euros en la operación. El nuevo inversor no ha aparecido y Van Oord tampoco ha querido asumir el riesgo que entrañaba construir el barco en un astillero quebrado. 'Si no había dueño, no había encargo de continuar la construcción', ha sido el mensaje tajante que ha dado el armador holandés.

Ahora, la burocracia

El proceso para rescindir los contratos de los trabajadores requiere un informe previo del administrador concursal, una decisión de la juez que supervisa la compañía desde que esta entró en concurso, un informe de la autoridad laboral y también una negociación con los sindicatos, para intentar pactar las indemnizaciones que cobrarán los empleados. La decisión, aseguran fuentes conocedoras del estado de la empresa, «era inevitable» tras verificar la imposibilidad de mantener la actividad. Los restos de tesorería que aún quedaban están a punto de agotarse en la caja de la compañía y aunque los trabajadores estaban sometidos a un ERE de suspensión, La Naval aún complementaba las prestaciones por desempleo.

La puertas del astillero.
La puertas del astillero. / E.C.

A partir de ahora se abre un periodo de incertidumbre en varias vertientes. De una parte, 150 trabajadores de la plantilla de La Naval pueden reclamar al Estado su retorno al grupo público Sepi y en concreto a la empresa Navantia. Es una garantía que conservan desde que La Naval fue desgajada del grupo de astilleros públicos y privatizada en 2006, aunque previsiblemente les obligará a cambiar de residencia para ser acogidos en los centros de trabajo de Ferrol, Puerto Real o en las oficinas de Madrid. A finales de 2016, cuando estaba a punto de vencer el periodo de garantía de 10 años concedido por Sepi a los trabajadores, la plantilla realizó un movimiento táctico y solicitó su regreso al grupo público. Si Sepi hubiese aceptado, La Naval habría tenido que parar su actividad entonces; de ahí que los responsables del grupo propiedad del Estado -gobernaba entonces el Partido Popular- alcanzaron un acuerdo verbal con los sindicatos: un pacto por el que las garantías de recolocación se prorrogaban por un periodo indefinido.

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Por otra parte, el administrador concursal deberá preparar un plan de liquidación de la empresa, que supone situarla en una especie de escaparate con un cartel de 'Se vende'. Según ha podido conocer EL CORREO, el administrador concursal solicitará al juez que le autorice a recibir de forma directa las propuestas de los inversores que estén interesados en hacerse con la propiedad del astillero.

Inicialmente, al menos, se va a intentar que esas propuestas estén dirigidas a continuar con la construcción de grandes buques y una sobrada solvencia financiera. Ayer, la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, apuntaba además el deseo de que «no se trate de un fondo de inversión, sino de alguien que conozca el negocio y sea capaz de reflotarlo». Por el momento, admitió Tapia, «ese mirlo blanco no existe».

No existe y, en el mejor de los casos, incluso aunque todo vaya sobre ruedas y acabe por aparecer, se estima que tardará entre seis meses y un año para formular una propuesta definitiva. «Las dificultades en el camino van a ser importantes», apunta un experto, ya que el aspirante a nuevo propietario tendrá que negociar con las entidades financieras -propietarias del casco del 'Vox Alexia' que se encuentra en la grada-, también con Van Oord como potencial cliente del primer buque a construir en esa nueva etapa, así como con el Gobierno vasco, que se ha mostrado dispuesto a tomar hasta un 50% de las acciones del astillero.

Miles de personas toman las calles de Sestao contra el cierre del astillero

Entre 3.000 y 4.000 personas, según la Policía Local, se manifestaron ayer por las calles de Sestao contra el cierre del histórico astillero La Naval, horas después de que el administrador concursal notificara a la plantilla el inicio de los trámites para el despido de sus cerca de 200 trabajadores. La protesta, que partió a las 18.30 horas desde la entrada del astillero, enfiló hacia la Gran Vía a través de la calle Rivas para concluir una hora después ante el Ayuntamiento, en la Plaza del Kasko. Encabezaba la comitiva una pancarta contra el cierre de la empresa y en la que se instaba a los ejecutivos central y vasco a implicarse en la búsqueda de una solución que garantice la continuidad del astillero y preserve el empleo en la comarca.

Respaldaron a los trabajadores los cuatro alcaldes de la Margen Izquierda -Josu Bergara (Sestao), Amaia del Campo (Barakaldo) y Aintzane Urkijo (Santurtzi), además de Mikel Torres, regidor de Portugalete y secretario general del PSE de Bizkaia. También se sumaron a la marcha el secretario general del PP vizcaíno, Gonzalo Zorrilla-Lequerica, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova, la diputada nacional de Unidos Podemos Rosa Martínez y los secretarios generales de CC OO y UGT en Euskadi, Loli García y Raúl Arza, respectivamente. Asimismo hubo una pequeña representación del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia.

El alcalde sestaoarra, Josu Bergara, a la cabeza de una representación de la Corporación local, recalcó el apoyo municipal a los empleados de La Naval. «Estamos con ellos. Hoy es un día para sacar el problema a la calle y que la ciudadanía, las administraciones y los accionistas vean la importancia de buscar una solución». El emblemático astillero afronta un horizonte «complicado», evidenció, de ahí que incidiera en su llamamiento a los «implicados» a actuar «teniendo en cuenta el poco tiempo que queda».

La recolocación no consuela

Por el momento, los trabajadores del astillero, sabedores de su escaso margen de maniobra, como reconocía el presidente de su comité de empresa, José Pedro González, se volcarán en presionar a las instituciones con el fin de que traten de remediar su adversa tesitura. Hoy mismo se desplazarán a Vitoria para llevar su protesta ante el Parlamento vasco. «Queremos que las administraciones presenten un plan solvente que no contravenga la normativa europea», adujo González, que se aferra a declaraciones como la del lehendakari Urkullu sobre la opción de que el Ejecutivo autonómico entre en el accionariado en caso de que aparezca un inversor.

La opción de que los 150 empleados que trabajaban en La Naval antes de que se privatizase en 2006 sean recolocados en Ferrol o Cádiz no es por ahora un consuelo. «No sólo se quedarían trabajadores en la calle, sino que nos condenarían con nuestras familias al destierro», argumentó González, que pese a que sólo tiene 50 años suma ya 37 en el astillero. «Fui de los últimos aprendices, entré con 13 años», recordaba.

Su compañero Alberto Sancho, que ingresó en la empresa en 1980, ya ha empezado a hacerse a la idea de una reubicación. «Con un hijo ya adolescente es un drama. Si hubiera sido cuando se privatizó el astillero en 2006... Pero en todo caso me iría a Puerto Real porque, a diferencia de Ferrol, parece un astillero viable», se sinceró. Tal es la inquietud que hay en la plantilla que hay quien teme que incluso no se cumplan todas las recolocaciones pactadas.

La manifestación fue ganando volumen y emotividad a medida que se internaba en el núcleo del municipio. Algunos negocios bajaron la persiana en solidaridad con los trabajadores de la emblemática industria. Incluso los jugadores del Sestao River acudieron a la Plaza del Kasko a recibir a los empleados. El acto se cerró con la lectura de un comunicado en el que los trabajadores instaban al rescate público del astillero por parte de los gobiernos central y vasco y se conjuraban para seguir presionando y tratar de impedir lo que se antoja irremediable.

 

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