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La casi inédita unidad de acción de todos los sindicatos vascos -ELA, LAB, CC OO y UGT- para solicitar a la patronal una mesa en la que debatir la fijación de un salario mínimo para Euskadi, adaptado al coste de la vida en la comunidad, ... no garantiza en absoluto que la negociación vaya a ser fácil. Al contrario, no solo hay enormes diferencias entre las primeras estimaciones sobre cuál debería ser la cuantía sino también sobre su alcance, es decir, si afectaría solo a los convenios negociados en Euskadi o también a los pactados a nivel estatal con aplicación en el territorio o incluso a los colectivos sin convenio como las empleadas del hogar, justo las más afectadas por el SMI.
Por ahora lo único claro es que la primera cita para la constitución de la mesa será el 6 de febrero en el Consejo vasco de Relaciones Laborales (CRL), que es donde se ha planteado la solicitud. Confebask ha dicho que acudirá, pero no ha querido ir más allá. Por su parte, el Gobierno vasco ha anunciado que este primer semestre cumplirá su compromiso de aportar a la mesa una estimación sobre «un salario mínimo de convenio» -deja fuera a los trabajadores no cubiertos por la negociación colectiva- que sirva de guía. De hecho, ha lanzado ya la licitación para que una consultoría elabore un informe.
El objetivo es establecer un salario mínimo acorde al realidad socioeconómica vasca, donde el coste de la vida es más elevado que en el resto de España. La referencia en este sentido es el criterio establecido por la Carta Social Europea, que recomienda que el SMI alcance el 60% del salario medio.
2.611 salario
es el salario medio bruto en jornada completa frente a los 2.214 de media nacional
Esta es la meta que sigue el Gobierno central, que ha aplicado una subida del Salario Mínimo del 54% desde 2018 hasta llegar a 1.134 euros -por 14 pagas- en 2024. Ahora la ministra de Trabajo y Empleo, Yolanda Díaz, apuesta por aplicar una nuevo incremento del 4,4% hasta los 1.184 euros, el extremo alto de la horquilla recomendada por su comité de expertos.
En Euskadi el salario medio es mucho más alto que en el conjunto de España al alcanzar los 2.600 frente a los 2.200 respectivamente (sueldo bruto) de acuerdo con la Encuesta de Estructura Salarial de 2022. Por eso habría que elevar el SMI para llegar al 60% y cumplir con la directriz europea. Según cálculos de la patronal Cepyme, ese suelo debería llegar a los 1.270 euros en Eukadi. La estimación parte de la base de que los 1.184 euros que Díaz proyecta para este año suponen el 56% del salario medio vasco.
Pero los cálculos pueden ser muy diferentes según la fuente estadística a la que se recurra y, sobre todo, si se toma de referencia el salario medio bruto o neto. Por ejemplo, LAB asegura que para cumplir la regla del 60% habría que llegar a los 1.600 euros. ELA va mucho más allá y aboga por elevar la cifra a 1.795 euros. En su caso considera que no es válido el criterio del 60% del salario medio porque «deja fuera otros indicadores como los beneficios récord que están obteniendo las empresas en la coyuntura actual». Por eso opta por el 65% del PIB per cápita y así obetiene los casi 1.800 euros.
El debate de los números, por tanto, va a ser arduo, a la espera de que el Gobierno vasco presenta su estimación. Pero no menos espinoso es el asunto del ámbito de aplicación del salario mínimo. Los sindicatos no han consensuado nada al respecto, tan solo han «coincidido» en reclamar de forma conjunta la mesa de negociación, según ha remarcado ELA, que ha querido marcar distancias con CC OO y UGT, partícipes de un diálogo social que siempre ha desdeñado.
ELA y LAB defienden que con un acuerdo interprofesional se podría llegar a aplicar el SMI vasco a todos los asalariados, incluso a los colectivos sin convenio. «Nuestro objetivo no es un salario mínimo de convenio sino un suelo para todas las relaciones laborales», señala Oihana Lopetegi, responsable de Acción Sindical, de LAB.
Estos dos sindicatos, a la vez que abordan esta vía de negociación con la patronal, están impulsando una iniciativa legislativa para un cambio que permita a Euskadi tener competencias en la fijación del SMI, algo reservado al Estado.
CC OO y UGT, sin embargo, consideran que hay serias dudas de que el salario mínimo que se pacte en la mesa pueda aplicarse a los convenios negociados a nivel estatal. «Es cuestionable jurídicamente», señala Raúl Arza, secretario general de UGT-Euskadi. «No está nada claro que se pueda», apunta Juanjo López, adjunto de acción sindical en CC OO-Euskadi.
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