Economía de la longevidad

El envejecimiento de la población es el telón de fondo demográfico del mundo desarrollado. En España se contabilizaban en abril de 2025 10,2 millones de personas mayores de 65 años y se espera que en 2050 representen más del 30% de la población, alrededor de 15 millones. Estas cifras implican transformaciones sistémicas de enorme calado. No obstante, antes de ahondar en las amenazas conviene observar su vertiente más prometedora.

Nos referimos a la llamada 'silver economy', o economía plateada. Se trata del conjunto de actividades económicas vinculadas a las personas mayores: desde el turismo senior hasta la vivienda adaptada, desde la nutrición saludable hasta la tecnología asistencial. Este mercado, que en Europa mueve más de cinco billones de euros anuales, se expande al ritmo del envejecimiento, y no solo genera PIB, sino también empleo, innovación, nuevos modelos de negocio, y una importante contribución a la Agencia Tributaria. Los mayores ya no son seres resignados ni ciudadanos de segunda clase. Viajan, consumen, participan, opinan y votan. Su peso económico y político crece en paralelo a su número.

Pero esta realidad no puede ocultar la contrapartida más delicada de la longevidad: el coste de mantener una sociedad envejecida y, en no pocos casos, dependiente. Destacaremos brevemente dos flancos altamente vulnerables que amenazan la continuidad de un sistema cuyo carácter vitalicio y universal se da erróneamente por sentado. Empezando por la previsión social.

El sistema público de pensiones, basado en un contrato intergeneracional, alcanzó un gasto del 11,5% del PIB en 2024. El desequilibrio entre cotizantes y pensionistas genera déficits crecientes. El sistema sigue sin poder financiarse exclusivamente mediante cotizaciones y requiere permanentes transferencias estatales y un endeudamiento sistemático con vocación de no ser minorado.

Según la AIReF, en el tercer trimestre de 2024 el déficit alcanzó el 1,91% del PIB. A esta cifra se suman las pensiones no contributivas, complementos de mínimos y clases pasivas, lo que eleva el déficit hasta el 4% del PIB. Para paliarlo, el Estado transfirió 48.000 millones de euros, mientras que el acumulado en préstamos estatales a la Seguridad Social asciende ya a 126.000 millones en 2025. El Fondo de Reserva, en otro tiempo boyante, se ha reducido drásticamente. Según la Comisión Europea, el gasto en pensiones podría aumentar 3,6 puntos del PIB adicionales hasta 2050.

Al grave problema de las pensiones hay que agregar el tsunami fiscal que se advierte en la financiación de la dependencia. La longevidad lleva asociada una morbilidad creciente y una mayor necesidad de cuidados de larga duración. El progresivo envejecimiento trae aparejado una mayor incidencia de enfermedades neurodegenerativas, la necesidad de asistencia prolongada y una red de cuidados que trasciende lo meramente sanitario. Hoy, más de 1,5 millones de personas en España tienen reconocida alguna dependencia. Pero el sistema no alcanza a cubrir esa demanda con medios públicos suficientes ni con personal debidamente formado. La financiación mixta, pública y privada, es ineludible, pero plantea serios dilemas de equidad y eficiencia.

El coste total de la dependencia se aproxima ya al 2% del PIB y podría duplicarse en apenas dos décadas. No es solo una cuestión de gasto: es una transformación del modelo de cuidados. El seno doméstico, tradicionalmente el sostén de los mayores se encuentra desbordado por la fragmentación familiar y laboral. Y el empleo en el sector, mayoritariamente femenino, precario y escasamente remunerado, necesita urgentemente un ennoblecimiento estructural. España no dispone aún de una Ley de Dependencia, ni de un modelo homogéneo de cuidados de larga duración. Es hora de abordarlo.

Como colofón a lo descrito, se impone una estrategia nacional sobre los mayores y sus peculiaridades, coherente y sostenida. No basta con celebrar la longevidad: hay que financiarla, organizarla y dignificarla.