Kutxabank y Gobierno vasco pierden otra batalla judicial con los fondos de Euskaltel

El origen del conflicto se remonta al año 2012, cuando Trilantic e Investindustrial tomaron una participación significativa en Euskaltel, tras la decisión de Kutxabank de rebajar su riesgo en esa compañía. Una estrategia justificada por las rígidas condiciones impuestas por el Banco Central Europeo para defender la solvencia de las entidades financieras, penalizando sus aventuras en tomas de participaciones de empresas.

En aquel acuerdo de venta de acciones, en el que también participó el Gobierno al desprenderse de toda su participación en la compañía de telecomunicaciones que se había fundado desde el impulso político -casi un 8%-, se estableció un precio variable. El contrato incluía una cláusula conocida en el argot como 'earn out', que permite obtener una valoración adicional de la compañía en el caso de que los resultados de los años posteriores a la venta superen determinados niveles. En aquella operación de compra-venta de acciones, Euskaltel fue valorada en 400 millones. Tras la incorporación de la asturiana Telecable y de la gallega R, MásMóvil ha valorado ahora la empresa en 2.000 millones de euros al lanzar una OPA para hacerse con la totalidad de sus acciones.

Lo cierto es que los niveles de beneficio en los años siguientes a aquella venta de acciones superaron el nivel pactado para que entrase en juego el precio variable, y tanto Kutxabank como el Gobierno vasco reclamaron el trozo de la tarta al que creían tener derecho. La verdad es que Trilantic e Investindustrial tuvieron un auténtico pelotazo con aquella entrada y posterior salida de Euskaltel. Habían invertido 230 millones de euros y en apenas dos años y medio obtuvieron una plusvalía de 530 millones, fruto del dividendo que cobraron y también de la venta de las acciones en la salida a Bolsa. Un negocio más que redondo.

En concreto los demandantes reclamaban un plus de 41 millones de euros. Pero Trilantic e Investindustrial se negaron al pago tras argumentar que esa mejoría de resultados era más aparente que real. Así, defendieron que ese salto en los beneficios no correspondía a una mejoría en la rentabilidad de la compañía, sino a la mera aplicación de criterios contables distintos. En algunos casos porque, estimaron, la contabilidad de Euskaltel no había sido rigurosa en la etapa anterior; y en otros porque estirando la interpretación de los conceptos, podían reclasificarse algunas partidas. Afectaba, en concreto, a las cantidades asignadas por compromisos de permanencia de los clientes, desarrollo de aplicaciones informáticas y dinero destinado a promoción de cine. De ser contabilizados como gastos, habían pasado a ser consideradas inversiones y ello permitía una cuenta de resultados más lucida. Una estrategia que, por cierto, no perseguía otro fin que el de presentar una fotografía más reluciente de la operadora de cara a su salida a Bolsa, a mediados del año 2015.

El juzgado de Madrid que analizó la demanda presentada por los antiguos accionistas rechazó su pretensión en junio del pasado año. El tribunal aceptó sin reparos la tesis defendida por Trilantic e Investindustrial, en el sentido de que aquel incremento de beneficios de Euskaltel no era sino producto de una cosmética contable y no de un incremento real de la generación de resultados por parte de la compañía. La Audiencia de Madrid no ha hecho sino confirmar aquella sentencia, lo que también supone una condena en costas para Kutxabank y el Gobierno vasco. Cabe recurso ante el Supremo.