El Gobierno vasco vigilará desde los costes de producción de agricultores y ganaderos hasta el precio de venta al público

Euskadi se convierte así en la primera comunidad autónoma en desarrollar las líneas que permiten aplicar la norma que aprobó el Congreso de los Diputados en diciembre de 2021. Un texto legal que busca preservar la posición del sector primario especialmente castigado por la subida de costes y que ha protagonizado en los últimos meses intensas protestas.

El desarrollo reglamentario del Ejecutivo vasco plantea la creación de un registro donde deberán depositarse todos los contratos entre los diferentes agentes que intervienen en la cadena alimentaria, desde productores a vendedores finales. El objetivo, como ha explicado la consejera de Desarrollo Económico en funciones, Arantxa Tapia, es aumentar la «transparencia y hacer públicas todas estas relaciones y precios», además de facilitar también la labor inspectora. Y es que el Ejecutivo podrá analizar tanto las diferencias en los importes que se recogen en los contratos con los costes de producción, así como incrementos desproporcionales en el punto de venta.

Se trata, por tanto, de evitar que los agricultores, ganaderos o arrantzales vendan a pérdidas y, también, que se produzcan enriquecimientos ilegítimos a costa de las subida de costes. El régimen sancionador, recogido en la Ley de ámbito nacional, establece tres tipos de multas: leves, graves y muy graves, que van desde los 250 hasta el millón de euros. La labor de inspección velará además por evitar contratos abusivos en los que se fuercen precios para el productor en función del volumen de las compras, así como para que se aplique la Ley de morosidad y no haya retrasos en los pagos.

El decreto consolida además dos figuras para la aplicación del decreto. Por un lado, el Código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria que buscará expandir y ampliar el espíritu de la norma con recomendaciones, consejos y pautas que serán de libre adhesión. Y, por otra parte, el Observatorio de la cadena alimentaria de Euskadi. Este órgano ya venía funcionando y recoge el coste de producción de todos los elementos que conforman el sector primario en Euskadi. Será la referencia para comparar los contratos. En la labor desarrollada hasta ahora, ha explicado Tapia, no se han detectado casos de compras a agricultores o ganaderos por debajo de coste, sino más bien situaciones en las que las transacciones se realizaban sin contrato.