El Gobierno vasco esquiva el encarecimiento de la deuda provocada por la subida de tipos
Tiene negociada casi toda su financiación a interés fijo y evita unos gastos que según Fedea se elevarían hasta duplicarse para todas las autonomías de España
Cuando suben los tipos de interés se dispara el coste de la devolución de los créditos y es cuando se hace especialmente valiosa una estrategia ... financiera que reduzca esa exposición al precio del dinero. Es lo que esgrime el Gobierno vasco cuando reivindica que casi todos los 10.821 millones de su deuda con la que cerró 2022 están negociados a tipo fijo. Es decir fuera del mercado financiero tradicional y blindados al vaivén de los tipos de interés, que ya cotizan al 4,25% en la zona euro tras una década a cero.
Fuentes del departamento de Economía y Hacienda del Ejecutivo vasco confirmaron ayer a EL CORREO que «la configuración de esa tipología de deuda» hace que el Gobierno autonómico «esquive el incremento de costes en la financiación que supone la subida de los intereses. La apuesta del departamento dirigido por el consejero Pedro Azpiazu ha sido la de buscar inversores a los que pedir prestado el dinero con condiciones de devolución cerradas y a un plazo en la mayoría de los casos de 10 años.
Financiación
40% de los 10.821 millones
de deuda que el Gobierno vasco soporta corresponden a los 'bonos sostenibles' que empezó a emitir en 2018.
Según publicó el lunes la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el impacto de los gastos financieros en las arcas de las comunidades autónomas va a más que duplicarse hasta 2026 pasando de los 3.600 millones del año pasado a 8.650 en cuatro años. Y es que estima que la media de los intereses de financiación pasará del 1,1% del 2022 al 2,6% en 2026. Según los cálculos de la institución impulsada por el que fuera director del servicio de estudios del Banco de España, Luis Ángel Rojo, en el caso del País Vasco, ese coste haría que el gasto de los intereses de la deuda pasara de los 164 millones del pasado año a 268 en 2026, lo que supone un incremento del 63%, 104 millones más.
Desde el departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco señalan, sin embargo, que «ese cálculo es desproporcionado» y recuerdan que Euskadi tiene muy poca deuda «a tipo variable» y que, «en ningún caso, su coste se va incrementar tanto».
Además, desde 2018, las emisiones de deuda del Gobierno vasco se han hecho con un carácter 'sostenible', es decir, con el compromiso de que la inversión recibida se dedique a cuestiones de atención sanitaria y social o a favorecer la transición energética. En total, en los últimos seis años se han emitido 4.400 millones en 'bonos sostenibles', lo que supone el 40% de todo el endeudamiento del Ejecutivo vasco.
El mayor recurso a deuda
Euskadi aprovechó la flexibilización de las exigencias de déficit presupuestario impulsadas por Bruselas para hacer frente a la pandemia y elevó su deuda desde 2020 en 1.845 millones, lo que supone un incremento del 20,5%. Es el mayor salto porcentual en España y fue posible por el bajo endeudamiento del País Vasco. De hecho, hoy Euskadi sigue siendo la autonomía con mejor ratio de deuda sobre el PIB con un 13,7%, muy por debajo de la media nacional situada en el 23,9% a cierre del pasado año.
Aún así, desde el departamento de Economía y Hacienda del Gabinete de Urkullu insisten en que la política de amortización de deuda se mantiene gracias a los remanentes de tesorería, aquellas cantidades generadas por las partidas no gastadas del Presupuesto y por los excesos de recaudación no previstos. Y es que los impuestos han crecido en 2021 y 2022 a un ritmo de doble dígito.
Los costes financieros ahogan a Cataluña y Valencia y alientan el regreso al 'déficit cero'
Cualquier familia con una hipoteca lo ha sufrido en sus propias carnes. La subida de los tipos de interés ha elevado en más de 300 euros el coste mensual del crédito medio en Euskadi y ha obligado a aumentar el rigor del gasto doméstico. En el caso de las administraciones públicas no es diferente. Aquellas autonomías que no gozan de la suficiente solvencia para exigir intereses fijos ven cómo se encarece su financiación hasta más que duplicarse. Así lo indica la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Según sus cálculos, para devolver el total adeudado por los gobiernos autonómicos, que asciende a 316.900 millones, los gastos que en 2022 eran de 3.600 millones subirán hasta 8.650 en 2026.
El impacto en las comunidades más endeudadas como Cataluña es brutal. La Generalitat, conformada por dos formaciones clave en la investidura del presidente del Gobierno, vería como sus gastos en intereses se elevarían en 1.383 millones hasta alcanzar los 2.412, más del doble que actualmente.
La siguiente autonomía más perjudicada sería la Comunidad Valenciana. El pago de intereses crecería en casi mil millones, pasando de los 361 a 1.346. Le sigue Andalucía que debería destinar 1.013 millones a pagar los intereses de sus créditos frente a los 380 del pasado 2022.
Más allá de lo acertado o no de las cifras que proyecta el informe de Fedea, lo más relevante de la advertencia de esta fundación de estudios económicos es que esta realidad reforzará la vuelta al rigor presupuestario.
Se trata de una senda en la que la Unión Europea ya trabaja para establecer unas nuevas reglas fiscales que hagan regresar la austeridad a las cuentas públicas. En 'román paladino', que se acabó el recurso al déficit para financiar las políticas de los gobiernos. Los tipos de interés estarán altos al menos este año y todo el 2024, por lo que el endeudamiento supondrá un coste que no se pueden permitir.
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