Euskadi activa su hoja de ruta industrial con 4.000 millones de aportación pública
El Gobierno vasco aprueba el plan con el que pretende movilizar otros 12.000 millones de inversión privada
«Es el momento de poner toda la carne en el asador». Con esta contundencia se pronunció el viernes pasado el lehendakari en el pleno ... de control del Parlamento vasco. Aludió a la necesidad de que Euskadi movilice todos sus recursos, públicos y privados, para plantar cara a los «nubarrones negros» que ya acechan a la economía vasca. Con los aranceles de Trump, por un lado, y la ralentización europea, por otro, Imanol Pradales fijó tres prioridades para este año. La primera, aprobar el Plan de Industria, con el que se aspira a movilizar 16.000 millones. La segunda, dar luz verde al Plan de Inversiones, concebido para impulsar y coordinar todas esas iniciativas. Y la tercera, integrar ambos programas en un proyecto de Presupuestos en el que se espera «una inversión sin precedentes».
Pues bien, mientras la hoja de ruta para que el segundo de los pasos sea una realidad se presentará mañana, el primero de los hitos ya se ha cumplido. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Plan de Industria, una apuesta sin precedentes –recalcan en Lakua– que movilizará 3.900 millones de inversión pública durante esta legislatura con la expectativa de atraer otros 12.000 de capital privado. Con este impulso, Euskadi «pasa al ataque» para defender su industria, tal y como subrayó Pradales en la presentación del plan en junio.
La asignación de recursos es un 50% superior al volumen destinado durante el último mandato del lehendakari Urkullu y estará dirigido a, de momento, 23 proyectos estratégicos, aunque la cifra podría variar. Su elección viene guiada por criterios de descarbonización, la atracción de capital extranjero y el desarrollo tecnológico, con especial foco en la Inteligencia Artificial y la ciberseguridad. La mitad de las iniciativas estarán lideradas por el sector público y la otra mitad por el privado. En cada caso particular se analizará cuál es el instrumento de ayuda más adecuado, las cuestiones regulatorias y las posibles tomas de participación. El apoyo no será a fondo perdido y se exigirán resultados.
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