El conflicto de Indra mantiene estancada la venta de ITP

Algunas fuentes apuntan a que tanto Rolls como Bain parecen dispuestas a no perder la paciencia, en la confianza de que todo se resolverá a lo largo de este mes. Pero traspasada la barrera de julio, señalan, el enfado sería monumental. Hace ya dos años que Rolls trata de vender su filial vasca para hacer caja y reducir con ello su endeudamiento. Primero le costó encontrar comprador; y cuando ya centró el tiro en el fondo norteamericano Bain, comenzaron los problemas con el Gobierno.

El Ejecutivo tiene el control absoluto sobre esta operación por una doble vía. De un lado está la necesidad de obtener una autorización expresa, ya que ITP Aero, la firma objeto de la transacción, forma parte de la industria de defensa. Además de ello sigue en vigor el control de inversiones extranjeras -las que procedan de fuera de la UE y la EFTA-, decretada por el Gobierno en marzo de 2020 tras la declaración de la pandemia para evitar OPAs en sectores estratégicos. Una barrera total que, en la práctica, otorga al Ejecutivo una capacidad de influencia enorme sobre el futuro de algunas empresas españolas.

Al parecer, Bain trata de negociar con el Gobierno un compromiso que permita recibir la autorización a lo largo del mes de julio y que, al mismo tiempo, deje abierta la puerta a la incorporación de Indra en el futuro. La táctica no es nueva, ya que el fondo norteamericano intenta desde hace varios meses que el Ejecutivo compre esta opción, con escaso éxito. Es una fórmula extraordinariamente compleja y que genera muchas incertidumbres.

El Gobierno quiere que Indra tenga un papel decisivo en el futuro de ITP Aero porque no se fía del todo de lo que vaya a hacer el fondo Bain. Este tipo de inversores tiende a exprimir las empresas en plazos de tiempo muy cortos -cinco años es un horizonte razonable- y el Ejecutivo quiere que Indra dé estabilidad en el futuro. Además, también persigue que Indra actúe como consolidador de la industria de defensa en España, para propiciar fusiones y la creación de una gran compañía nacional de este sector.

Mientras tanto, Indra necesita mucho tiempo para recomponer el roto que sus principales accionistas -el propio Estado a través de Sepi, la guipuzcoana Sapa y el fondo Ambar- han provocado en la compañía. El cese de cinco consejeros independientes, la dimisión de otros dos y el deseo del Gobierno de forzar que el presidente, Marc Murtra, tenga poderes ejecutivos, han llevado la inestabilidad a la empresa. En ese contexto, no es descartable que el Ejecutivo desee aplazar la autorización sobre ITP hasta el otoño, para ganar tiempo, y permitir a Indra que se recomponga para estar en condiciones de negociar su incorporación al grupo comprador.

En los últimos días ha trascendido una carta remitida a toda la plantilla por el consejero delegado de Indra, Ignacio Mataix, en la que les pide que se centren en el negocio, para evitar que el deterioro corporativo haga daño a la cuenta de resultados. Las acciones de la empresa cayeron ayer el 3,65%, en un día de pérdidas generalizadas en Bolsa.