BBVA busca el apoyo de los grandes inversores para seguir adelante con la opa

Ante este escenario, desde la entidad llevan semanas recordando que la Junta de Accionistas celebrada en julio de 2024 ya aprobó la ampliación de capital necesaria para la operación con más del 96,4 % de apoyo. La clave ahora es si, bajo las nuevas condiciones –no solo las del Gobierno, sino también las de Competencia– sigue atesorando esa confianza.

Cabe recordar que la opa está condicionada a contar con la aceptación del 49,3% de las acciones y el 50,01% de los derechos de voto del Sabadell. Y los institucionales son clave en este proceso pues, en el caso del Sabadell, representaban en torno a un 52% antes de que BBVA lanzase su oferta sobre la entidad, frente al resto de minoristas.

Es cierto que, prácticamente desde el inicio de la operación, la entidad vasca ya venía contemplando un escenario de compra sin fusión. La cúpula directiva siempre ha considerado que, incluso así, sería capaz de mantener buena parte de las sinergias esperadas. Pero eso es lo que precisamente duda el mercado.

De los 850 millones que se calcularon cuando se lanzó la opa, hace ahora ya casi 14 meses, 100 millones corresponden a los menores costes de financiación, 450 millones por tecnología y operativa y otros 300 millones por los ajustes de empleo. Y estos dos últimos puntos son clave, porque el Gobierno también ha vetado los despidos masivos y el cierre de sucursales habituales en este tipo de operaciones de concentración. El banco sí podría despedir, pero de forma puntual y por causas ajenas a la operación.

En términos de sinergias, la gran duda son los ahorros tecnológicos, donde los expertos difieren en sus análisis por la falta de claridad de las medidas del Gobierno. Todo dependerá de si el Ejecutivo permite a BBVA «achatarrar» la plataforma tecnológica del Sabadell, algo que no ha quedado claro. Y, lo que supone mayor riesgo, tampoco se garantiza que, al cabo del plazo de tres o cinco años, se produzca la fusión. Para entonces, BBVA tendría que solicitar la autorización. Eso sí, es posible que en ese momento incluso el propio Gobierno no sea el mismo;una baza que Carlos Torres tiene muy presente en su análisis de la operación.

Desde el banco declinan hacer comentarios, pero los contactos con los grandes inversores para analizar la situación son un trámite normal dentro del proceso. En todo caso, la opción de echarse atrás también sigue sobre la mesa, así como la vía judicial, tal y como han asegurado esta semana diversos directivos de BBVA, incluido Carlos Torres. «En breve, en las próximas fechas, tomaremos nuestra decisión», apuntó también Peio Belausteguigoitia, quien reiteró que la vía judicial sigue abierta ante un proceso que se ha extendido mucho más de lo esperado y que está a punto de cumplir catorce meses. «Siempre hemos manifestado que bajo la actual ley de competencia solo se contempla la posibilidad de mantener o suavizar las condiciones, no endurecerlas», indicó el banquero durante unos cursos financieros organizados por la UIMP y la Apie en Santander. «Estamos valorando todas las alternativas y tenemos una interpretación de la norma determinada», insistió.