BBVA afronta la junta de accionistas más convulsa de su historia por el 'caso Villarejo'

Falta algo menos de un mes para la junta anual de accionistas que la entidad financiera celebrará en Bilbao y el ambiente se ha enrarecido. El próximo viernes 15 de marzo, la fecha elegida para el cónclave anual de los accionistas, el máximo órgano de decisión del BBVA, su presidente Carlos Torres deberá pasar una prueba de fuego. Desde que se filtraron los supuestos trabajos de espionaje realizados por el excomisario José Manuel Villarejo para la entidad, desde 2004 hasta 2018 y el abono de facturas por un importe superior a los seis millones de euros, el deseo de los accionistas de exigir explicaciones a los actuales rectores de la empresa han ido en aumento.

La entidad entregó ayer un informe sobre este asunto al juez Manuel García Castellón, que dirige desde la Audiencia Nacional la investigación sobre las presuntas actuaciones delictivas del excomisario. El magistrado había exigido la pasada semana al banco la entrega inmediata de toda la documentación que obrase en su poder y que estuviese relacionada con los trabajos realizados por Villarejo para el banco. Pero el contenido de lo que BBVA ha puesto ya en manos del juez es de momento una incógnita. Un portavoz oficial de la entidad financiera señaló que el banco no puede informar de ello al estar el proceso sometido al secreto judicial.

Fuentes próximas al proceso han asegurado a EL CORREO que, por el momento, en el trabajo interno de investigación no han aparecido documentos relevantes que prueben elementos sustanciales en torno a esta historia. Sí se ha comprobado que el banco mantuvo una relación mercantil con sociedades mercantiles vinculadas a Villarejo pero, indican las mismas fuentes, no ha aparecido documento alguno que permita probar que el presidente encargase o fuese conocedor de la existencia de prácticas ilegales. El banco ha contratado los servicios de tres firmas -Garrigues, PwC y Uría-, para que realicen esta investigación interna. Entre las supuestas actividades realizadas por Villarejo para el banco figuraban miles de escuchas telefónicas, algunas de ellas incluso a miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Estará terminada la investigación interna antes de la junta de accionistas? El banco no es capaz de dar una respuesta sobre este extremo. Su presidente, Carlos Torres, aseguró en una reciente comparecencia que el banco es el primer interesado en que se aclare pronto lo sucedido, pero también aclaró que el trabajo sería «extenso y llevará mucho tiempo». Torres justificó un plazo indeterminado pero «largo» en la necesidad de revisar «miles de correos electrónicos» y un número indeterminado de ordenadores. Se supone que la investigación abarcará a los altos cargos del banco que entre 2004 y 2018 pudieron tener algún conocimiento de los trabajos encargados a Villarejo.

Mientras tanto, un exvicepresidente del BBVA, José Domingo Ampuero, un exdirectivo, Vicente Benedito y Luis del Rivero, expresidente de la constructora Sacyr, han presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que piden ser parte de la causa que se instruye. Su argumentación, en términos sintéticos, se basa en los hechos publicados por los medios de comunicación y según los cuales ellos tres fueron sometidos a seguimientos y escuchas por parte de Villarejo. Ampuero, Benedito y Del Rivero, no ocultaron en su momento un intento de coordinar sus fuerzas para reunir en torno a un 9% del capital del BBVA y forzar la salida de Francisco González de la presidencia. Del Rivero aspiraba a adquirir un porcentaje ligeramente superior al 3% del banco y Ampuero era el encargado de sumar paquetes accionariales de accionistas históricos del banco, que se habían sentido atacados cuando fueron obligados a dimitir los antiguos consejeros del BBV.

Por el momento, los tres denunciantes piden al magistrado conocer lo sucedido y si efectivamente fueron espiadas sus conversaciones, para a continuación demandar a los presuntos responsables de los hechos.