Los autónomos urgen a Urkullu a concretar las ayudas prometidas hace tres semanas

Los autónomos, un colectivo integrado en Euskadi por 168.818 personas al cierre de abril, agradecen otras medidas adoptadas por el Gobierno vasco, como las líneas de crédito de Elkargi -525 millones ya sobre la mesa que se van a doblar hasta 1.025-, así como los aplazamientos fiscales de las diputaciones junto con otras medidas que están adoptando estos organismos forales y los ayuntamientos. Unos apoyos que se suman a los recibidos a escala nacional, principalmente la prestación por cese de actividad (la cobran 40.800 vascos) y la posibilidad de meter en ERTE por fuerza mayor a los asalariados, ahora prorrogada. Pero también advierten de que en su situación de falta de ingresos y costes crecientes, más ahora con la desescalada, lo que necesitan son ayudas inmediatas y líquidas.

«Son urgentes y tienen que llegar ya. Pese a las restricciones, los negocios están tratando de levantar la persiana y para ello necesitan comprar mercancías y pagar salarios», apunta Silvia Martínez, secretaria general de UPTA-Euskadi. «El presupuesto de 30 millones anunciado nos parece razonable para una comunidad como Euskadi, pero tiene que ser adjudicado con rapidez», coincide José Luis Perea, secretario general de ATA en el País Vasco. «Los protocolos de seguridad nos obligan a hacer frente a unos costes que tenemos que pagar de nuestro bolsillo», recuerda su homóloga en AUPA, Ainara Alonso.

En este contexto, el nuevo plan de ayudas de 30 millones anunciado por el lehendakari fue bien acogido, dado que multiplicaba por diez la partida habilitada en un primer momento por Lanbide. El programa consistía en una subvención directa por un máximo de 3.000 euros para el pago de los alquileres de locales y de las cuotas a la Seguridad Social. Teniendo en cuenta que el presupuesto era de tres millones, daba para unas 1.000 personas y conscientes de que sólo los primeros lo lograrían, los autónomos se lanzaron a las 00.01 de la madrugada a tramitar su solicitud y la web de Lanbide se colapsó. Las asociaciones no saben cómo se va a articular el nuevo plan. Urkullu se limitó a indicar que se articularía «en los próximos días» y que sus recursos procederían de varios departamentos, no sólo de Empleo.

«Hemos realizado varias propuestas a la Consejería de Empleo, pero no hemos recibido ninguna respuesta», señala Santi Reyes, coordinador de Euskaldendak, confederación vasca de asociaciones de comerciantes, hosteleros y empresas de servicios. Su principal reivindicación es que se facilite el acceso de los autónomos a la RGI, dado que ahora deben probar tres meses de caída de actividad. En cambio valoran de forma muy positiva las medidas adoptadas por la Diputación de Bizkaia, que a los aplazamientos fiscales y deducciones ha sumado otras como microcréditos de 7.500 euros.

El secretario general de ATA en Euskadi explica que todas las comunidades autónomas, con la excepción de Aragón, han adoptado medidas para complementar las del Estado. «El abanico es amplio, aunque las que mejor valoramos son aquellas que atienden lo que no se cubre a nivel nacional», señala. Pone como ejemplo que para la prestación por cese de actividad hay que tener el negocio cerrado por decreto o justificar una caída del 75% en los ingresos, un porcentaje que consideran excesivo. «Algunas comunidades cubren a los que muestren un descenso del 40%», dice.

Otra queja de ATA ha sido el hecho de que se haya hecho pagar a los autónomos la cuota de marzo (y en algunos casos la de abril), con lo que sólo ahora la están recuperando. De hecho, gran parte de los 40.800 vascos acogidos al cese de actividad recibirán mañana en su cuenta la mitad de la cuota de marzo. Desde mayo, además, se pueden pedir aplazamientos y moratorias.

Martínez, de UPTA, destaca las ayudas que están habilitando los ayuntamientos aunque «son muy desiguales», dice. Su organización, como todas las asociaciones de autónomos, lleva tiempo exigiendo la flexibilidad de los ERTE, sobre todo en ámbitos como el turismo y el ocio donde se tardará mucho en recuperar la actividad. Por ahora sólo se ha logrado una ampliación hasta el día 30 de junio, aunque se negociarán prórrogas para los sectores más afectados.

«Un elemento importante pendiente de aclarar es si se puede sacar a alguien del ERTE de fuerza mayor y luego volverle a meter si la actividad es insuficiente», señala Pompeyo Herrero, de Asesoría Algorta. También advierte de que la cuestión de los alquileres está lejos de solucionarse. «Existe el mecanismo para fraccionar los pagos cuando el arrendador es gran tenedor, pero el gran problema es que va a ser necesario renegociar los precios. Los pequeños están siendo más comprensivos que los grandes en este sentido».