Admitidas las demandas por las escuchas de Villarejo relacionadas con el BBVA

El expresidente del BBVA, Francisco González./REUTERS
El expresidente del BBVA, Francisco González. / REUTERS

El banco monta una oficina de alta seguridad para el medio centenar de personas que trabajan en la investigación

Manu Alvarez
MANU ALVAREZ

La dimisión de Francisco González, apenas 24 horas antes de que se celebrase en Bilbao el pasado 15 de marzo la junta de accionistas del BBVA, ha actuado como un bálsamo reparador. Al menos para el consejo de administración del banco y en especial para su presidente, Carlos Torres, a quien se exigía que adoptase una medida contundente. Desde diversos frentes se les reclamaba que tomaran distancia con el expresidente, ante la sospecha de que puedan confirmarse los supuestos trabajos de espionaje encargados por el banco al excomisario José Manuel Villarejo. Aparentemente, todo queda ahora a expensas del resultado de la investigación interna que, según se ha podido conocer, desarrolla medio centenar de profesionales externos en una sala de máxima seguridad de la sede central de la entidad financiera.

La Audiencia Nacional ya ha confirmado que ha admitido a trámite las denuncias interpuestas por el exministro Miguel Sebastián, el exvicepresidente de la CNMV Carlos Arenillas y los empresarios Luis del Rivero, José Domingo Ampuero y Vicente Benedito. Todos ellos se hicieron eco de las informaciones periodísticas que se habían publicado, en las que se les identificaba como algunas de las personas que fueron sometidas a seguimientos a finales de 2004.

En distintos roles, todos ellos formaban parte de lo que en el seno del BBVA se llegó a identificar como 'grupo hostil', dentro de una operación liderada por la constructora Sacyr para incrementar su participación accionarial en el banco y protagonizar un asalto a la cúpula. Una operación que con toda seguridad buscaba apartar a Francisco González de la presidencia y que, al parecer, provocó la contratación de Villarejo para conseguir información privilegiada sobre lo que estaba sucediendo. Por esos trabajos, la empresa Cenyt de Villarejo cobró algo más de seis millones de euros desde 2004 a 2018.

La decisión del juez Manuel García Castellón de aceptar las denuncias de estos presuntos afectados por el espionaje supone un salto cualitativo. Con ello, apuntan fuentes cercanas al proceso, se garantiza que van a existir en el procedimiento acusaciones privadas, cuya presión evitará que pueda quedar sumido en un profundo letargo.

Ayer se supo que el banco ha establecido medidas muy estrictas en el procedimiento de investigación que desarrolla la firma PwC, bajo la dirección de Garrigues y con el asesoramiento legal de Uría. Un nutrido equipo externo encargado de analizar todos los documentos y sobre todos los sistemas informáticos del banco, a la búsqueda de cualquier indicio o prueba sobre la relación de Villarejo con la entidad y el fruto de sus trabajos. Según se ha podido conocer, el grupo principal que trabaja en este proceso 'forensic' ha sido ubicado en una sala especial de la sede del banco, bajo rígidas medidas de seguridad.

A esta dependencia sólo pueden acceder las personas acreditadas para estar en su interior y la misma está controlada por cámaras de seguridad. Han trascendido algunos detalles sobre el protocolo de actuación, como que no se permite introducir teléfonos móviles en esta sala.

Barrido de 'emails'

EL CORREO ha podido saber que uno de los trabajos que se han realizado es un barrido de los servidores de correo electrónico del banco, a la búsqueda de 'emails' -tanto enviados como recibidos- que contengan alguna de las que se han definido como «palabras clave». Esto es, correos electrónicos en los que, por ejemplo, se hable de Villarejo, Cenyt, Luis del Rivero o Sacyr, entre otros términos identificados con los supuestos trabajos de espionaje.

Se desconoce todavía el tiempo que durará esta investigación interna. El propio presidente, Carlos Torres, ya anunció que se prolongará durante bastante tiempo, todo el que sea necesario, dada la ingente cantidad de información que hay que procesar.