Casi 2.300 personas cobran en Euskadi una pensión en favor de familiares

La pensión media de estas personas en Euskadi se situaba a final de año en 805 euros al mes. La revalorización de las prestaciones contributivas del 8,5% recogida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 eleva esa cantidad en algo más de 68 euros, hasta rozar los 874 euros mensuales. Como el resto de prestaciones contributivas, la pensión en favor de familiares se abona en 14 pagas (12 ordinarias más dos extraordinarias en junio y noviembre), así que la cuantía anual media asciende a 12.236 euros.

En cualquier caso, el importe de esta prestación depende de varios factores, partiendo eso sí de una cuantía mínima. Ese suelo queda, tras la revalorización del 8,5%, en 239,45 euros por beneficiario (3.352,43 euros anuales). Es decir, casi 19 euros más al mes que en 2022.

Si existen varias personas con derecho a cobrar la prestación, el mínimo anual asignado a cada una se incrementará en el importe que resulte de prorratear 4.953 euros al año entre el número de beneficiarios.

En el supuesto de que la persona fallecida no deje ni viuda ni huérfanos pensionistas, cuando hay un único beneficiario con 65 o más años la prestación mínima se queda en 587,41 euros mensuales. Y si es menor de esa edad, en 545,10 euros.

La cuantía se calcula aplicando un 20% a la base reguladora. Esta es diferente según la situación laboral de la persona que da derecho a la prestación en el momento de su fallecimiento, y de la causa de su muerte.

Si no hay cónyuge superviviente ni hijos con derecho a pensión, la cuantía de la prestación se incrementará con el 52% correspondiente a la viudedad según orden de preferencia, y con el límite del 100% de la base reguladora.

Si hay más de un beneficiario la suma de las cuantías de las prestaciones por muerte y supervivencia no puede superar el 100% de la base reguladora correspondiente. De ahí que se establezca un orden de prioridad entre los potenciales beneficiarios.

Los nietos y hermanos del fallecido ocupan primer lugar de prioridad a la hora de percibir la prestación. Para cobrarla no pueden tener padre ni madre, y deben ser menores de 18 años o mayores con un determinado grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. También tienen derecho a percibirla los menores de 22 años en paro o, si trabajan, cuando sus ingresos anuales son inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Para todos ellos el derecho a esta pensión se extingue al cumplir la edad máxima (excepto en los casos de incapacidad), por cese de la incapacidad que le da derecho a la prestación, cuando son adoptados o contraen matrimonio, salvo que estuvieran afectados de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

Les siguen en orden de prioridad las madres y abuelas de la persona fallecida que sean viudas, casadas -cuando el marido es mayor de 60 años o esté incapacitado para el trabajo-, separadas judicialmente o divorciadas.

A continuación están el padre y abuelos con 60 años cumplidos o incapacitados para todo trabajo. En este caso el derecho a cobrar la pensión se extingue al contraer matrimonio.

Por último, son potenciales perceptores de la prestación los hijos y hermanos (ya sean hombre o mujer) de pensionistas de jubilación o incapacidad permanente (ambas en su modalidad contributiva). Deben ser mayores de 45 años, estar solteros, viudos, separados judicialmente o divorciados. Siempre, eso sí, que acrediten una dedicación «prolongada» al cuidado de la persona fallecida.

No sólo los beneficiarios deben cumplir una serie de requisitos. La persona que da derecho a la prestación -la fallecida- tiene que haber cotizado durante un determinado periodo, que variará según su situación laboral y la causa de su muerte. Si en el momento del deceso estaba de alta -o en situación asimilada al alta-, debe haber cotizado 500 días dentro de un periodo ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores a su fallecimiento, o 15 años a lo largo de toda su vida laboral.

En caso de que no estuviera en alta, se exigirán 15 años cotizados en toda la vida laboral. Y no se pide periodo alguno si la persona fallecida era pensionista. Tampoco cuando la muerte se produce como consecuencia de accidente o enfermedad profesional.