Tres enfermeras pagan 60.000 euros a una compañera por espiar su historial

La afectada, N.S., denunció lo ocurrido ante la comisión de protección de datos de Osakidetza y ante las dificultades para conocer la identidad de las infractoras, porque no se la facilitaron, acudió a la justicia. Tras un largo procedimiento, que comenzó antes de la pandemia, ha sido indemnizada con 60.000 euros.

El pasado mes de marzo se celebró la vista oral en el Juzgado de lo Penal número 5 de Bilbao. Previamente, el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital vizcaína certificó que tres de sus compañeras -cuando se produjeron los hechos eran sus subordinadas- habían accedido con su clave y, por tanto, cometido un «delito continuado contra la intimidad de descubrimiento y revelación de secretos de hasta cuatro artículos y en relación con el artículo 74 del Código Penal», que acarrea una condena de 4 años de prisión. Por ello, el tribunal solicitó una fianza de 60.000 euros.

La condena que solicitaba la Fiscalía era la máxima porque las acusadas, además de acceder de forma indebida a la información, la divulgaron. «Se encargaron de contar qué me pasaba por todo Basauri. Yo solo pensaba en mi familia y mis hijos que, en caso de que falleciese, se iban a enterar por la calle de lo que me había sucedido, sin que me diera tiempo a contárselo. Durante el tiempo que duró la investigación en ningún momento me apoyaron ni me defendieron en mi trabajo, solo querían pasar de puntillas, así que me vi abocada a acudir a la justicia», recuerda para EL CORREO.

Además de luchar por recuperarse, tuvo que lidiar con la «depresión» que le generó tener que volver a su puesto de trabajo. «No mostraron ningún tipo de arrepentimiento, e incluso una de ellas el mismo día que fue la vista oral celebró que la ascendían a un puesto de mayor responsabilidad en la OSI de Galdakao. Lejos de sancionarlas por algo que no debían hacer ha sido todo lo contrario», lamenta. Las otras dos acusadas se jubilaron.

Los hechos se produjeron después de que la afectada fuese operada de urgencia, a vida o muerte. Al no acudir a trabajar, sus compañeras consultaron sin poder hacerlo su historial médico para saber qué le había pasado. Y, por si fuera poco, contaron lo que le sucedía a una persona ajena al ambulatorio.

Aunque la denunciante tenía todas las de ganar, consciente de que el asunto se podía alargar durante años con el consiguiente desgaste para su salud, decidió alcanzar un acuerdo que extinguió la responsabilidad criminal de las acusadas en un juicio en el que las perdonó, aunque no era condición sine qua non para ser indemnizada. «Es un delito muy grave, es terrible, porque la intromisión en la historia clínica es lo más íntimo de la persona y tiene trascendencia en todos los ámbitos de su vida y en su trabajo. En este caso, además, se divulgó, lo que hizo mucho daño», explica el abogado Luis María González.