Palabras mayores

A primera hora de la mañana la Audiencia Provincial de Palma volvía a sorprender al decretar libertad sin fianza para Iñaki Urdangarín y su exsocio Diego Torres. El marido de la infanta Cristina se libra de la cárcel y podráseguir residiendo en Suiza con la única condición de comparecer ante la Policía los primeros días de cada mes. A Torres, en cambio, se le prohíbe salir de España.

La decisión supone un nuevo revés para el fiscal Horrach, que había renunciado a pedir prisión incondicional para los condenados, pero que les reclamaba fianzas de 100.000 y 200.000 euros, la mayor para Urdangarín. Pero, sobre todo, representa otro motivo para la controversia. Y es que no deja de sorprender que con penas como las impuestas por el caso Noos -todavía pendientes de ratificación por el Supremo- los principales implicados vayan a seguir en libertad incondicional, incluso residiendo fuera de España, mientras en procesos aparentemente menos graves, los condenados, de menor pedigrí aunque en algunos casos también famosos, dieran de inmediato con sus huesos en la cárdel.

Mucho más contundente ha sido el fallo que la Audiencia Nacional daba a conocer muy poco después sobre el caso de las tarjetas black de CajaMadrid y Bankia. Los expresidentes de la entidad y pesos pesados del Partido Popular de Aznar, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, han sido condenados a seis años y cuatro años y medio de prisión, respectivamente, por apropiación indebida. Los otros 65 imputados, entre los que hay dirigentes del PSOE, IU, de la patronal y de los sindicatos UGT y CCOO, han recibido penas de dos a cuatro años.

La corrupción política que ha enfangado España durante años con la implicación o, como mínimo, la mirada distraída de los grandes partidos empieza a traducirse en años de cárcel para sus protagonistas. Algunos tan todopoderosos como Rato y Blesa, protegidos hasta ahora por la cúpula popular y hoy retratados como lo que son: puros delincuentes.

Pero la noticia judicial más preocupante de las últimas horas llegaba desde Murcia. La sospechosa sustitución del fiscal que ha impulsado la imputación del presidente de la comunidad, el popular Pedro Antonio Sánchez, por la construcción de un auditorio. Y sus posteriores declaraciones, ayer mismo a la Ser, denunciando intentos de intimidación y presiones políticas en la lucha contra la corrupción.

Actuar así contra quien acaba de proceder contra un político de primera fila denota o una fenomenal torpeza o un miedo enorme a lo que pueda destapar. Lo que en cualquier otro momento podía estar justificado por razones profesionales en las presentes circunstancias huele a cloaca.

Pero aún son más preocupantes las palabras del fiscal Manuel López Bernal. Sus acusaciones no se las puede llevar el viento sin más. Deben ser investigadas hasta el final y clarificadas. La democracia española no puede permitirse seguir perdiendo calidad.