Urkullu dice que su plan sobre presos «no tiene nada que ver» con las conversaciones con el PP

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha referido hoy a la conferencia sobre el fin de la violencia en Euskadi que pronunció ayer en El Escorial -en las que exigió al Ejecutivo central que adopte medidas en materia penitenciaria en el plazo de un año y pidió a ETA el desarme- y ha asegurado que esa propuesta no tiene «nada que ver» con las negociaciones emprendidas por el PP con el resto de partidos para tratar de conformar un nuevo Gobierno. En el marco de estas conversaciones, la formación conservadora se reunirá el miércoles con el PNV, formación que ha condicionado todo posible acuerdo para facilitar la conformación de un nuevo Gobierno a que éste atienda a la llamada 'agenda vasca', en la que se contemplan medidas de carácter económico, de autogobierno y sobre convivencia. En este último apartado, el PNV incluye medidas para facilitar la reinserción de los presos de ETA. El lehendakari, de viaje oficial en París, ha señalado que la principal novedad de sus propuesta sobre paz y convivencia es que ha planteado un plazo de un año para sus reclamaciones ya que el resto de peticiones -acercamiento, fin de dispersión, exigencia de desarme a ETA... -ya las ha planteado en «muchas ocasiones».

La propuesta presentada ayer por Urkullu en los cursos de verano del Escorial, mientras tanto, se ha visto cuestionada por el resto de partidos vascos. En el mismos cursos en los que el presidente vasco presentó su iniciativa las formaciones vascas han debatido hoy sobre el escenario sin violencia y cómo gestionarlo, mostrando también sus discrepancias en esta cuestión.

El PSE, el socio preferente del PNV, ha señalado que la prioridad «no es el desarme sino la desaparición» de la banda. «Es inaceptable que tantos años después del fin de definitivo de la violencia todavía la organización siga existiendo como si nos tuviera que seguir tutelando», ha indicado la secretaria general del PSE, Idoia Mendía. Con respecto a los presos de ETA, la dirigente del PSE ha señalado que es necesario fomentar una política como la que representaba la 'vía Nanclares' -en la que se ha apoyado la reinserción de los terroristas que han evidenciado su distanciamiento con las directrices de la organización- y denunció que esta política haya sido descartada por el Gobierno del PP pese a que contaba con el beneplácito de la Audiencia Nacional. Asimismo, Mendía, que también ha apoyado el acercamiento de los presos de la banda, ha resaltado que la política penitenciaria «es competencia del Estado» aunque ha agregado que debe haber coordinación entre Madrid y Vitoria. La dirigente socialista también ha criticado al Gobierno de Iñigo Urkullu por haber actuado «sin rigor». «Han sobrado discusiones en titulares y se han puesto en riesgo consensos alcanzados. Ha sobrado propaganda y ha faltado discreción», ha indicado.

Cuatro exigencias de Bildu

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, mostró su rechazo a la propuesta de un plazo de un año del lehendakari. «Más allá de poner límites temporales, hay que trabajar en las condiciones para que eso se lleve a la práctica», ha asegurado el representante de la izquierda abertzale. Arzuaga, en sus planteamientos, no adjudicó ningún papel al Gobierno vasco y aseguró que el Ejecutivo central tiene «la responsabilidad principal», al que ha instado a sentar las bases para llegar a acuerdos. El portavoz de Bildu ha vuelto a exponer la cuatro claves defendidas por la izquierda abertzale que pasan por negociar sobre el desarme, la resolución de la situación de los presos y huidos de la banda, el reconocimiento de todas las víctimas y la «desmilitarización» del territorio vasco.

Desde el PP, su representante en el debate, el ministro de Sanidad en Funciones y presidente de la formación en Euskadi, Alfonso Alonso, ha mostrado su extrañeza por que el PNV tenga como prioridad «los presos de ETA», mientras que para el populares los temas principales son el empleo y la estabilidad. Horas antes, el portavoz del PP en el Parlamento vasco, Borja Semper, ha rechazado en una entrevista que el Gobierno central negocie con el PNV un acercamiento de los presos de ETA al País Vasco para allanar el camino a la investidura de Mariano Rajoy, pero sí ve posible hablar de transferir la política penitenciaria, cosa que está prevista en el Estatuto de Autonomía vasco. Semper ha subrayado que España tiene una de las legislaciones más avanzadas en materia de reinserción pero es la propia ETA quien impide a sus presos acogerse a ella para no aceptar la legalidad española.

Así, ha defendido que «la política de dispersión ha dado resultados», de manera que debe imperar el sentido común y «no se debe manosear» lo que funciona, incluyendo el mantener abiertas vías de reinserción como la llamada 'vía Nanclares', con ese u otro nombre. En cambio, ha explicado que la transferencia de la política penitenciaria al País Vasco es algo pendiente desde el Estatuto de Autonomía, así que no debería ser «ningún drama» hablar sobre ello. De hecho, ha recordado que la competencia fue «una patata caliente» para el Gobierno vasco, que no la quiso «cuando ETA mataba y ahora resulta más fácil».

La secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba ha pedido el acercamiento de presos al estimar la dispersión como una pena añadida a sus familias y para favorecer su reinserción, así como las competencias en instituciones penitenciarias. Alba se ha sumado a PP y PSE en la exigencia de disolución y desarme de ETA para lo que cree que deben colaborar los gobiernos de España y Euskadi y ha comentado que «queda mucho por hacer como por ejemplo esclarecer la casi cuarta parte de asesinatos de ETA sin resolver».

Ciudadanos denuncia «el mercadeo»

Por su parte, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha insistido en las ideas expuestas ayer por el lehendakari y ha denunciado que en los cuatro años de Gobierno de Mariano Rajoy «la falta de diálogo ha sido el mayor déficit». En opinión del dirigente jeltzale, «ETA debe declarar explícitamente que se desaparición es definitiva, cosa que no han hecho todavía, y el Gobierno debe facilitar su desarme». Ortuzar, además, ha solicitado el reconocimiento de las víctimas del GAL, de los abusos policiales y del franquismo, y el fin de la dispersión de los reclusos de la banda ya que «no la paga el preso, sino su familia».

Ciudadanos, partido que no ha estado presente en el debate, sí que ha intervenido mediante unas declaraciones a los medios en las que ha cuestionado que la política penitenciaria pueda formar parte de las negociaciones para formar Gobierno entre el PP y el PNV. «La política penitenciaria, que en el fondo es política antiterrorista, no puede venir marcada por peticiones que vengan de un partido nacionalista. No se debe entrar en ese mercadeo», ha remarcado el vicesecretario general de la formación, José Manuel Villegas.