«La valoración de riesgos muestra que la situación de las trabajadoras es grave»
El despido de una compañera y las «precarias condiciones» de trabajo han provocado nuevas protestas en una residencia de Arrigorriaga
Las trabajadoras de la residencia Arandia, gestionada por la empresa Domus Vi, se concentraron ayer de nuevo frente al Ayuntamiento de Arrigorriaga para expresar su solidaridad con una compañera que fue despedida el pasado viernes y para reforzar sus protestas ante la situación de «riesgo laboral» que llevan viviendo los últimos años, según denuncian.
Durante este tiempo, una de las principales demandas de las empleadas era la realización de una valoración de riesgos psicosociales. Tras «muchos retrasos» esta llegó al fin el pasado mes de junio, «y los resultados mostraron que teníamos razón», destaca la delegada de ELA Leire Fernández. De los nueve factores que se tienen en cuenta hasta seis aparecieron marcados como «grave o muy grave». En conreto, el informe alerta de «altas cargas de trabajo, falta de personal y de medios materiales y grandes niveles de estrés». Sin embargo, para que el proceso pueda ser efectivo debe realizarse una segunda fase, consistente en entrevistas individuales con las propias trabajadoras. «Nos dicen que esto no se hará hasta septiembre, pero no podemos esperar ese tiempo porque la situación es urgente», señala Fernández.
El despido de una compañera ha sido la gota que ha colmado el vaso y que ha llevado a las empleadas a las calles. «No podemos dar información sobre lo sucedido para no perjudicar el proceso», explica Ariadna Martín, otra delegada del sindicato, «pero tenemos claro que se trata de un despido improcedente», apunta. Desde Domus Vi señalan que «nuestra prioridad es el bienestar de sus residentes y trabajadores» y destacan que «respetamos el derecho a manifestación de todos los empleados y que puedan expresar sus discrepancias».
Los problemas en este centro vienen de lejos. En 2024, la Diputación les abrió un expediente ante las numerosas quejas expresadas por familiares de los usuarios. A comienzos de 2025 se realizaron manifestaciones para denunciar unas condiciones de trabajo, «que no han mejorado» en estos meses. «Seguimos teniendo material defectuoso, como las grúas, que se estropean cada dos por tres», explica Fernández. Denuncian a su vez que no se les permite utilizar las EPIs (Equipo de protección individual) cuando hay un posible brote infeccioso hasta que no haya sido oficialmente comprobado, «lo que pone en peligro nuestra salud».
Las nóminas son otro punto candente. «Ellos nos dicen que las abonan en el día, pero siempre llegan con retraso», apunta Fernández. También resaltan la escasez de personal en ciertos días y horas. «El sábado pasado no había servicio ni de enfermería ni de coordinación. En una residencia con más de 120 usuarios esto no puede suceder», destaca la delegada.
Sobre el Ayuntamiento, las trabajadoras reconocen que el papel de la alcaldesa, Maite Ibarra, está limitado al ser una empresa privada, aunque señalan también que esperaban «un mayor apoyo» por parte del Consistorio. «Ha habido muy buenas palabras, pero faltan hechos», apuntan.
