Kontseilua ve «muy grave» el «error» del Gobierno al no recurrir a tiempo la sentencia del euskera

Fuentes del Ejecutivo autonómico subrayan que «sí se presentó» el recurso de casación en el proceso judicial abierto a instancias del PP vasco, que consideraba que el decreto impugnado «vulneraba derechos lingüísticos fundamentales». El problema es que hubo una confusión con los plazos, tal y como ha adelantado EL CORREO. Los servicios jurídicos del Gobierno defienden que los 30 días para interponer el recurso comenzaban el 3 de febrero de este año, cuando recibieron una notificación de la sala de enjuiciamiento del alto tribunal. Sin embargo, el PP argumentó que el plazo comenzó una semana antes, cuando se envió una primera notificación a las partes. Y esta es la postura que ha adoptado el Supremo para decretar «desierto» el recurso, lo que pone punto y final al proceso.

El Gobierno vasco cree, en todo caso, que esto no es determinante para el futuro de la «regulación lingüística» porque sigue vivo el procedimiento abierto por la impugnación de Vox sobre el mismo decreto. El Ejecutivo espera que haya una sentencia en este sentido «que devuelva la estabilidad y mantenga en vigor» el decreto.

El fallo emitido por el magistrado Luis Ángel Garrido anulaba dos artículos clave del decreto que regula el uso de los idiomas oficiales en las instituciones locales. Uno señalaba que los documentos internos se redactarán en euskera salvo que un trabajador «pudiera alegar válidamente el desconocimiento» del euskera. Otro permitía a los ayuntamientos comunicarse con la ciudadanía exclusivamente en lengua vasca. El juez afirma que deben hacerlo de forma bilingüe. En síntesis, el fallo apunta que «no puede haber predominio o superioridad» de una lengua oficial «sobre la otra».

El desenlace de este proceso judicial ha provocado la indignación de diversos sectores. Kontseilua cree que la sentencia es «contraria a la normalización del euskera», ya que «deja desprotegidos a numerosos ayuntamientos de zonas donde el euskera es predominante». Por ello ha pedido al Parlamento y al Gobierno vasco que realicen «los cambios legislativos necesarios para que los ayuntamientos puedan trabajar en euskera». También ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y a los partidos políticos «a dar una respuesta unitaria».

EH Bildu, por su parte, ha calificado de «grave, irresponsable y negligente» el retraso en la presentación del recurso y lamenta que «deja indefensos a los ayuntamientos vascos» porque «el euskera no será lengua de trabajo y servicio». LAB también cree que el Gobierno ha actuado de forma «irresponsable» y afirma que el goteo de sentencias judiciales contra las normativas que buscan priorizar el euskera frente al castellano «ponen patas arriba décadas de trabajo y esfuerzos para poder normalizar el uso del euskera en las administraciones municipales».

El Tribunal Supremo, en cualquier caso, tiene previsto entrar a analizar el fondo del asunto. Vox interpuso un recurso muy similar al del PP contra el decreto que desarrolla la Ley de Instituciones Locales y que el Constitucional consideró que «menoscaba los derechos lingüísticos». El TSJPV dio la razón a Vox y anuló una decena de apartados, algunos de gran relevancia, como el que considera el euskera «lengua de servicio y de trabajo de uso normal y general» en las instituciones locales (art. 12), o el que establece que los funcionarios deben dirigirse en un primer término en euskera a los ciudadanos (art. 27.1.a).

La polémica llega el mismo día en que este periódico ha desvelado que el Ayuntamiento de Bilbao ha decidido paralizar 35 OPE para revisar los requisitos lingüísticos exigidos. Según la normativa vasca, cada institución pública debe sacar a concurso plazas con requisito de euskera en función de la realidad sociolingüística de su zona. Es algo que se conoce como índice de obligado cumplimiento y que se calcula a partir de los datos de población vascoparlante y cuasieuskaldun recogidos por Eustat. En Bilbao, por ejemplo, el índice es del 40%.

La realidad es que el Consistorio ha exigido conocer la lengua vasca en el 70% de las plazas públicas durante los últimos años. Por ejemplo, en el caso de los conserjes se exigía perfil lingüístico en el 100% de las plazas (salieron a concurso 17). En el caso de oficial de oficio, se estableció requisito en el 85% de los puestos (en 11 de 13).

Ante el temor de que los tribunales anulen las convocatorias, como ha sucedido en otras ocasiones, el Ayuntamiento ha decidido revisar las bases de las OPE para evitar «problemas jurídicos de gran relevancia y afectación con efectos desfavorables, no sólo para el Ayuntamiento sino también para un número muy elevado de personas». Es una decisión de mayor calado aún que la adoptada por la Diputación, que ha paralizado una convocatoria de empleo después de recibir dos varapalos judiciales por los elevados requisitos lingüísticos. El Gobierno foral va a esperar hasta que el Tribunal Supremo siente jurisprudencia sobre el asunto. Las principales plataformas de impulso al euskera ven en las sentencias judiciales una «ofensiva» contra la lengua vasca.