Homenaje a los fallecidos en Zaldibar: «Seguramente nunca lleguemos a saber la verdad de lo que ocurrió en el vertedero»

Cinco años después de aquellos hechos un juzgado de Durango mantiene abierta la investigación para tratar de esclarecer las causas de aquel derrumbe. Naia Sololuze, hija de Alberto, cree que «seguramente nunca lleguemos a saber la verdad de lo que aquí pasó». Sospecha que hay personas «con información de estos hechos que quieren tapar lo sucedido».

Este domingo Naia ha revivido todo de nuevo. «Estas fechas te hacen recordar. Al principio todo fue un caos. Hoy, varios años después, lo vivo con más tranquilidad. Los niños también ayudan a tirar hacia adelante», relata. Su hijo pequeño tiene apenas 6 meses. Al mayor, de 6 años, le ha dado un abrazo enorme tras depositar un ramo de flores junto a uno de los monolitos que recuerdan en Eitzaga a su padre y a Joaquín.

En estos cinco años se ha resuelto uno de los dos procesos judiciales abiertos, el que hacía referencia a los dos fallecimientos. Lo hizo tras alcanzar los responsables del vertedero un acuerdo con la Fiscalía y las familias que les permitió eludir la cárcel. El dueño de la instalación, José Ignacio Barinaga; la gerente, Arrate Bilbao; y el ingeniero jefe, Juan Etxeberria, aceptaron una pena de 6 meses de prisión por dos delitos de homicidio imprudente y otro contra los derechos de los trabajadores. A los familiares les indemnizaron con 2,75 millones de euros.

Queda abierta la causa que aborda los motivos del derrumbe y los posibles delitos medioambientales que se derivan de estos hechos, una investigación en la que han sido citadas a declarar 13 personas por su supuesta relación con lo sucedido. Entre ellas el dueño del vertedero y tres técnicos del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco. Dos de ellos son especialistas del servicio de inspección que intervinieron en la la concesión de la licencia a Verter Recycling y el tercero del área de residuos no peligrosos.

Gaizka Zabarte, integrante de la plataforma Zaldibar Argitu, ha calificado de «desesperante que la instrucción medioambiental siga abierta cinco años después sin que nadie se siente en el banquillo y sin que ninguna autoridad del Gobierno vasco, que era quien tenía la obligación de controlar la actividad del vertedero, haya asumido responsabilidad alguna». «Es más, están desapareciendo de la escena pública», ha ahondado. Zabarte ha recalcado que «desde el primer día» que tuvieron lugar estos hechos «hemos exigido las responsabilidades pertinentes» por un «desastre ambiental que afectó también de forma grave a las vidas de las personas de las localidades de los alrededores, como Zaldibar, Ermua y Eibar».

La ola de residuos que se generó tras colapsar la escombrera cortó aquel 6 de febrero de 2020 tanto la AP-8 como la N-634. Durante las tareas de retirada de los desperdicios apareció amianto y otros materiales peligrosos. Una semana después los incendios que se generaron en el vertedero empezaron a emitir unos niveles de dioxinas y furanos, que superaba «50 veces» los valores habituales. Salud pedía entonces a la población de las localidades cercanas no salir a hacer deporte al aire libre y ventilar lo justo las viviendas o no hacerlo.

Zabarte ha exigido al Gobierno vasco mayor transparencia y que haga públicos los actuales análisis de lixiviados. El pasado agosto el Ejecutivo concluyó las obras de sellado provisional de la ladera del vertedero con láminas de polietileno.